El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, exigió el pronto esclarecimiento del atentado en el que murió este lunes el ombudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, así como que “se priorice la actividad de defensa” en las líneas de investigación para que el hecho “no quede en la impunidad”.

En conferencia de prensa para lanzar nuevamente la campaña a favor del trabajo que realizan defensores civiles de derechos humanos, dijo que el movimiento de derechos humanos de México, “está de luto”.

Agregó que el organismo nacional tenía mucha cercanía con De la Toba Camacho, en razón de que existe una oficina de la CNDH en La Paz, y que no se tenían indicios de que el ombudsman de BCS hubiese sido víctima de alguna amenaza.

Tras pedir un minuto de silencio antes de iniciar el evento, en el que participaron defensores civiles y el quinto visitador general. Edgar Corzo, el ombudsman nacional condenó el atentado, en el que también murió el hijo del presidente de la comisión estatal, en tanto que su esposa y su hija resultaron severamente lesionadas. Luego, advirtió que los presidentes de las comisiones estatales de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas, sí han recibido amenazas por su labor.

“Desde la federación de ombudsperson estamos consternados. Pedimos que las investigaciones en este caso y en el de todos los defensores civiles no se excluya como línea de investigación las tareas y los casos que defendían (…). Teníamos indicios de incomodidades hacia algunos defensores públicos, pero nunca nos imaginamos que llegarían a esta experiencia de agresión. Por eso, pedimos que haya una articulación adecuada de la Procuraduría General de la República (PGR) con el gobierno del estado para que haya resultados concretos”, abundó.

Al sumar a su exigencia la del esclarecimiento de 34 asesinatos contra defensores ocurridos de 2006 a la fecha, González Pérez resaltó que en Baja California Sur “está creciendo en el índice de violencia y los homicidios”, y que “los ombudsman públicos que reportan indicios de una situación compleja y difícil, es mayormente donde hay circunstancia de crimen organizado. En Guerrero, Tamaulipas y Veracruz hemos emprendido acciones de acompañamiento, pero que no se ha llegado a niveles como lo sucedido en Baja California”.

El funcionario agregó: “El mensaje de ayer (lunes 20) es gravísimo e intimidatorio. Cuando se agrede a un defensor civil o público o a un periodista, afecta los pilares de la democracia. No se puede aspirar a un Estado Democrático si cancelamos el derecho a la defensa de derechos humanos, es un agravio social”.

El titular de la CNDH acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto, a los estatales y a los municipales de “indolencia, indiferencia y apatía”, por no generar las condiciones de seguridad para que los defensores y periodistas realicen su trabajo, sin considerar que “el mayor flagelo en la agresión de periodistas y defensores civiles y públicos, es el círculo vicioso de impunidad”.

Recordó que el año pasado emitió la Recomendación General 25, relacionada con los defensores de derechos humanos y que, pese a los llamados a los gobiernos federal y estatal por atenderla, no ha habido mayor interés en abordarla.

Al agregar que tampoco se ha atendido la Recomendación General 24, relacionada con periodistas, González Pérez hizo un llamado para que ambos instrumentos sean revisados en la próxima reunión de la Consejo Nacional de Gobernadores (Conago) para su implementación inmediata.

Fuente: PROCESO