Valentín Meneses: ¿Es su Firma pero no es su Firma?

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Un secuestrador, un violador y un homicida salieron de la cárcel a finales del sexenio pasado.

No es que hayan cumplido la condena que recibieron por parte de un juez.

Simplemente pagaron cantidades millonarias a funcionarios de un gobierno, el de Mario Marín, que torcieron la ley y -sin ningún escrúpulo ni respeto por las víctimas-  les regresaron su libertad de forma anticipada.

Hoy se sabe, gracias a una serie de documentos en poder de Puebla On Line, que los reos están en la calle gracias a que el secretario de Gobernación del góber precioso, Valentín Meneses Rojas, firmó de puño y letra los acuerdos que así lo hicieron posible.

Fue entre diciembre de 2010 y enero de 2011 –días antes del arribo al poder del hoy gobernador Rafael Moreno Valle- que en la dependencia a cargo del compadre de Mario Marín se dio luz verde a una trama de corrupción que hoy es objeto de una muy seria investigación por parte de la PGJ del estado de Puebla.

Al menos tres reos que cometieron delitos considerados graves, y que por lo tanto no alcanzaban el beneficio de tratamiento preliberacional, dejaron el Cereso sin ningún problema.

A José Faustino Pérez Rojas, sentenciado a 19 años de prisión por violación equiparada, le concedió el 22 de diciembre de 2010 el beneficio de tratamiento preliberacional, saliendo de prisión un día después, el 23 de diciembre de 2010, faltándole por compurgar tres años, seis meses y dos días.

En tanto, a Desiderio Jiménez Viveros, sentenciado a 22 años de prisión por secuestro, le concedió el 14 de enero de 2011 el beneficio de tratamiento preliberacional, saliendo de prisión el 27 de enero de 2011 –cinco días antes del inicio del gobierno morenovallista-, faltándole por compurgar nueve años, 11 meses y nueve días.

De la misma forma, a José Luis Pérez Calderón, sentenciado a 14 años y 4 meses de prisión por homicidio calificado, le concedió el 5 de enero de 2011 el beneficio de libertad preparatoria, saliendo de prisión el 6 de enero de 2011, faltándole por compurgar siete años, seis meses y nueve días.

En los tres casos el funcionario que autorizó fue Valentín Meneses Rojas, el hombre más cercano a Marín, quien durante su sexenio lo hizo prácticamente todo: director de Comunicación Social, director del DIF estatal, presidente del PRI, secretario de Comunicaciones y Transportes, secretario de Gobernación y notario público número 28 de Puebla capital.

A la fecha, según ha confirmado el procurador Víctor Carrancá Bourget, hay dos averiguaciones previas abiertas y dos órdenes de aprehensión liberadas en contra de dos ex funcionarios que estaban en la entonces Secretaría de Gobernación por la compra-venta de preliberaciones a internos de los diversos penales del estado.

Pero es hasta hoy que se sabe que quien estuvo detrás de todo fue, en realidad, Meneses Rojas.

El mismo que apenas el pasado jueves le dijo a E-Consulta (el primer medio que habló desde marzo de 2011 del tráfico de preliberaciones bajo el régimen marinista) que sí, efecto, se otorgó ese beneficio pero sólo a indígenas, personas de la tercera edad y enfermos, incluso de SIDA, que había cumplido más del 75% de su condena.

“El principal requisito que pidió el gobernador (Mario Marín) fue que no se tratara de delitos graves como secuestro, homicidio o violación”, agregó.

Pero como puede verse, el ex secretario de Gobernación mintió. Con premeditación, alevosía y ventaja.

Y es que los documentos son claros. Y no dejan lugar a dudas.

A menos que para intentar salvarse, Valentín Meneses recicle el famoso “Es mi voz pero no es mi voz” (tan célebre en el contexto del caso Lydia Cacho-Marín) con un “Es mi firma pero no es mi firma”.

¿Se atreverá?

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PUEBLA, Pue., 03 septiembre 2010.- Valentín Meneses Rojas, secr

Que nadie se extrañe si a partir de ahora, ante la contundencia de las evidencias, la Procuraduría General de Justicia anuncia la conclusión de las investigaciones, da a conocer los nombres de todos, absolutamente todos los responsables, el número exacto de preliberaciones otorgadas y los montos que los marinistas cobraron.

Tampoco que nadie se sorprenda si por fin se sabe cuánto pagó Valentín Meneses Rojas a Carlos Trujillo López por hacerse de la notaría 28, en medio de un proceso administrativo viciado de origen y en el que el entonces secretario de Gobernación fue juez y parte.

¿Acaso un millón de dólares?

Ojalá que el compadre de Marín tenga un muy buen abogado.

gar_pro@hotmail.com

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