Un  13 de enero de 1916 en el Teatro Peón Contreras de la ciudad de Mérida, Yucatán inició el Primer Congreso Feminista, referente innegable de un proceso de construcción que una vez iniciado; continúa hasta alcanzar la garantía jurídica de protección de todos los derechos humanos para todas las mujeres mexicanas, de hecho y de derecho.

Salvador Alvarado, entonces Gobernador, convocó en octubre de 1915 a “todas las señoras y señoritas que posean conocimiento de cuando menos educación primaria” para “tratar asuntos de trascendencia revolucionaria” –señaló el periódico La Voz de la Revolución de esa fecha- por supuesto las mujeres que cumplían este requisito mayoritariamente eran las Profesoras. Se reporta una asistencia de poco más de 600 delegadas.

En la mirada del 1916, seguramente esta Convocatoria implicó entender, conocer y reconocer los grandes desafíos que habría que enfrentar. Entender la posición que hasta entonces se les había otorgado a las mujeres; seguramente conocer sus demandas y sus necesidades y, las enormes oportunidades que se presentarían en el futuro para ese grupo de la población que empezaba a construir su ciudadanía. Lo afirmo, por la redacción de los cinco Considerandos que incluyó el Gobernador en su Convocatoria:

“Considerando que la mujer yucateca ha vivido hasta ahora entregada al hogar y sus  obligaciones se han concretado o las que se originan de una vida quieta, empírica, sin dinamismo…

Considerando que es un error social educar a la mujer para uno sociedad que ya no existe….

Considerando que para que puedan formarse generaciones libres y fuertes es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca, una educación que le permita vivir con independencia buscando en las artes subsistencia honesta.

Considerando que la Revolución Constitucionalista ha manumitido a la mujer, concediéndole derechos que antes no tenía como los que se derivan del divorcio absoluto, y que resultarían ilusorias esas justas concesiones de no prepararlo conscientemente para la conquista del país y para la conservación y defensa de estos derechos atentándola a la conquisto de nuevas aspiraciones.”

La profesora Consuelo Zavala fue la encargada de la preparación de este Congreso y Adolfina Valencia y Consuelo Ruz Morales fueron Presidenta y Secretaria respectivamente de las reuniones. La Junta Organizadora quedó conformada por Consuelo Zavala, Dominga Canto, Adolfina Valencia de Ávila, María Luisa Flota, Beatriz Peniche, Amalia Gómez, Piedad Carrillo Gil, Isolina Pérez Castillo, Elena Osorio, Fidelia González, Candelaria Villanueva, Lucrecia y Adriana Vadillo, Rosina Magaña y Consuelo Andrade.

Durante los cuatro días que duró el Congreso los temas a discutir se concentraron en cuatro puntos:

¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones?

¿Cuál es el papel que le corresponde a la escuela primaria en la reivindicación femenina ya que aquella tiene por finalidad preparar para la vida?

¿Cuáles son las artes y ocupaciones que debe fomentar y sostener el estado y cuya tendencia sea preparar a la mujer para vida intenso del progreso?

¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar lo mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido sino también dirigente de la sociedad?

Cuenta la crónica de la Memoria Política de México que las discusiones fueron álgidas, las participaciones dividieron a las participantes en moderadas y radicales. Las radicales insistían en que “debía combatirse la influencia de la iglesia con escuelas racionalistas y laicas; exigiendo también su derecho a participar en la vida política del país, y proponiendo reformar el Código Civil de 1884 para eliminar la discriminación de las mujeres.” Todas de acuerdo, en la necesidad del “derecho a la educación subsidiada por el Estado que les permitiera su potencial como personas y sostenerse a sí mismas.”

Cuando se leyó el texto “La mujer en el porvenir” de Hermila Galindo -Secretaria de Venustiano Carranza- causó escándalo, incluso periódicos de aquella época la acusaron de “inmoral y propagadora del amor libre” ella sostenía que la educación de la mujer no debería limitarse a lo “bello” y a lo “espiritual” sino que debería alentar a las mujeres a darle libre expresión a su sexualidad y a desarrollar su razón y hacía un llamado para la promulgación de nuevas leyes que protegieran a la mujer dentro y fuera del matrimonio y que aseguraran los derechos de los hijos ilegítimos, mientras criticaba el doble estándar de moralidad. Afirmaba, que las mujeres “tenían instintos sexuales tan fuertes como los hombres y que necesitaban de clases de fisiología, de anatomía y de higiene para controlar sus cuerpos” (Lemaitre León Monique J. “Elvia Carrillo Puerto: La Monja Roja del Mayab”, Northern Illinois University)

Los acuerdos de los primeros tres de los cuatro puntos de discusión mencionados, fueron: “Dar a conocer en los centros de cultura la potencia y la variedad de sus facultades y su aplicación a las ocupaciones desempeñadas por el hombre, gestionar la modificación de la legislación civil para otorgarle mayores libertades, fomentar espectáculos que estimulen los ideales de libre pensamiento, darle una profesión u oficio que les permita ganarse el sustento e inducirla a no tener otro confesor que su conciencia.

“Proponer la supresión de las escuelas verbalistas y sustituirlas por institutos de educación racional, en que se despliegue la acción libre y puedan orientarse las generaciones hacia una sociedad en que predomine la armonía y la conciencia de los derechos y deberes.”

“Solicitar la creación de una academia de dibujo, pintura, escultura y decorado; establecimiento de clases de música y de fotografía, peletería, trabajos de henequén, imprenta, encuadernación, litografía, fotografiado, grabado e acero y en cobre, florería y cerámica en las escuelas vocacionales y la multiplicación de las escuelas granjas mixtas.”

Si bien las conclusiones de este Congreso se enfocan a temas de educación, resalta la discusión del derecho de las mujeres al voto en elecciones municipales en este Primer Congreso Feminista.

Cuando se discutió el sufragio femenino a nivel municipal se argumentó sobre la poca preparación de las mujeres y la falta de un movimiento colectivo en demanda del voto, Francisca Ascanio –participante- respondió: “No es necesaria la experiencia previa para entrar a las luchas sufragistas, porque nunca la experiencia es previa y porque la práctica se adquiere en la lucha”

La crónica señala que en el informe final elaborado por las redactoras apuntaron: “Dejadnos probar: ¿Habéis nacido vosotros enseñados? ¿Cómo hemos de realizar obra alguna si se nos cierran sistemáticamente las puertas del conocimiento?” “Hasta que el niño habla no se sabe si puede hablar” Y concluyen “Cuando estén todos los campos abiertos, las aptitudes individuales decidirán la orientación”.

Por ello advirtieron: “debe abrirse las puertas de todos los campos de acción, la mujer del porvenir podrá desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el de hombre, es tan capaz como éste para ser elemento dirigente de la sociedad.”

Meses más tarde fue aprobado el sufragio femenino a nivel municipal en el Segundo Congreso Feminista (23 noviembre al 2 de diciembre de 1916) que se llevó a cabo también en Mérida, Yucatán.

Los avances continuaron, hoy es constitucional el Principio de Paridad. Por ello innegable la del Centenario del Primer Congreso Feminista, que nos permite profundizar en los procesos, y construir juntos/as esa gran historia de las mujeres, en una época en la que eran consideradas como intelectualmente incapaces para acercarse a los temas políticos.

En 1916 las mujeres, conservadoras y liberales, respondieron al llamado para celebrar el Primer Congreso Feminista, se expresaron públicamente en diálogo con el Estado. Exigieron sus derechos; y con ello sentaron precedente para las acciones que desde entonces, en México, se han venido construyendo, para que todas las mujeres mexicanas obtengan la garantía y protección de todos sus derechos humanos.

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