Instituto Registral y Catastral: Verdadera Historia de la Cloaca

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En las últimas semanas, la Secretaría de la Contraloría inició una investigación debido a las constantes quejas contra los servidores públicos de la oficina registral de Cholula.

Entre las quejas señaladas destacan: la inscripción de contratos privados de forma ilícita; la inscripción de documentos de algunas notarías utilizando los pagos de otras notarías; la expedición de copias certificadas de documentos inexistentes, y el favoritismo hacia algunas notarías “consentidas” con entregas express de documentos.

En los próximos días se verán los resultados que presentará esta instancia en el marco de su programa contra la corrupción, aunque desde este martes, según trascendió extraoficialmente, se ejecutaron las primeras suspensiones de los funcionarios involucrados, a quienes formalmente se les ha iniciado un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades.

Hay que recordar que la denuncia más relevante que detonó la investigación, fue la evidencia de cómo se opera la inscripción de contratos privados… De acuerdo con fuentes consultadas en el Instituto Registral y Catastral (IRyC), operan de la siguiente manera:

Arrancan de los libros de contratos privados la última hoja (donde viene el sello del registro) y se la anexan al contrato que acaban de ingresar. Entonces tramitan una “reposición de partida”, para simular que ya estaba inscrito, y se documenta como error de los registradores anteriores el no haber anotado el libro en su momento.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Ley del Instituto, la única facultada para autorizar las reposiciones de partida es la directora general adjunta, Marisol Buendía, un claro indicio de que actúa en complicidad con los registradores.

La trama corrupta también la realizan al expedir copias certificadas de documentos que no obraban en los libros del registro, con lo cual se logra engañar a los compradores potenciales.

Los registradores de esta oficina de Cholula son Arturo Muñoz Adauta y Jean Pavón, así como el supervisor Jesús Moreno, fieles operadores de la directora, Marisol Buendía, nombrados por ella.

En el caso de Pavón, en el colmo, se ha determinado que tiene nexos familiares con ella, lo que además constituiría responsabilidad por nepotismo.

Pero estos personajes no operan solos, están amparados por quienes solicitan la realización de estos trámites indebidos, los mismos que pagan sumas cuantiosas de dinero para que se cometan estos delitos, que afectan a todos los ciudadanos, pues cualquiera puede ser víctima de un despojo urdido de esta manera y con la anuencia de una oficina de gobierno como el IRyC.

De acuerdo con datos duros, este tipo de operaciones y otras más se fueron documentando en una supervisión, la 09/2013, iniciada en Cholula, impulsada por el entonces director general del Instituto,

Alejandro Pagés Tuñón, desde el mes de abril pasado, pues ya había suficientes indicios de este tipo de operaciones irregulares.

Hoy se sabe que los resultados de la supervisión están en manos de la Contraloría estatal, encabezada por Eukid Castañón Herrera.

Hasta hoy esta revisión arrojó que los funcionarios de la oficina permitían irregularidades al recibir los pagos de derechos, pues utilizaban el mismo recibo de pagos para más de una operación, en ocasiones se reutilizaban para decenas de inscripciones.

Según las fuentes, esta fuga de ingresos sobre la muestra efectuada estimó que, en un mes, podían dejarse de percibir más de un millón de pesos, sólo en esa oficina, en perjuicio del erario público. Las más susceptibles de cobijar estas operaciones son las notarías grandes –en particular la 50 y la 19 de Puebla- que presentan escrituras con decenas de actos en el mismo instrumento, por ejemplo un lote fraccionado.

En estos casos, la supervisión detectó que los registradores aceptaban y tramitaban los instrumentos con un solo pago sin respetar los procedimientos, aunque se debe de pagar por cada uno de los actos para cada una de las fracciones. Es decir, se podían evadir pagos de decenas de operaciones. Esto hace suponer que los registradores no operan solos, hay más participantes involucrados que promueven estas acciones.

También se sabe, siempre según las fuentes, que a pesar de una orden de la Secretaría de Finanzas, a través de la Subsecretaría de Ingresos y de la Procuraduría Fiscal del estado, mediante el oficio SFA-PF-(21)-1089/13, en donde se establece que no se puede realizar excepción alguna para el cobro de la cancelación de convenios modificatorios, la directora Marisol Buendía instruía a los registradores a no realizarlos para algunas notarías en particular.

Esta acción -o inacción- constituye una irregularidad grave que puede causar responsabilidad pecuniaria de los servidores públicos y daño patrimonial y debe investigarse a fondo para determinar quiénes han sido beneficiados por estas acciones.

Conforme se avanza en la investigación, se va desenredando una madeja en la que además se señalan a más personas. Los indicios de corrupción que se fueron encontrando en el Instituto en contra de múltiples servidores públicos, en particular registradores, apuntan a un grupo muy cercano a Marisol Buendía, que sólo atiende sus instrucciones. La contratación de registradores fue responsabilidad total de ella, los seleccionó y evaluó.

Bajo este proceso se sustituyeron 23 registradores en el estado. Cerca de la mitad le son incondicionales. Los que no se plegaron a sus instrucciones fueron objeto de una embestida fuerte. Tal fue el caso del registrador de Puebla, que permaneció hasta agosto de este año. De acuerdo con varios gestores y abogados, este registrador trabajó durante dos años logrando que la oficina más importante del estado operara eficientemente y los notarios lo reconocían como un servidor público honesto y responsable. Sin embargo, a partir de este año, Buendía encabezó una andanada en su contra, con el apoyo de un par de notarios que veían sus intereses afectados, curiosamente los mismos que tienen la mayor parte de las operaciones en Cholula, puesto que este registrador no se plegaba a sus arbitrariedades.

El registrador que lo reemplazó fue Zeus Ramírez Lecona, quien había sido previamente removido de su cargo por la Dirección General del Instituto, por quejas de que pedía dinero para atender los trámites. Fue regresado al tiempo que se iba el director general.

Otros de los registradores que ella contrató, tienen nexos de amistad o cercanía con ella. Alberto Fernando Zúñiga Chávez era uno de ellos; fue el registrador de Huejotzingo, quien fue grabado en video mediante un teléfono celular, en su propia oficina, tomando un fajo de billetes de dinero en efectivo de una gestora y guardándolos en la bolsa del pantalón. La Contraloría conoció de este hecho, pero el expediente fue congelado cuando la nueva comisaria, María Luisa Said, prima de un conocido notario, llegó al Instituto.

Pero hay más: de las irregularidades cometidas también fue informada la directora Marisol Buendía, pero desestimó investigarlo, y no tomó ninguna acción.

Funcionarios del IRyC comentaron que al continuar los señalamientos, el entonces director general actuó relevando a varios registradores, entre ellos Zúñiga Chávez y Ramírez Lecona.

Estas acciones no fueron del agrado de la directora Buendía. Adicionalmente, la supervisión iniciada por instrucción de Pagés a la oficina de Cholula, resultó en un distanciamiento de todos conocido con la directora del IRyC.

La protección que ella dio a los registradores evidenció que no era de su interés seguir con la supervisión. Fue tal su enojo que buscó por todos los medios desacreditar cualquier observación, para proteger a sus registradores. Pero coincidió que las irregularidades sólo se detectaron a favor o beneficio de un par de notarías… justamente las que más operaciones realizan en Cholula.

Esta situación incomodó tanto a los titulares de estas notarías, que el presidente del Colegio de Notarios, Carlos Sánchez Martínez, arreció las presiones contra servidores del IRyC. Con mensajes enviados por mediación de sus gestores, les comunicaban a los empleados del Instituto el descontento con la supervisión.

Con estos antecedentes comienza una campaña mediática de desprestigio contra el director general, que finaliza con su salida de la institución.

Porque algo es cierto: a partir de lo que se ha venido revelando, esto no parece una simple coincidencia.

El esfuerzo de modernización del IRyC empezó a afectar poderosos intereses económicos, que no están interesados en permitir la transformación de Puebla emprendida por el gobierno de Rafael Moreno Valle.

Ante esta cloaca, las preguntas obligadas son: por qué aún permanecen en funciones estos registradores corruptos y sobre todo la directora Marisol Buendía, y quién o quiénes están interesados en que se mantengan, a pesar del daño que le hacen a una institución que urge sanearse y fortalecerse para la salud jurídica de Puebla.

gar_pro@hotmail.com

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