Apro reporta que organizaciones civiles advirtieron sobre las omisiones en que incurre el gobierno estatal en la prevención e investigación de los feminicidios.

Sobre todo, después de que en las últimas dos semanas siete mujeres fueron asesinadas.

El pasado 18 de mayo fueron asesinadas Diva Gayosso Reyes, directora de albergues de Ciudad Valles, a manos de un menor que vivía en una de las casas que dirigía, y Fabiola, de 24 años de edad, quien presuntamente murió estrangulada por su esposo.

Días después, dos mujeres fueron encontradas desnudas y asesinadas en un camino en el municipio de Tamuín, en los límites con Veracruz.

El sábado 30 de mayo, en una cancha de futbol de Matehuala, fueron encontradas las cabezas de dos mujeres en el interior de una bolsa femenina. Ambas eran originarias de ese municipio; Claudia Yadira tenía 25 años y Judith 17 años.

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) informó que dos cuerpos decapitados hallados en Nuevo León podrían corresponder a las dos víctimas y ya se les trasladó a San Luis para corroborar la identidad.

Las defensoras reportaron también el feminicidio de Cecilia, una niña de 10 años que fue secuestrada con fines de trata y que falleció en un hospital tras haber sido violada multitudinariamente.

A estos casos se suman los de Norma Patricia Martínez y Herlinda Reyes Catarina, dos víctimas de negligencia médica. Martínez no fue atendida debidamente en el hospital de Xilitla y murió en Ciudad Valles, y Herlinda Reyes Catarina perdió la vida el 29 de mayo cuando era trasladada a un hospital en Ciudad Valles, tras una cesárea mal practicada en el sanatorio de Axtla.

Activistas en favor de los derechos de las mujeres señalaron a Apro que datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos indican que se han iniciado 13 averiguaciones previas por homicidios de mujeres, pero ninguno se ha tipificado como feminicidio.

A pesar de que el tipo penal de feminicidio fue incorporado al Código Penal del estado en julio del 2011, en lo que va del sexenio no hay datos oficiales sobre sentencias condenatorias por este delito, lo que consideran como una omisión de las autoridades de procuración e impartición de justicia que propicia la impunidad.

De acuerdo con un seguimiento periodístico por parte de las activistas, el año pasado se cometieron 60 feminicidios en el estado, ninguno de los cuales ha derivado en una sentencia condenatoria para los responsables.