ADELANTOS SOBRE LA CRUZADA BARBOSISTA CONTRA LA CORRUPCIÓN

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El jueves 1 de agosto, al convertirse en gobernador constitucional, Miguel Barbosa hará un anuncio que sacudirá a la clase política poblana.

Desde ese momento su administración someterá a revisión todos los contratos, todas las adjudicaciones, todas las adquisiciones y todos los convenios que desde el poder Ejecutivo se hayan signado de 2011 a la fecha, con especial atención en aquellos donde existan indicios de abuso, saqueo y descarada corrupción.

Los culpables de daño patrimonial serán denunciados y acabarán en la cárcel, sin importar a qué gobierno hayan pertenecido: al de Rafael Moreno Valle, al de Tony Gali, al de Martha Erika Alonso –con lo que corresponda a Jesús Rodríguez Almeida, quien fungió como encargado de despacho a la muerte de aquella- y al de don Guillermo Pacheco Pulido.

Al asumir la titularidad del poder Ejecutivo en el Auditorio Metropolitano, Barbosa dirá que no busca venganza ni quien se la pague, pero explicará que el nuevo régimen que busca inaugurar, no puede fundarse sin una revisión al pasado reciente y sin castigo a los corruptos.

Miguel Barbosa va en serio y así lo ha dicho varias veces a través de sus redes sociales, aunque haya quienes ilusamente sigan creyendo que todas esas palabras solo obedecen a una pose típica de la parafernalia del poder.

“Revisaremos y fortaleceremos los sistemas anticorrupción, de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. La eficiencia institucional en esos cuatro sistemas nos llevará a una real erradicación de la corrupción”, tuiteó apenas hace unos días.

Y añadió:

“La voluntad de mi gobierno contra la corrupción será firme, tope con lo que tope”.

Tan en serio va la cruzada que a la fecha ya existen 70 expedientes consolidados de graves, en algunos casos gravísimos, casos de corrupción de las más recientes administraciones estatales.

Karen Berlanga, la titular de lo que será la nueva Secretaría de la Función Pública –que sustituirá a la actual Contraloría-, será encargada por el nuevo gobernador para llegar a fondo de estos y otros temas en la agenda de la Cuarta Transformación al estilo barbosista.

No habrá fiscales ni comisiones especiales, aunque eso sí, los asuntos especiales, como la concesión del agua potable y los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) del Centro Integral de Servicios, de las plataformas de Audi y del Museo Internacional Barroco, estarán a cargo de los mejores despachos de abogados de la CDMX.

Se viene una auténtica revolución en Puebla y una revisión inédita de la administración pública, empezando con un tema particularmente espinoso: la venta a amigos, socios y aliados de cerca de 50 inmuebles del patrimonio público del estado, a precio de remate y fuera de la ley o norma aplicable.

Entre ellos, el que albergaba la oficina de la representación del gobierno de Puebla en la Ciudad de México, ubicado en la colonia Roma, una de tantas historias tenebrosas que saldrán a la luz y se castigarán.

“Tope donde tope”, como dice Miguel Barbosa, quien va a cumplir.

Que luego nadie se diga sorprendido (a).

gar_pro@hotmail.com

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