En cuatro años ha disminuido hasta un 81 por ciento la población que se encuentra en prisión preventiva en los centros de readaptación social de Puebla, sin embargo mantiene dentro de las 10 entidades a nivel nacional con más cantidad de gente en esta situación.

De acuerdo al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS 2018), en marzo de 2014 el estado contó con 4 mil 545 personas que no recibían sentencia alguna pero que estaban privadas de su libertad; para marzo de este año se contabilizaron 2 mil 11 casos.

De esta forma, el estado se mantiene en la sexta posición nacional con el mayor número de personas en dicha situación, sólo debajo de Jalisco, Estado de México, Baja California, Ciudad de México y Sonora.

No obstante la disminución, sólo son nueve puntos porcentuales los que han disminuido respecto de la población reclusa, revelan los datos presentados en un reporte del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

En el documento se advierte, con base al OADPRS 2018, que en marzo de 2014, del total de personas en reclusión, el 48 por ciento se encontraba en status de prisión preventiva; para el mismo mes de este 2018, representan el 37 por ciento.

Además, recuerda la calificación de cuatro puntos (de 10 posibles) que en 2017 dio a los centros penitenciarios de Puebla la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las condiciones de separación que debe existir entre las personas en prisión preventiva y las ya sentenciadas.

Hay que recordar que ‘prisión preventiva’ es la privación de libertad que sufre quien aún no ha sido condenado, es decir, quien aún está procesado porque todavía no ha habido sentencia, la que bien puede ser condenatoria o absolutoria; es, además, una de las 14 medidas cautelares que el juez puede imponer al imputado a solicitud del Ministerio Público, o bien, aplicarse de oficio ante ciertos delitos.