Bajo la mira del gobierno de Miguel Barbosa y ya con un proceso abierto ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Función Pública -antes Contraloría-, está la muy irregular y presuntamente corrupta, por decir lo menos, venta de inmuebles públicos durante el morenovallismo, que dejó un desfalco a las arcas estatales por más de 211.6 millones de pesos, con la venta de 31 propiedades entre 2012 y 2017. De éstas, 22 fueron vendidas inexplicablemente muy por debajo de su precio de avalúo comercial -cinco a la mitad o menos-, con pérdidas que van, dependiendo el caso, de los 73 mil a los 150.4 millones de pesos, en una sola operación. Casas, terrenos, complejos deportivos, bodegas y edificios destacan en la relación de “Inmuebles Vendidos” de la otrora Secretaría de Finanzas, a la que Garganta Profunda tuvo acceso, y que muestra la punta del íceberg, de lo que se ha denominado el “modelo de negocios”, con que el anterior régimen ejerció el poder.
La cifra de este desfalco documentado es de poco más de 211.65 millones de pesos, en números cerrados.
La lista y sus detalles desnudan puntualmente las escandalosas anomalías de estas enajenaciones.
Muchas de ellas fueron aprobadas por todas las fracciones legislativas de las anteriores LVIII y LIX Legislaturas del Congreso del Estado y se efectuaron por asignación directa, vía convocatorias -nunca más de dos-, o subastas.
La mayoría de estas 31 propiedades (18 de ellas), fue vendida en 2016, en el auge del sexenio del finado ex gobernador Rafael Moreno Valle, comenzando por la más onerosa y que dejó mayores pérdidas: 150.4 millones de pesos.
Sin embargo, hubo también abundantes pérdidas económicas para el estado con operaciones que se efectuaron, además de en 2016, en 2014 y 2015.
En 2016 se dio la más grave.
La joya de este entramado.
Ese año, el gobierno del estado vendió a prácticamente mitad de precio, el Predio Kepler 1303, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula, de 64 mil 640.52 metros cuadrados.
En la que fue la operación de mayor pérdida durante el morenovallismo y en la historia de Puebla en este rubro, a pesar de que el avalúo ubicaba su precio en 307 millones 042 mil 470 pesos, se vendió en apenas 156 millones 600 mil pesos.
El muy codiciado predio lo adquirió, en subasta, la Inmobiliaria Coro S.A. de C.V., con la representación legal de Bonifacio Jiménez Rodríguez.
Esto arrojó números rojos para las arcas de la entidad, por 150 millones 442 mil 470 pesos.
Antes, también en el morenovallismo y en 2014, cuando se realizaron solamente dos transacciones, se vendió un predio de 21 mil 295.89 metros cuadrados, de la antigua Hacienda de San José Zavaleta y sus ranchos anexos Santa Cruz y Jacales, en Puebla.
Aunque el avalúo fue de 35 millones 202 mil 106.17 pesos, la Inmobiliaria Abisva S.A. de C.V lo compró, a través de su representante legal, Humberto Abraham López Sánchez, en solamente 24 millones 641 mil 474.31 pesos.
En relación con el avalúo, la pérdida para las arcas estatales fue de 10 millones 560 mil 631.86 pesos.
La ficha técnica de esa enajenación describe que la operación se dio por convocatoria.
Luego, en 2015 se vendió la Sección “C” de la Antigua Ex Hacienda de Santa Teresa, en San Andrés Cholula.
A pesar de que el avalúo dictó que el precio era de 26 millones 148 mil 260 pesos, la Inmobiliaria Mollerussa Lleida S.A. de C.V., con representación legal de Jesús Ramón Delgado Loo, pagó apenas 18 millones 310 mil 500 pesos.
La pérdida, que puede tipificar algún otro escenario, para el estado de Puebla fue de 7 millones 837 mil 760 pesos.
Otra pérdida considerable, respecto del avalúo, se dio en la venta del inmueble de la Calle Orión Sur, en San Andrés Cholula, con una superficie de más de 12 mil metros cuadrados.
Aunque el avalúo comercial daba un precio de 61 millones 180 mil 390.11 pesos, se vendió en 42 millones 830 mil pesos a Maxus Construcciones S.A. de C.V, con la representación legal de Carlos Balcázar Soto.
Nuevamente números rojos por 18 millones 350 mil 390.11 pesos.
Llama la atención de esta relación de inmuebles, que en 7 operaciones, el gobierno de Moreno Valle obtuvo precios justos e incluso en cuatro más hasta consiguió ganancias, de hasta 1.7 millones de pesos, en comparación con los avalúos.
De este comparativo, surge una sola pregunta, que está por resolver la nueva administración:
¿Qué pasó?
Mañana, aquí, más detalle de este, el primer gran caso de corrupción bajo el escrutinio del gobierno de Miguel Barbosa.