EFE informa que el presidente Barack Obama anunció una profunda reforma al sistema de inmigración de Estados Unidos, disminuyendo la amenaza de deportación a al menos 4.7 millones de inmigrantes indocumentados, entre ellos miles de poblanos.

"Nuestro sistema migratorio está roto, por eso tomo acciones legales como presidente para formar un sistema migratorio más justo y democrático", dijo el mandatario americano.

"No se trata de una amnistía, la amnistía real, dijo, es dejar este sistema roto de la forma en que está. Una amnistía masiva sería injusta. Una deportación masiva sería imposible y fuera de la realidad."

Con 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, el plan de Obama permitiría que unos 4.4 millones de personas que son padres de ciudadanos estadunidenses y residentes permanentes legales permanezcan en el país de manera temporal, sin la amenaza de deportación.

"Nosotros fuimos extraños en este país alguna vez también, pero todos somos estadunidenses porque compartimos la idea de superación", añadió el presidente.

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De los cerca de cinco millones de inmigrantes indocumentados —la mayoría de origen latinoamericano— que podrán beneficiarse del plan de Obama, cuatro millones son padres de ciudadanos o residentes en Estados Unidos, según adelantaron fuentes de la Administración de Obama. Estas personas no son un caso insólito en este país, donde cualquier nacido en suelo de EE UU se convierte automáticamente en ciudadana estadounidense aunque sus padres estén en situación irregular.

Las medidas también amplían las condiciones bajo las cuales los inmigrantes indocumentados que llegaron a EE UU antes de los 16 años y viven perfectamente integrados pueden regularizar su estatus. Una medida similar de 2012 ya permitió la regularización de cerca de 600.000 jóvenes, que se conocen como dreamers o soñadores.

La medida es parcial: los beneficiarios no obtendrán un permiso de residencia definitivo, que les abriría la puerta a la ciudadanía. Al tratarse de medidas ejecutivas, el sucesor de Obama podrá revocarlas en cuanto llegue al poder.

Esta es una de las diferencias con una reforma migratoria integral, una ley del Congreso que habría transformado de manera permanente el sistema de inmigración del país. La Casa Blanca justifica las llamadas acciones ejecutivas como una respuesta a la inacción del Congreso, donde el Partido Republicano bloquea la norma. Lo que anuncie Obama es un paliativo a esta ley: más limitado y frágil, por su carácter revocable.

La ley que debatía el Congreso abría la puerta de la residencia permanente y a la ciudadanía para buena parte de los más de 11 millones de indocumentados que viven en EE UU. Con estas medidas, quedarán fuera más de seis millones, que seguirán en la penumbra legal.

La regularización de Obama deja fuera, entre otros, a los indocumentados cuyos hijos son dreamers, una reclamación de los activistas en favor de la reforma. Pero a partir de ahora su deportación no será una prioridad para las autoridades.

La prioridad, según explicaron las fuentes de la Administración de Obama, será deportar a los responsables de crímenes graves y las personas que han llegado en los últimos meses. Uno de los peligros de la iniciativa del presidente es que provoque un efecto llamada.

La llegada de decenas de miles de niños centroamericanos en el primer semestre de este año obedeció en parte a la convicción de que cuando llegaran podrían acogerse a una regularización.

Otro aspecto central del plan de Obama es facilitar a los estudiantes extranjeros de carreras tecnológicas y científicas en universidades de EE UU que se queden en este país una vez terminados los estudios. Las grandes empresas de Silicon Valley se quejan de esta fuga de cerebros a la inversa, que ayuda a competidores en el sector tecnológico de otros países.

El proceso para la regularización provisional se abrirá en los próximos meses. La última gran regularización fue resultado de una ley firmada por el republicano Ronald Reagan en 1986. Otro republicano, George W. Bush, intentó que el Congreso adoptara una ley migratoria ambiciosa, pero topó con la oposición de legisladores de su propio partido. El debate ahora se centra menos en el contenido de la reforma que en el método. Pocos discuten en Washington que las actuales leyes no funcionan.

El Partido Republicano, reforzado por la victoria en las elecciones legislativas del 4 de noviembre, acusa a Obama de provocar una crisis constitucional al adoptar unilateralmente una reforma de tal calado.

“Las acciones que estoy tomando no sólo son legales, son medidas como las adoptadas por los presidentes republicanos y los presidentes demócratas durante el último medio siglo”, replica Obama.