Jueves, 13 Diciembre 2018 08:22

CDH Puebla emite recomendación por mujer asesinada durante visita a penal

Por  Staff Puebla On Line

La Comisión de Derechos Humanos de Puebla emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública por no dar seguridad a los visitantes a los Ceresos, luego de que en mayo de 2017 una mujer fue asesinada por un reo, su pareja, mientras acudió a visitarlo.

Aquí el documento:

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 10/2018.

QUEJOSO: DE OFICIO A FAVOR DE

QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE

DE V1

EXPEDIENTE: 2793/2017

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

PRESENTE.

Distinguido señor secretario:

1. Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y

VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de esta Comisión de Derechos Humanos

del Estado de Puebla, se ha realizado una valoración de los elementos

contenidos en el expediente 2793/2017, relativo a la queja que se inició de oficio

a favor de quien en vida llevó el nombre de V1.

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los

hechos que se analizan en la presente Recomendación y evitar que sus nombres

y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad en atención a lo

dispuesto por los artículos 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción XXXV y 87, fracción I, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; así

2

como, el acuerdo del Comité de Información de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Puebla, tomado en sesión número 01/2011, del 20 de

septiembre de 2011; en consecuencia, se pondrá de su conocimiento a través de

un listado, en el que se describen el significado de las abreviaturas utilizadas, con

el compromiso de dictar las medidas de protección de los datos correspondientes;

y vistos los siguientes:

I. HECHOS:

Nota del Portal.

3. El 27 de mayo de 2017, a través de la nota del portal “Página Negra”, titulada

“Feminicidio 43; Una mujer es apuñalada y degollada por su pareja en el penal

de San Miguel”, se dio a conocer que, en las instalaciones del Centro de

Reinserción Social de Puebla, la persona privada de su libertad TA1, privó de la

vida a de quien en vida respondió al nombre de V1.

Solicitud de informe

4. Para la integración del expediente, mediante oficio DQO/2405/2017, de fecha

28 de mayo de 2017, un visitador adjunto de este organismo, solicitó un informe

respecto a los hechos que originaron la queja, al Director del Centro de

Reinserción Social de Puebla.

Solicitud de colaboración

5. Asimismo, mediante oficio número DQO/2406/2017, de fecha 28 de mayo de

2017, un visitador adjunto de este organismo, solicitó a la Dirección de Derechos

Humanos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informara de las

3

diligencias realizadas con motivo de los hechos relatados en la nota del portal

publicada en “Página Negra”, titulada “Feminicidio 43; Una mujer es apuñalada y

degollada por su pareja en el penal de San Miguel”.

Consulta de la Carpeta de investigación.

6. El 4 de abril de 2018, una visitadora adjunta adscrita a este organismo

autónomo se constituyó en las oficinas de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y

Derechos Humanos, con el fin de consultar la carpeta de investigación número

8338/2017/ZONA CENTRO

II. EVIDENCIAS:

7. Nota periodística publicada en el portal “Página Negra”, titulada “Feminicidio

43; Una mujer es apuñalada y degollada por su pareja en el penal de San Miguel”,

de fecha 27 de mayo de 2017 (fojas 1-3).

8. Oficio número DG/DJ/004187/2017, de fecha 29 de mayo de 2017, (foja 9)

suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, por virtud del

cual remite, copias fotostáticas de los siguientes documentales:

8.1. Copia del informe número ST/1865/2017, de fecha 30 de mayo de 2017,

signado por el entonces director del Centro de Reinserción Social de Puebla, AR1

(fojas 12-13).

4

8.2. Copia del parte informativo número 167, de fecha 27 de mayo de 2017,

signado por el supervisor de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción

Social de Puebla, comandante AR2 (foja 14).

8.3. Copia del informe policial homologado número 3225/2017, de fecha 27 de

mayo de 2017, signado por los policías estales custodios del Centro de

Reinserción Social de Puebla, AR3 y AR4, (foja 15).

9. Oficio número DDH/2366/2017, de fecha 29 de junio de 2017 (foja 18), suscrito

por agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado licenciada

SP1, mediante el cual remitió el número de la carpeta de investigación

mencionando las diligencias realizadas.

10. Acta circunstanciada de fecha 4 de abril de 2018, donde consta que una

visitadora adjunta adscrita a este organismo autónomo, consultó la carpeta de

investigación número CI1, (fojas 23-27)

III. OBSERVACIONES:

11. Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente

2793/2017, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para

acreditar la violación al derecho humano a la vida, en agravio de V1.

12. Se afirma lo anterior, toda vez que la seguridad, protección, resguardo y la

vida de las personas que ingresan a un Centro de Reinserción Social durante el

periodo de visita, independientemente del área en que se encuentren; queda a

5

cargo del Estado a través del servicio de seguridad y custodia, hasta el término

de su visita y egreso del centro penitenciario.

13. Se encuentra acreditado que aproximadamente a las 14:45 horas del día 27

de mayo de 2017,cuando V1 se encontraba de visita en el Centro de Reinserción

Social de Puebla, con su pareja TA1, este dio aviso al policía custodio de nombre

AR3, que le había pegado a su pareja de nombre V1, con un cuchillo y que

posiblemente ya estaba muerta, dando aviso inmediatamente al supervisor de

nombre AR4, quien a su vez dio la indicación al policía estatal custodio SP2, que

fuera por el personal médico, llegando al sitio donde se encontraba la víctima en

una “casita”, de la explanada, la doctora SP3, encontrándose un cuerpo de una

persona del sexo femenino y al efectuar la valoración médica informó que la

persona ya no tenía signos vitales.

14. Mediante oficio ST/1865/2017, de fecha 30 de mayo de 2017, el entonces

director del Centro de Reinserción Social de Puebla, informo a este organismo en

relación a los hechos, que el Comandante AR2, mediante parte informativo

número 167, de fecha 27 de mayo de 2017, que siendo las 14:45 horas al

encontrarse en servicio el policía estatal custodio AR3, clave 239 en la caseta “C”

del área de procesados se presentó ante él, la persona privada de su libertad de

nombre TA1, quien se encuentra ubicado en el dormitorio “H”, estancia 26,

manifestándole que había tenido una discusión con su pareja en una “casita” de

la explanada familiar que está detrás de la tienda de “el güero”, percatándose el

policía estatal custodio, que la citada persona traía una servilleta de papel

cubriéndole la mano derecha, por lo que le preguntó qué le había pasado,

6

procediendo en ese instante a quitarse la servilleta, observando el oficial que la

persona presentaba arañones, manifestando que le había pegado a su pareja

con un cuchillo y posiblemente ya estaba muerta, por lo que de forma inmediata

el policía estatal custodio acudió a informar al supervisor de nombre AR4, clave

Y-11, quien a su vez dio la indicación al policía estatal custodio de nombre SP2,

que fuera por el personal médico; así mismo, el oficial AR3, en compañía del

supervisor AR4, se trasladaron con la persona privada de su libertad de nombre

TA1, al lugar para que éste señalara donde se habían suscitado los hechos, sin

embargo al llegar éste no quería decir en que “casita” había sido, llegando

enseguida la doctora SP3, médico de guardia adscrita al servicio médico de este

penal, momento en que la persona privada de su libertad señala la casita,

procediéndose a verificar la situación, percatándose los elementos de Seguridad

y Custodia del cuerpo de una persona del sexo femenino de cúbito ventral semi

tapada con una cobija y al efectuar la valoración médica la doctora SP3 informa

que la persona ya no tenía signos vitales.

15. El director del Centro refirió también que por parte del personal de seguridad

y custodia acordonaron el área, efectuándose el traslado de la persona privada

de su libertad de nombre TA1, al área de control de ese centro penitenciario, en

donde manifestó que se trataba de su pareja de nombre V1, de la misma forma

procedieron a informar al licenciado SP4, asesor jurídico de la guardia adscrito a

la subdirección Jurídica de esa Institución, quien a su vez informó la situación al

oficial de mando y jefe de turno de la Policía Ministerial SP5 de la Fiscalía General

del Estado.

7

16. Asimismo, mediante oficio número 3225/2017 de fecha 27 de mayo del 2017,

signado por los policías estatales custodios AR3 y AR4, fue puesto a disposición

de la agencia del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Flagrancia de

la Fiscalía General del Estado, la persona privada de su libertad TA1, junto con

las documentales originales, informe policial homologado, signados por policías

estatales custodios del Segundo Grupo de Seguridad y Custodia, dándose inicio

la carpeta de investigación CI2, egresando el cadáver de la persona que en vida

respondiera el nombre de V1,

.

17. Al informe referido, la autoridad responsable anexó copia certificada del parte

informativo número 167 de fecha 27 de mayo de 2017, signado por el

comandante AR2, así como el oficio número 3225/2017, en donde remiten el

informe policial homologado de los policías estatales custodios AR3 y AR4, en

donde hace constancia de los hechos acontecidos.

18. La muerte de V1, ocurrió al encontrarse de visita en el Centro de Reinserción

Social del Estado, tal circunstancia obligaba al personal del Centro de

Reinserción Social de Puebla, al resguardo de la integridad de los visitantes que

se encontraban a cargo de los servidores públicos de Seguridad y Custodia, pero

fueron omisos en el sentido de proteger la vida y seguridad de las personas; en

particular de V1 que se encontraba dentro del centro penitenciario.

19. Lo anterior, se robustece si se considera que la persona privada de su libertad

llego al área hasta de la caseta “C” del área de procesados, sin que personal de

Seguridad y Custodia de ese Centro de Reinserción Social, advirtiera en qué

8

momento que salió de la “casita”, sin supervisión y control alguno, dando aviso él

mismo de que había agredido a la persona que en vida llevara el nombre de V1,

sin que ningún elemento del cuerpo de Seguridad y Custodia se encontrara

enterado de los hechos que habían ocurrido en la referida área, puesto que en el

expediente no hay constancia alguna de que se haya realizado recorrido, revisión

o vigilancia al lugar donde se encontraba la víctima, lo que permitió que la

persona privada de su libertad TA1, contara con el tiempo suficiente para efectuar

las maniobras consistentes en privar de la vida a la hoy occisa, sin que nadie se

percatara de lo ocurrido.

20. No pasa desapercibido para este organismo que derivado de la consulta de

la carpeta de investigación CI1, que del dictamen médico legista se estableció

como la causa de muerte: las lesiones producidas por objeto cortante con

hemorragia masiva secundaria a degüello; y mecanismo de muerte: violenta.

21. Por lo que la omisión de los elementos del cuerpo de Seguridad y Custodia

del Centro de Reinserción Social de Puebla, que estuvieron en funciones ese día,

repercutió en perjuicio de la vida de V1, al dejar de observar los principios de

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los

derechos humanos, los cuales tienen como objeto el de salvaguardar la

integridad de las personas que se encuentran privadas de su libertad, así como

de las visitas al interior de ese centro penitenciario.

22. En consecuencia para este organismo constitucionalmente autónomo, es

evidente que el personal del Centro de Reinserción Social de Puebla, no cumplió

9

con una efectiva protección de los derechos humanos a que está obligado, en

términos del tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; ya que los custodios son los encargados de la vigilancia

directa de los internos y de las personas de visita al interior del centro

penitenciario a su cargo, por lo que la responsabilidad del personal en este caso,

deriva de la omisión de brindar los recorridos de supervisión y vigilancia oportuna.

23. Por lo anterior, los elementos de seguridad y custodia del Centro de

Reinserción Social de Puebla, así como el entonces director del mismo, omitieron

observar la obligación que tienen en términos de lo que establece el artículo 19,

de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra dice; “Artículo 19. La

Custodia Penitenciaria será una atribución de la Autoridad Penitenciaria

consistente en: (...) II. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los

derechos de las personas privadas de la libertad, visitantes y personal adscrito a

los Centros Penitenciarios y las demás instalaciones que determinen las

disposiciones aplicables; así como hacer cumplir su normatividad; ... "

24. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, frente a las

personas privadas de su libertad, las autoridades se encuentran en una posición

especial garante, toda vez que son quienes ejercen el control sobre las personas

sujetas bajo custodia; (Caso Mendoza y otros vs Argentina, Caso Instituto de

Reeducación del Menor vs Paraguay, entre otros).

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25. Asimismo ha establecido dicho Tribunal, que las autoridades en esa condición

de garantes, son responsables de la observancia de los derechos humanos y

muy especialmente del derecho a la integridad y a la vida de toda persona bajo

su custodia. La autoridad como garante tiene la obligación de prevenir aquellas

situaciones que pudieran conducir, incluso por acción u omisión, a la supresión

de la inviolabilidad del derecho a la vida.

26. Por otra parte, la Corte Interamericana ha dicho que el cumplimiento del

artículo 4, de la Convención Americana relacionado con el artículo 1.1 de la

misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida

arbitrariamente, sino que además requiere que las autoridades tomen medidas

apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida; (Caso Hermanos

Gómez Paquiyauri vs Perú, Caso Myrna Mack Chang, caso Bulacio, Caso Ninos

de la Calle y Caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras.)

27. Al respecto, no debemos perder de vista que las violaciones al derecho a la

vida, se agravan cuando en ellas participan quienes ejercen un servicio público

en materia de seguridad pública, ya que no sólo incumplen con sus obligaciones,

sino que afectan las funciones más esenciales que tienen a su cargo y

transgreden los principios y derechos humanos tutelados, como lo disponen los

artículos 1, 2, 5 y 8 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de

Hacer Cumplir la Ley; así como el principio 1, del Conjunto de Principios para la

Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o

Prisión, pues los elementos de las corporaciones policiales deben ejercer sus

11

atribuciones en el ámbito de la seguridad pública, de tal forma que éstas sean

compatibles con los derechos humanos, teniendo presente que el derecho a la

vida ocupa un lugar fundamental.

28. El artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contiene

el derecho a la vida, precisando en su punto uno, que toda persona tiene derecho

a que se respete su vida, la cual estará protegida por la ley.

29. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el

cumplimiento del artículo 4, de la Convención Americana, relacionado con el

artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de

su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que las

autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el

derecho a la vida (obligación positiva). Esta protección integral del derecho a la

vida por parte del Estado involucra a toda institución estatal, y a quienes deben

resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas

armadas; (Caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú, Caso Myrna Mack Chang,

Caso Bulacio, Caso “Niños de la Calle” y Caso Juan Humberto Sánchez vs.

Honduras).

30. Asimismo, la citada Corte señaló en el Caso Vera Vera y otra vs Ecuador y el

Caso Garibaldi vs Brasil, que el actuar omiso y negligente de los órganos

estatales no es compatible con las obligaciones emanadas de la Convención

Americana, con mayor razón si están en juego bienes jurídicos esenciales de las

personas, como lo es la vida.

12

31. Es menester recordar, que las autoridades son garantes de los derechos

consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial

del derecho a la vida de todo individuo que se encuentre bajo su custodia, en

quienes recae la obligación de proveer una explicación inmediata, satisfactoria y

convincente de lo sucedido a una persona que se encontraba bajo su custodia,

para así desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante

elementos probatorios adecuados (Caso Neira Alegría y otros vs. Perú, Caso

Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, y Caso del Penal Miguel Castro Castro

vs. Perú, entre otros)

32. Debe establecerse que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos que se citan en la presente recomendación, son de

observancia obligatoria para el Estado mexicano, de conformidad con el artículo

62, en sus numerales 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos y del reconocimiento de su competencia contenciosa, acorde al decreto

publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de febrero de 1999.

33. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido en su

jurisprudencia con número de registro 2006225, del Tribunal Pleno, publicada en

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, abril del 2014 tomo I

página 204, bajo el rubro y texto siguiente:

33.1. “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE

DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS

SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios

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jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con

independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho

tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una

extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que

en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos

establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia

interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1º

constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a

resolver cada caso atendido a la interpretación más favorable a la persona. En

cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben

atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que

el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso

específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las

mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que

sea posible, debe de armonizarse la jurisprudencia interamericana con la

nacional; (iii) de ser imposible la armonización, debe de aplicarse el criterio que

resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos”.

34. Por lo anterior, se concluye que personal del Centro de Reinserción Social de

Puebla, afectaron en agravio de V1, el derecho humano a la seguridad jurídica y

a la vida, reconocidos en los artículos: 1, primer y tercer párrafo, 21, párrafo

noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 26,

fracción IV y 104, inciso h, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Puebla; 4.1, 5.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3,

de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 6.1, del Pacto Internacional

14

de Derechos Civiles y Políticos; I, de la Declaración Americana de los Derechos

y Deberes del Hombre; que en lo esencial establecen, el derecho a la vida y que

los servidores públicos, entre los que se encuentra el personal del Centro de

Reinserción Social de Puebla, deben respetar y proteger la vida y la integridad

humana.

35. De igual forma, la Ley General de Responsabilidades Administrativas del

Estado de Puebla, en su artículo 3 fracción III, y 209, fracción I, prevé que los

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben observar en el

desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan con la máxima diligencia

en el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause

la suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre otros; sin embargo, la

inobservancia de tal precepto por parte del personal del Centro de Reinserción

Social de Puebla, que tuvieron intervención el día de los hechos, puede traducirse

en deficiencias en el cargo conferido.

36. Se estima que el desempeño de los servidores públicos señalados como

responsables de las violaciones a derechos humanos en esta Recomendación,

deben de ser investigados, en atención a que con su omisión pudieron haber

incurrido en la comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un

deber legal, previsto por el artículo 419, fracción IV y 420, del Código sustantivo

penal del Estado, que establecen que comete ese delito el servidor público que

retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación

de otorgarles o ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos

15

humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

37. Por otra parte, si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema

jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la actuación

irregular de los servidores públicos consiste en plantear la reclamación ante el

órgano jurisdiccional competente; también lo es, que el sistema no jurisdiccional

de protección de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en

los artículos 1, párrafo tercero, y 113, párrafo segundo, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 131, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Puebla y 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de Puebla, prevén la posibilidad de que, al

acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público,

la Recomendación que se formule a la autoridad responsable, incluya las

medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus

derechos humanos.

38. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de 2011,

garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos humanos; en

atención a que es un principio de derecho internacional de los derechos humanos,

ampliamente reconocido, reiterado por la costumbre internacional y por

decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que,

una vez establecida la responsabilidad de los servidores públicos por violaciones

16

a los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el daño

ocasionado.

39 En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, establece que los Estados parte, están obligados a reparar

las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulnerabilidad

de esos derechos.

40. En esta tesitura, es pertinente hacer referencia que la Corte Interamericana

de Derechos Humanos, ha considerado que los familiares pueden ser, a su vez,

víctimas con motivo de las afectaciones psíquicas y emocionales que aquéllos

padecieron en virtud de las circunstancias particulares de las violaciones

perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones

u omisiones de las autoridades estatales con respecto a los hechos violatorios.

(Casos Juan Humberto Sánchez vs Honduras, Bámaca Velázquez vs Guatemala,

Cantoral Benavides vs Perú, Castillo Pérez vs Perú, entre otros).

41. Por otra parte, en el caso de masacre de Mapiripán vs Colombia, la Corte

Interamericana de Derechos Humanos consideró que no se necesitan pruebas

para demostrar las graves afectaciones a la integridad psíquica y emocional de

los familiares de las víctimas, ya que se hace razonable presumir el sufrimiento

de éstos. Asimismo, ha señalado que entre los extremos a reconsiderar están la

existencia de un estrecho vínculo familiar, las circunstancias particulares de la

relación con la víctima; entre otros factores.

17

42. En el mismo orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

señala que se puede declarar la violación del derecho a la integridad psíquica y

moral de los familiares directos de víctimas de ciertas violaciones de derechos

humanos aplicando una presunción iuris tantum respecto de madres y padres,

hijas e hijos, hermanos, esposo y esposas, compañeros y compañeras

permanentes, siempre que ello responda a las circunstancias particulares del

asunto. (Caso Kawas Fernández Vs. Honduras).

43. Lo anterior se robustece con lo señalado por la Ley General de Víctimas,

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, el artículo

4, párrafo segundo, de la ley en mención señala: “...Son víctimas indirectas los

familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan

una relación inmediata con ella...”.

44. Al respecto, las afectaciones sufridas por los familiares de la occisa, fueron

consecuencia de la omisión del personal del Centro de Reinserción Social de

Puebla, en los hechos.

45. Por lo cual, resulta procedente que se tomen las medidas necesarias para

reparar los daños ocasionados a los familiares de quien en vida respondió al

nombre de V1, derivado de las afectaciones que se le ocasionaron y proporcione

a sus familiares directos atención psicológica que permita la rehabilitación y

superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos

conocidos en la presente queja.

18

46. Asimismo, se realicen los trámites necesarios y se proceda a la reparación de

los daños causados a los familiares directos de V1, en los términos más amplios

y de manera integral acorde con lo que establece la Ley General de Víctimas,

publicada el 9 de enero de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, por los

perjuicios y pérdidas materiales que dichas personas han tenido que erogar con

motivo de la violación a sus derechos humanos, pero también con motivo de los

sufrimientos y aflicciones causadas.

47. Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las violaciones a

derechos humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos resulten

vulnerados como lo dispone el artículo 1, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, se debe tomar en consideración que la sentencia

emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Velásquez

Rodríguez vs. Honduras, de 29 de julio de 1988, párrafo 174 y siguientes, ese

tribunal internacional estableció que el deber de prevención consiste no sólo en

la investigación seria y con los medios al alcance del Estado, de violaciones a los

derechos humanos cometidos dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de

identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de

asegurar a la víctima una adecuada reparación; sino, también, en la prevención

de su vulneración, a partir de todas aquellas medidas que promuevan la

salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales

violaciones a los mismos sean tratadas como ilícitos.

48. Por lo que a efecto de evitar en lo futuro actos como los que se han

documentado en el presente expediente, se recomienda al Secretario de

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Seguridad Pública del Estado, que ordene al personal del Centro de Reinserción

Social de Puebla, para que en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública,

sujeten su actuar a lo establecido por el Ordenamiento Jurídico Mexicano, así

como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el estado

mexicano, debiendo salvaguardar la integridad física y vida de las personas que

se encuentren internas y de visita en el Centro de Reinserción Social de Puebla.

49. Asimismo, al personal del Centro de Reinserción Social de Puebla, deberá

brindarse capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos

establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los

relacionados con el derecho a la Integridad, Seguridad Personal y Vida, con la

finalidad de evitar que actos como los señalados en el presente documento se

repitan.

50. En mérito de lo expuesto, en virtud de estar demostrado que se transgredieron

los derechos humanos de quien en vida respondió al nombre de V1 y a efecto de

dar cumplimiento a una debida investigación que conduzca a la sanción de los

hechos considerados como violatorios, en términos del artículo 1, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán adoptarse las

medidas más adecuadas.

51. Por lo que es de recomendarse al secretario de Seguridad Pública del Estado

de vista al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Pública del

Estado, para que inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad

administrativa correspondiente.

20

52. Además, que en términos de lo dispuesto por el artículo 44, último párrafo, de

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, colabore

ampliamente en la integración de la CI1, haciendo llegar al Ministerio Público la

evidencia sobres los hechos con que cuente.

53. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen

a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada

la violación al derecho humano a la seguridad jurídica y a la vida de quien en vida

respondió al nombre de V1, al efecto, esta Comisión de Derechos Humanos del

Estado de Puebla, procede a realizar usted secretario de Seguridad Pública del

Estado, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Se proporcione a los familiares directos de V1, atención psicológica

que permita su rehabilitación y la superación de las secuelas que fueron

provocadas con motivo de los hechos conocidos en el presente documento; lo

que deberá comunicar a este organismo.

SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda, para que se realicen los

trámites necesarios y se proceda a la reparación de los daños causados a los

familiares directos de V1, en los términos más amplios y de manera integral,

acorde con lo que establece la Ley General de Víctimas, por los perjuicios y

pérdidas materiales que dichas personas han tenido que erogar con motivo de la

violación a sus derechos humanos, pero también con motivo de los sufrimientos

y aflicciones causadas; debiendo justificar a esta Comisión su cumplimiento.

21

TERCERA. Emita un documento a través del cual instruya al personal de

Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla, para que en

lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo establecido

por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos

y ratificados por el estado mexicano, para salvaguardar la integridad física y vida

de las personas que se encuentren internas así como visitas en el Centro de

Reinserción Social de Puebla, debiendo remitir las evidencias que demuestren

su cumplimiento.

CUARTA. Se brinde al personal del Centro de Reinserción Social de Puebla,

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos

establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los

relacionados con la integridad, seguridad personal y vida, con la finalidad de

evitar que actos como los señalados en el presente documento se repitan, lo que

debe acreditarse ante esta Comisión.

QUINTA. De vista al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad

Pública del Estado, para que inicie el procedimiento de investigación de

responsabilidad administrativa, en contra del personal del Centro de Reinserción

Social de Puebla, que tuvo intervención en los hechos, debiendo justificar ante

este organismo su cumplimiento.

54. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102,

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el

carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una

22

declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos

en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de

obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero

constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias

administrativas o cualquiera otra autoridad competente para que, dentro de sus

atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad

de que se trate.

54. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la Ley de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le solicito, informe dentro

de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha

Recomendación, en consecuencia, deberá acreditar dentro de los quince días

hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. La falta de comunicación de

aceptación, de esta Recomendación, dará lugar a que se interprete que fue

aceptada; asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento.

55. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos del

artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Puebla.

56. Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de esta

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará lugar a que

se interprete que fue aceptada.

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COLABORACION

57. En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, de la Ley de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que determina los

efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal, se solicita

atentamente:

Al Fiscal General del Estado:

ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar instrucciones al agente del

Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, a efecto

de que a la brevedad determine sobre el ejercicio de la acción penal sobre los

hechos con apariencia de delito a que se contrae en la carpeta de investigación

CD1.

H. Puebla de Zaragoza, 4 diciembre de 2018

A T E N T A M E N T E.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL

ESTADO DE PUEBLA.

ADOLFO LÓPEZ BADILLO.

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