La Jornada reporta que la infanta Cristina, hermana del Rey Felipe VI de España, se sentará en el banquillo de los acusados por dos delitos de fraude fiscal, por los que podría ser condenada a una pena de hasta cuatro años de cárcel, con lo cabe la posibilidad de que entre en prisión. El juez instructor del caso, José Castro, ratificó la imputación en contra del criterio del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que había solicitado la anulación de la causa contra la integrante de la familia real, al considerar que su papel en la trama de corrupción liderada por su marido, Iñaki Urdangarin, era de “beneficiaria a título lucrativo”, lo que no supone ninguna responsabilidad penal.
A pesar del criterio del fiscal y de que la propia defensa de la infanta Cristina esperaban el sobreseimiento de la causa contra ella, el juez Castro mantuvo su criterio original y venció las fuertes presiones que ha recibido a lo largo del proceso para anular o suavizar al máxima la instrucción penal contra la infanta, la primera y única integrante de una Casa Real europea procesada, imputada y posiblemente condenada por delitos de este tipo.
El juez Castro cuenta con el respaldo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, integrada por tres magistrados y que ratificaron el criterio del juez de imputar a la hermana del monarca español por los dos delitos de fraude fiscal. El juez Castro sostiene en su auto de imputación que la infanta Cristina fue una “cooperadora necesaria” para la comisión de dos delitos fiscales perpetrados bajo la dirección de su marido y desde la empresa que poseían a partes iguales.
