Apro informa que en medio del escándalo por las presuntas torturas y ejecuciones atribuidas a la Policía Federal (PF) en Ecuandureo, Michoacán, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia por los 25 años de creación de la CNDH, al lado del ombudsman Luis Raúl González Pérez.

Peña Nieto eludió en su discurso los agravios en materia de derechos humanos ocurridos en sus primeros tres años de gobierno, así como del ambiente de crispación social que se vive en vísperas de la jornada electoral del domingo 7.

En contraposición, el ombudsman nacional expresó su preocupación por la violencia en el país en medio del proceso electoral, y alertó sobre “riesgo” que corren la gobernabilidad y el sistema democrático si no se mantienen vigentes los derechos humanos, por lo que hizo un llamado a “construir la paz”.

En el alcázar del castillo de Chapultepec, Peña Nieto se comprometió a “trabajar de manera corresponsable para garantizar (…) el pleno ejercicio de los derechos humanos”, para lo cual sugirió “atender lo inmediato, lo coyuntural”, así como “estrategias a largo plazo para superar los desafíos estructurales e incluso los de índole cultural”.

Peña Nieto fue antecedido en su discurso por González Pérez, quien describió un país en el que prevalecen abusos como “la tortura, la desaparición forzada y los problemas relativos a las personas en condición de migrantes, agravados por la presencia de las organizaciones criminales”.

El titular de la CNDH alertó que si no se logra “la plena vigencia” de los derechos humanos, “se pone en riesgo la gobernabilidad y el sistema democrático”.

Ese panorama persistente, pese a la existencia de la CNDH, advirtió, “impone la necesidad de revisar si los derechos humanos efectivamente se han puesto como eje de toda decisión de gobierno y si los servidores públicos realmente están capacitados y han asumido el respeto a la dignidad humana como parámetro de actuación”.

Luego de reconocer que ante los expedientes de casos como Aguas Blancas, Acteal, San Fernando, Chalchihuapan o Tlatlaya el alcance del organismo ha sido “visibilizarlos, evitar que se olviden y procurar que no queden impunes”, González Pérez apuntó que en casos como Iguala, Apatzingán y recientemente Ecuandureo, “la demanda y necesidad de que se conozca la verdad imponen la realización de investigaciones exhaustivas, imparciales, diligentes y objetivas”.

También reconoció que “la violencia registrada en algunas zonas del país ha puesto en riesgo la vigencia de los derechos humanos y generado una alerta para quienes vemos por protección y defensa”, y junto con la “descomposición social, ponen a prueba a las instituciones, incluida la CNDH, y evidencian las carencias, las profundas desigualdades, la falta de oportunidades y de respuesta por parte de las autoridades desde hace muchos años, así como la debilidad del estado de derecho en esas regiones”.