Carlos Gómez

Más allá de las pasiones políticas y la férrea pelea de grupos que en estos momentos se vive al interior del PRI, nadie debe olvidar que ese partido se conduce a través de sus estatutos y deben ser respetados.

Y es tan importante no perder de vista el marco jurídico, en estos momentos de confusión política, que ya se puede anunciar que Alejandro Armenta y Claudia Hernández no podrán buscar la reelección y tampoco lograrán el interinato que se ha planteado como una alternativa en Puebla.

La razón de tal aseveración está sustentada en el artículo 163 de los estatutos del PRI, que dice lo siguiente:

“El Presidente y Secretario General electos de los comités Ejecutivo Nacional, Directivos de los Estados y del Distrito Federal, durarán en su función cuatro años; los municipales, delegacionales y seccionales, durarán en su función tres años, sin posibilidad de ser reelectos en ningún caso”.

Hasta aquí la primera parte de este trascendental artículo.

Está más que claro que Alejandro Armenta se puede dar por descartado para continuar al frente del PRI, ni siquiera para alargar su periodo por otro año o buscar el interinato.

El estatuto dice: “sin posibilidad de ser reelectos en ningún caso”.

¿Así o más claro?

Ya ni pierda su tiempo en pensar la forma en que Alejandro Armenta pueda continuar al frente del partido porque violaría sus propios estatutos y los grupos antimarinistas y antizavalistas podrían impugnar con muchos elementos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ahora bien, lo que sí procede es pensar en que haya un líder interino –cuyo periodo de vigencia no lo establecen los estatutos-, para dar paso a un proceso de elección del próximo líder estatal del PRI.

Sobre el interinato, el artículo 163 hace establece las siguientes condiciones:

“Al concluir el periodo para el que fueron electos el Presidente y Secretario General, en cualquier caso cesarán en sus funciones. De no haberse efectuado el proceso electivo para la renovación de la dirigencia, el Consejo Político correspondiente será convocado, por su Secretario Técnico, dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del término, para proceder a elegir una dirigencia interina y seleccionar el procedimiento electivo para el proceso de elección de la nueva dirigencia.

El proceso de renovación de los dirigentes no deberá coincidir con ningún proceso interno para postular candidatos, ni con elecciones constitucionales.”

Hasta aquí el contundente artículo 163.

Ya con ese escenario, lo que sigue para Javier López Zavala, Enrique Doger, Blanca Alcalá y los otros 20 priistas que han demostrado interés por obtener la dirigencia estatal, será ponerse de acuerdo para elegir a un presidente interino confiable para hacer una elección del líder estatal del PRI más creíble y evitar imposiciones.

A primera vista, luce difícil que Mario Marín y Javier López Zavala acepten apostar a un interino porque si no es de su grupo y es enviado por la dirigencia nacional corren el riesgo de que el proceso sea equilibrado y pierdan en una elección contra Enrique Doger o Blanca Alcalá.

Lo más viable para los marinistas y zavalistas sería arriesgarse a realizar la elección en noviembre de este año y confiar en que sus simpatizantes no los traicionen una vez más y ayuden a Javier López Zavala para que se convierta en el próximo líder estatal del PRI.

En el caso de Enrique Doger y Blanca Alcalá parece que les conviene el plan de tener al presidente interino para que puedan igualar condiciones con Javier López Zavala.

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A través de un correo electrónico un grupo de ciudadanos de Cuautlancingo denuncian que policías municipales de ese ayuntamiento se han dedicado a saquear camiones y la mercancía de éstos que están bajo su resguardo.

La carta es muy extensa pero en su parte central dice lo siguiente:

“Desde finales del mes de julio de 2010, varios policías pertenecientes al grupo táctico de este municipio, con el beneplácito y apoyo total de algunos de sus altos mandos, se dedicaron a romper sellos oficiales de varios vehículos que tienen bajo resguardo por parte de la procuraduría especializada en robo de vehículos y mercancías. Los vehículos se encuentran dentro de unas naves ubicadas en el corredor empresarial de Sanctorum, en la calle Rio Papaluapan, frente a la Empresa “VERITAS”. Esos malos uniformados sustrajeron cajas champús y otras mercancías, de varios camiones, y en grandes cantidades. Ya están enterados los de la procuraduría, pero en la presidencia de Cuautlancingo se desconoce tal situación, porque no le han informado a los regidores ni al propio presidente, quien en cuanto conozca de tal asunto, de seguro que los pone de patitas en la calle”.

Los quejosos advierten que hay pruebas para demostrar tal rapiña oficial.

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Cuentan que siempre sí, Mónica Barrientos regresó al refugio de la presidenta municipal, Blanca Alcalá, después de su derrota electoral del pasado 4 de julio.

Este reportero comentó hace unos días que posiblemente llegaría a la Secretaría de Desarrollo Económico en lugar de Antonio Torres Mota.

Sin embargo, Mónica Barrientos encontró un lugar junto con Víctor Manuel Giorgana y será responsable de la Dirección de Política Social de la Secretaría de Desarrollo Social.

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Este martes se dará a conocer la licitación pública con carácter nacional para las empresas interesadas en ejecutar obras de rescate y rehabilitación del tradicional Barrio de Los Sapos.

Aunque muchos piensan que el gobierno de Blanca Alcalá ya se terminó, algunos (sobre todos actores políticos), se sorprenderán al ver que cerrará fuerte.

El rescate de Los Sapos, aparte de necesario y urgente, es un punto más a favor de las aspiraciones de la alcaldesa, debido a que es un sitio de visita obligada para los turistas.

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gomez_carlos79@hotmail.com

Carlos Gómez

Así como Judas negó tres veces a Cristo, el síndico municipal, Román Lazcano Fernández, desconoció a su secretario particular, Edgar Fernando Lezama Torres, en la sesión de Cabildo del pasado 14 de julio, en la que el regidor del PAN, Pablo Montiel, evidenció con fotografías su participación en la agresión de priistas contra panistas en los comicios del 4 de julio.

Por lo anterior, Pablo Montiel exigió la separación del cargo de Edgar Fernando Lezama. Pero, la respuesta de Román Lazcano fue negar tres o más veces a su secretario particular.

¿Quién es ese? Respondía con una sonrisa nerviosa el sindico, y después insistía en que no puede controlar las acciones de los empleados de la Sindicatura y, mucho menos, en sus días de descanso.

Total que como el síndico desconoció a su particular, el regidor Pablo Montiel pidió a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que presentara un informe para comprobar que el funcionario municipal sí participó en la agresión contra los panistas, la cual dejó una persona herida con un arma blanca.

No obstante, en poder de este reportero se encuentran copias del acta emitida y sellada por los Juzgados Calificadores de Puebla con el folio 74851 / PON / 2 y que hace referencia a la remisión número 114637 del 4 de julio a las 17:43 de la tarde que hunden a Fernando Lezama y a su jefe el síndic

Para leer la información, haga click en las imágenes:

Aquí hay varios datos que son importantes señalar.

Primero: el detenido dijo llamarse Juan Pérez Morales de 35 años de edad con preparación académica de tercer grado de preparatoria, ser empleado y tener un sueldo de mil 800 pesos mensuales.

Segundo: en la misma acta se aclara que al detenido se le hace saber que si miente cometerá un delito, por lo que confiesa que su verdadero nombre es Edgar Fernando Lezama Torres.

Tercero: sobre los hechos de su detención refiere: ““me dirigía a ver una familiar y al caminar por las calles Plata y 33 Norte de la colonia Villa San Alejandro se estaban gritando dos personas y como me quede a ver llegaron los oficiales me confundieron y me detuvieron para traerme a esta oficina”.

Cuarto: el día de su detención el secretario particular llevaba los siguientes objetos: un nextel, un celular Movistar, un Iphone, un reloj, 150 pesos, una gorra, un par de gafas, y un par de agujetas. Estas características coinciden plenamente con la vestimenta que tenía el 4 de julio y que aparecen en las fotografías que presentó el regidor, Pablo Montiel.

Quinto: al secretario particular del síndico (aunque Román Lazcano lo desconozca), se le culpó únicamente de alterar el orden público.

Sexto: para dejarlo salir ese mismo 4 de julio, el juez calificador, Cecilio Montero Miguel, le aplicó una multa de 10 días de salario mínimo que equivale a 544 pesos con 70 centavos.

Séptimo: en el lugar de la firma de conformidad con la multa aplicada, el juez calificador no puso el verdadero nombre de Edgar Fernando Lezama Torres y dejó el de Juan Pérez Morales, pese a que en su declaración aclaró cuál era su verdadera identidad, ¿por qué?

¿Quién le dio las órdenes al juez calificador para encubrir a Edgar Fernando Lezama y permitirle firmar con su nombre falso?

¿Habrá sido su jefe el síndico?

Otra duda.

¿Por qué si en el momento en que se detuvo a Edgar Lezama se le encontró propaganda del candidato a diputado de la alianza Puebla Avanza, Víctor Manuel Carreto, en su coche, no se le remitió a la PGR por un delito electoral y sólo se le acusó de alterar el orden público?

No cabe duda que sí hay vándalos electorales en la Sindicatura, pero sus cómplices están en los Juzgados Calificadores.

Tal vez por ese motivo desde la Secretaría de Seguridad Pública no se ha querido proporcionar la copia del acta de remisión del secretario particular del síndico, porque las hojas jamás llegaron a las manos de Manuel Alonso y sólo se quedaron en las oficinas de Román Lazcano.

Sin embargo, ya es demasiado tarde, porque esa acta ya pública.

Román Lazcano no lo sabe, pero es obvio que tiene a sus propios Judas.

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Más dudas que certezas dejó el proyecto de rehabilitación del Parque Nicolás Bravo, mejor conocido como Paseo Bravo.

Verónica Mastretta y un grupo de especialistas en materia de ecología y urbanismo ya se metieron de lleno para cuidar este espacio de la ciudad.

Y, contrario a lo que se piensa, la intervención de este grupo es para vigilar al constructor, Mauricio Romano del Valle, debido a que no ha presentado el proyecto ejecutivo de la obra.

Una cosa es que haya presentado unas maquetas bien hechas y otra que la obra le quede con esa calidad.

Por eso, la intervención de Verónica Mastretta no fue bien vista en el gobierno municipal.

Pero no les queda de otra.

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gomez_carlos79@hotmail.com