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PGJ investigará al Juzgado Quinto de lo Civil

Domingo, 15 de Agosto de 2010

Carlos Gómez

En el escritorio del procurador General de Justicia del Estado, Rodolfo Archundia, está una denuncia penal entre particulares que involucra a diversos actores del Juzgado Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia que podrían quedar muy mal parados.

Resulta que el ex secretario particular de Mario Marín, Carlos Escobar Moreno, vivió en carne propia los abusos que ocurren constantemente en el Tribunal Superior de Justicia, debido a que estuvo a punto de perder un predio con un valor de más de 3 millones de pesos en Las Haras.

El tema central deriva de un juicio ordinario mercantil promovido por Fernando Silva Riveroll contra Carlos Escobar y José Renan Yber Crespo, por la supuesta falta de pago de una deuda de 6.8 millones de pesos.

Las anomalías denunciadas ante la PGJ y que ya están en investigación se resumen en un proceso amañado desde el Juzgado Quinto de Distrito debido a que se recibió un juicio ordinario mercantil sin que se presentaran de por medio papeles originales y se aceptaron fotocopias sencillas, se notificó a Carlos Escobar en domicilios inexistentes e inclusive se una tercera persona firmó de manera ilegal a su nombre diversos papeles.

Y por increíble que parezca, en el Juzgado Quinto de lo Civil se toleraron todas esas anomalías y se dio por bueno todo el juicio mercantil para despojar de su predio a Carlos Escobar, hasta que éste consiguió un amparo para detener las anomalías y obtuvo el total respaldo de la justicia federal, por lo que el juicio mercantil tendrá que reponerse por tantas irregularidades halladas por un Juzgado de Distrito.

Esas anomalías fueron asentadas en la denuncia que presentó Carlos Escobar y entre las cuales destacan:

“…me señalaron como domicilio para ser emplazado el ubicado en Calzada del Arco número 38, interior ciento diez de la colonia Santa Cruz Guadalupe de esta Ciudad de Puebla, domicilio en el que no fue posible mi emplazamiento por no vivir en esa dirección”.

“El juez Quinto de lo Civil le da entrada a la Providencia Precautoria argumentando que el Secuestro Provisional que solicita lo fundamenta en el título ejecutivo bajo la modalidad Factura Pagaré, dándole pleno valor demostrativo a dicho documento (siendo que se trata de una copia)”.

“Quiero manifestar desde ahora en primer término que las firmas que obran en el pagaré de referencia no fueron puestas de mi puño y letra”.

“El hoy acusado Fernando Silva Riveroll promovió demanda en la vía mercantil en mi contra en la cual en su punto tercero de hechos manifiesta que el precio se estableció la cantidad de Seis millones ochocientos mil pesos el cual para ampararlo firmó la factura que obra en la precautoria, sin precisar quién firmó la factura, en el entendido de que supuestamente éramos dos los demandados, pero repito ninguna de las dos firmas que aparecen en dicha factura fueron puestas de mi puño y letra”.

“En su oportunidad y previos los trámites de la ley consignar las diligencias al Juzgado que resulte competente solicitando la busca, aprehensión y detención del o de los presuntos responsables”.

Hasta aquí parte de la demandas de la que sobresalen el cúmulo de anomalías permitidas por parte del juez y diligenciaría (Martha Edith Romano Muñoz) del Juzgado Quinto de Distrito.

Aquí va la parte política.

Curiosamente en el Juzgado Quinto de lo Civil se cometieron las anomalías antes mencionadas en el momento en que Carlos Escobar decide sumarse públicamente a Enrique Doger Guerrero y lanza severas críticas contra el ex candidato a gobernador de la Alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala.

Y después arreciaron las presiones y las irregularidades en perjuicio de Carlos Escobar cuando se sumó públicamente al hoy gobernador electo, Rafael Moreno Valle Rosas.

Para mala fortuna de los que trabajan en el Juzgado Quinto el escenario político ya cambió para ellos y estarán bajo la lupa.

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Cuentan que el pasado sábado se colocaron dos mantas (una en La Margarita y otra en el Periférico Ecológico y 11 Sur) en puentes peatonales y vehiculares en donde se advertía de un movimiento de rechazados de la BUAP.

Sin embargo, esas mantas duraron pocos minutos porque desaparecieron.

Y es que trascendió que el llamado movimiento a favor de rechazados de la BUAP también durará escasos días.

Ya lo verá.

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Por demás interesante resultan las modificaciones aprobadas por el Cabildo de Puebla para establecer los lineamientos para inhibir y castigar la discriminación, hostigamiento y acoso laboral.

Blanca Alcalá sabe que esas medidas son necesarias para garantizar que no haya ningún tipo de presión a sus empleados, sean mujeres u hombres.

La duda surge en el caso del Sindicato del Ayuntamiento, porque ahí es donde se presentan muchos de los casos que se quedan impunes.

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gomez_carlos79@hotmail.com