Abatir la desigualdad económica y social en México, país en el que 30 por ciento de la población enfrenta carencias sociales y 53.4 millones de personas viven en la pobreza, pidió la CNDH en un llamado en el que destacó el porcentaje de cinco estados que violan el derecho al bienestar, entre ellos Puebla. 

Este 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a los servidores públicos combatir la pobreza y reducción de las desigualdades  en acciones  sujetas a la participación y escrutinio de la sociedad civil.

La CNDH asentó que de acuerdo con las últimas estimaciones de la pobreza en México, publicadas por la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 53.4 millones de personas en México se encuentran en situación de pobreza, en tanto que 9.4 millones se ubican dentro un escenario de pobreza extrema.

Ubicó que más de la mitad de los habitantes en México enfrentan carencias sociales, como el rezago educativo, acceso a los servicios de salud, la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda (casi 68.4 millones) al igual que sus servicios básicos, como también a la alimentación.

“El CONEVAL da cuenta del contraste en la distribución de la riqueza que se observa en nuestro país, dado que entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla ostentan los niveles más altos de pobreza con 77.1%, 70.4%, 64.4%, 62.2% y 59.4%, respectivamente, mientras que Nuevo León, Baja California Sur y Baja California, cada una con 14.2%, 22.1% y 22.2%, reportan los índices más bajos”.

La CNDH emitió  un llamado a realizar políticas públicas y procesos de planeación que reflejen una perspectiva de derechos humanos e invitó a consultar  los estudios en materia de salario mínimo, corrupción, ciudades sostenibles y presupuestos públicos, presentados por el Organismo Nacional y  analizar las iniciativas a través de las cuales se caracteriza a la pobreza, desigualdad y carencias sociales como restricciones para el goce y ejercicio de los derechos y libertades.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 62/10 del 26 de noviembre de 2007, estableció el Día Mundial de la Justicia Social como una iniciativa encaminada a garantizar resultados equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.