La Jornada y Wikileaks distribuyeron un estudio de la CIA donde se recomienda a gobiernos del mundo que enfrentan conflictos armados con grupos insurgentes lo que considera “las mejores prácticas” para realizar operaciones contra objetivos de alto nivel (HVT por sus siglas en inglés, High Value Targeting) como una herramienta contrainsurgente efectiva. Estas “operaciones” incluyen el asesinato político como un recurso válido, además de capturas, “remoción” de liderazgos, “neutralización” y marginación de dirigentes guerrilleros.
El estudio, clasificado como ultrasecreto, --secret/nonforn-- fue filtrado por la agencia de periodismo de investigación que dirige Julian Assange.
Esta nueva filtración ocurre apenas 10 días después de que el Comité de Inteligencia del Senado estadunidense decidiera hacer público un informe secreto sobre cómo el Pentágono y la CIA utilizaron la tortura en sus formas más brutales durante los años del ex presidente George Bush y cómo estos interrogatorios atroces resultaron “innecesarios e ineficaces “.
El nuevo golpe mediático de Wikileaks hace público un documento con una serie de recomendaciones a modo de manual para ataques contrainsurgentes, elaborado por la Dirección de Inteligencia de la CIA. Tiene fecha del 7 de julio de 2009 y está dirigido a los operadores políticos y oficiales militares de la Agencia involucrados en toma de decisiones para autorizar la planeación y ejecución de operaciones HVT.
Se titula “Las mejores prácticas en contrainsurgencia. Cómo hacer de las operaciones de ataque a objetivos de alto nivel una herramienta efectiva”. Cita como una de las operaciones más exitosas de los casos bajo estudio el asesinato del líder y diplomático de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Raúl Reyes en marzo de 2008, resultado de un ataque de la Fuerza Aérea colombiana a territorio ecuatoriano a un campamento guerrillero en la zona selvática de la Angostura. Ahí resultaron muertos 22 milicianos más y cuatro estudiantes mexicanos.
También cita otro caso de éxito en América Latina, la captura del peruano Abimael Guzmán, máximo líder de Sendero Luminoso, y de buena parte de sus dirigentes en una serie de golpes decisivos propinados en un corto periodo de tiempo, septiembre de 1992. Desde ese momento el grupo fue incapaz de reorganizarse.
Incluye estudios de casos de Afganistán de 2001 a la fecha de la conclusión del manual (2009); Argelia 1954-1962; Colombia de 2002 a 2009; Iraq de 2004 a 2009; Israel en dos periodos, de 1972 a mediados de los noventa y de mediados de los noventa a 2009; Perú 1980 a 1999, Irlanda del Norte 1969 a 1998 y Sri Lanka 1983 a mayo de 2009. Incluye algunos ejemplos adicionales de Chechenia, Libia, Paquistán y Tailandia.
Especifica sus fuentes: “La mayor parte de nuestra información está basada en reportes clandestinos de agregados militares, discusiones internas con solicitantes de permiso para la realización de este tipo de acciones y la revisión de casos actuales o históricos”.
El documento es definido como un intento de “consolidar las lecciones aprendidas, proporcionar un marco para evaluar la utilidad estratégica de las operaciones de ataque a objetivos de alto valor y ayudar a los políticos y oficiales militares responsables de autorizar este tipo de ataques”.
El concepto High-Value Targeting es definido como una acción enfocada a atacar individuos o redes específicos “cuya remoción o marginalización debe lograr una degradación de la eficacia” de determinado grupo insurgente.
La utilidad del asesinato político, según la CIA
La CIA aprueba que gobiernos civiles o militares que enfrentan conflictos armados con grupos insurgentes recurran frecuentemente a operaciones de ataque a objetivos de alto valor, descritas como acciones para “remover” o neutralizar a sus cabezas para degradar la eficacia del grupo.
El criterio de la Agencia para la definición de quien es un HVT (un objetivo atacable) es flexible: varía de acuerdo a “factores” que enumera: fuerza del grupo, estructura, dinámicas de liderazgo y alcance del resultado deseado por el gobierno.
Se advierte que entre los “efectos contraproducentes” de una acción de este tipo está el de romper ciertas “reglas del juego” establecidas entre los rebeldes y el gobierno, lo que lleva a una escalada del conflicto que no siempre está en el interés del gobierno.
