Puebla, Puebla. En relación a los comentarios vertidos por el obispo Raúl Vera López y el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, en el sentido de que en Puebla hay presos políticos y que la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” es una de las que más se ha visto afectadas por la política “autoritaria” que se tiene, la Secretaría General de Gobierno reitera que en Puebla, nadie está procesado o sentenciado por un delito de naturaleza política.
Las personas que se encuentran sujetas a proceso o en su caso sentenciadas, lo son por delitos del orden común, ya que en la entidad no se ejerce represión o persecución en contra de las voces disidentes y así lo demuestra el respeto a las distintas manifestaciones de protesta por parte de la población
Cabe aclarar a los señores prelados que la situación de los integrantes de la UPVA 28 de octubre es la siguiente:
Rubén Sarabia Sánchez, está sentenciado en la causa penal número 113/89 por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro y robo de vehículo, cometidos en agravio de RODOLFO KIESSSLICH SCHLUETER y cuya sentencia fue confirmada por la Segunda Sala del H. Tribunal Superior de Justicia en el Toca Penal número 965/91, por lo que constituye la verdad legal.
Asimismo, está siendo procesado conjuntamente con ATL TONATIHU RUBÉN SARABIA REYNA por el delito de narcomenudeo en la causa penal número 9/2017.
ATL TONATIHU RUBÉN SARABIA REYNA, también está siendo procesado por el delito de narcomenudeo en la causa penal número 510/2014.
XIHUEL SARABIA REYNA está siendo procesado por el delito de narcomenudeo en el proceso penal número 119/2016.
RITA AMADOR LÓPEZ, MARIA DE LA LUZ GALVEZ JAVIER, SERGIO LÉON LÓPEZ y SILVERIO MONTES SILVA están siendo procesados en la causa penal número 452/2015 por el delito de ataques a las vías de comunicación.
Estos últimos se encuentran gozando de su libertad por efecto de una suspensión concedida en un juicio de amparo.
De esta manera se puede comprobar que los dichos, en otro sentido, obedecen más a intereses políticos que a la realidad.
La SGG reafirma que el Gobierno del Estado está abierto al diálogo para resolver cualquier diferencia con estricto apego a la legalidad.
