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Alcalá empeña su palabra de castigar al síndico

Lunes, 14 de Junio de 2010

Carlos Gómez

La indignación de la fracción de regidores del PRI porque se perdió el amparo contra DISA (que costará 42 mdp al erario), amenazaba con salirse del control de la alcaldesa, Blanca Alcalá, y un grupo de tricolores estaba dispuesto a sumarse a la oposición para pedir formalmente la separación del cargo del síndico, Román Lazcano, en la sesión de Cabildo de este lunes.

Ante la gravedad del caso, Blanca Alcalá tuvo que convencer personalmente a sus regidores de que este no es el mejor momento para armar un escándalo de tal magnitud, debido a que podía afectar a Javier López Zavala y Mario Montero Serrano.

Alcalá reunió a todos sus regidores a las 8 de la mañana de este lunes en el hotel Holiday Inn del centro para exponer sus razones del por qué no era prudente cortarle (por ahora) la cabeza al síndico.

Varios regidores sentenciaron que hay muchas evidencias de que el síndico dejó perder el amparo ante DISA y no podían ser cómplices de una traición de tal magnitud a los poblanos.

Acorralada, quizá, Blanca Alcalá no tuvo otro remedio que confesar entre líneas su indignación con el caso que involucra a su síndico.

Palabras más, palabras menos, expresó “yo tampoco voy hacer cómplice de nada”, en referencia a la exigencia de castigar a Román Lazcano.

Alcalá pidió a sus regidores que no se sumaran a la propuesta del PAN de que sea el Congreso el que investigue y separe de su cargo al síndico por su presunta responsabilidad en la derrota jurídica que costará 42 millones de pesos a las arcas municipales.

La presidenta municipal planteó a los regidores que esperen a que pasen las elecciones del 4 de julio para poder retomar el cao e ir a fondo contra el síndico y, entonces sí, pedir que sean los diputados los que actúen contra Román Lazcano.

Una y otra vez, la alcaldesa recordó que los días del debate y la elección están muy cerca y el escándalo del síndico municipal puede afectar a los candidatos del PRI.

Ya sin más que aportar para convencer a sus regidores, Blanca Alcalá empeñó su palabra de que no habrá impunidad para Román Lazcano y será castigado en caso de ser responsable.

Esa fue la promesa de Alcalá: no habrá impunidad para el síndico.

Ya con ese pacto, los regidores se comprometieron a no sumarse al PAN y así ocurrió, la propuesta del regidor del PAN, Pablo Montiel, para que el Congreso investigara y separara a Román Lazcano no fue apoyada por el PRI y, en cambio, permitieron que el síndico presentara su informe para analizarlo y emitir una opinión en unas semanas más.

Los regidores del PRI quedaron parcialmente conformes al notar el trato frío y las miradas amenazantes de la alcaldesa hacia su síndico en la sesión de Cabildo.

Una muestra más de que Alcalá cumplirá su palabra –dicen algunos regidores-, fue el momento en que la alcaldesa cortó la explicación que estaba dando Román Lazcano.

Lo único cierto es que este lunes se prolongo el juicio contra el síndico porque Blanca Alcalá empeñó su palabra de que no gozará de impunidad.

¿Será?

Habrá que esperar unas semanas para ver si la alcaldesa cumple o no la promesa que hizo a sus regidores.

Otro mensaje que envió Blanca Alcalá a sus regidores y que después repitió en la sesión de Cabildo es que el tema se investigará y se procederá con apego a derecho.

Es más, dividió el tema en dos: uno será ver el monto a pagar a la empresa DISA y el otro la supuesta traición de Román Lazcano, aunque sí pudo énfasis en que no se use políticamente el tema.

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Román Lazcano Fernández, síndico municipal, entregó este lunes un documento de 22 páginas a Blanca Alcalá y a los regidores para defenderse de los señalamientos que han hecho en su contra de que él es el único responsable de perder el juicio ante la empresa DISA.

En esas páginas el síndico municipal asegura que la persona que perdió de forma inicial el juicio mercantil por 26 millones de pesos fue el ex presidente municipal, Enrique Doger, desde el 2007 y que en el trienio de Blanca Alcalá se intentó defender únicamente la actualización de los intereses y gastos reclamados por la empresa DISA.

Román Lazcano va más allá y, sin nombrarlo, culpa a Ernesto Ramírez, asesor jurídico de la alcaldesa, de intentar promover un último recurso que no atacaba el fondo del amparo de la actualización del pago y sólo se iba por la forma.

En otras palabras, que de todas formas se iba a perder el juicio de amparo ante DISA.

Como sea, para el síndico los responsables de que el gobierno haya perdido el amparo y tenga que pagar 42 millones de pesos son: Enrique Doger Guerrero y Ernesto Ramírez.

Por cierto que Ernesto Ramírez no ha dicho nada del tema.

Dicen que el que calla otorga.

¿Y qué dirá Enrique Doger?

¿O también se quedará callado como Ernesto Ramírez?

Aquí vea el estudio completo elaborado por Román Lazcano:

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A continuación un correo en el que se critica al Instituto Electoral del Estado y a la familia Lazcano Fernández.

¿Qué imparcialidad podemos conceder a los ciudadanos al Instituto Estatal Electoral, si su presidente (Jorge Sánchez Morales) es amigo de los priístas?

a quien creen que le dará la razón en este momento en que la elección política para Puebla se prevé muy competida.

Jorge Sánchez, presidente del Instituto Electoral, resulta ser uno más de los muchos pillos que queremos echar fuera de Puebla, porque fragua su riqueza a costa de los ciudadanos, y a esa poca calidad moral se suma la parcialidad
por la presencia de
Reynaldo Lazcano Fernández, magistrado del Tribunal Estatal Electoral, junto con su parienta Olga Lazcano Ponce, consejera del IEE, mafia instalada en el IEE por Guillermo Pacheco Pulido.
¿O quienes creen que pagaron la comida de los abogansters con Javier López Zavala?

Y ni que decir de Román Lazcano Fernández, síndico municipal que abandonando sus funciones acompañó a Javier López Zavala al Tribunal Federal Electoral, cuando fue requerido por esta institución para que explicara el desvío de recursos como secretario de Desarrollo Social.

Este es el mismo personaje que (aparentemente) fue sobornado por empresarios de Disa, para que el ayuntamiento pagara más de 40 millones de pesos.

Ya no queremos que se dilapide el dinero del Pueblo. Mejor muchachos….
¡Pónganse abusadillos!

María”.

Hasta aquí el correo.

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Por cierto, extrañamente el video en el que se involucra a los hijos del presidente municipal de Tulcingo del Valle, Ignacio Rojas, en donde estaban sus fotografías portando rifles AK47 de uso exclusivo del Ejército, desapareció al ser cancelado del portal Youtube.

La desaparición del video no exonera a la familia del presidente municipal para que explique el origen de esas armas conocidas como Cuernos de Chivo.

La Secretaría de Gobernación ya investiga el tema porque es delicado.

Y habrá que esperar el resultado de la investigación de Gobernación, ya que puede haber muchas sorpresas.

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Este lunes se concretaron una serie de cambios en la Procuraduría General de Justicia del Estado con el nombramiento de 27 agentes de la Policía Ministerial como comandantes y jefes de grupo.

Lo interesante de esta rotación, es que se practicó un ejercicio inédito dentro de la corporación, ya que los nuevos comandantes tuvieron que cumplir con requisitos como era tener mínimo 3 años de antigüedad en la corporación, aprobar los exámenes de oposición y confianza y ser los mejores entre 150 inscritos.

El procurador Rodolfo Archundia dio un paso importante para profesionalizar esta corporación que tiene el penoso récord de mayor número de quejas por violaciones a los derechos humanos.

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gomez_carlos79@hotmail.com