Abierta la Caja de Pandora del gobierno de Mario Marín Torres, cuya cuenta pública se abrirá a petición popular, será en los próximos días cuando se consigne ante el Ministerio Público uno de los casos de corrupción que los priístas de Puebla hubiesen querido ver desaparecido para siempre; se trata del programa Unidos para Progresar (UPP), la gran cloaca del “góber precioso” y sus 40 (mil) ladrones, varios de los cuales irán a parar a la cárcel por más que supongan que prevalecen reales o supuestos pactos de “impunidad”.
Y es que, inevitablemente, se identificaron desvíos, “extravíos” e irregularidades en 56 obras y acciones de ese programa operado al cien por ciento por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Puebla, en especial obras no ejecutadas –pero cobradas- y falsificación de documentos.
El fraude social asciende a 97 millones 282 mil 987 pesos, lo que amerita el inicio de procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades y la presentación de denuncias antes la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Solo es la punta de un iceberg enorme, gigantesco, que empieza en Marín pero no tiene fin…
Y es que el “hoyo negro” de su cuenta pública no tiene ninguna comparación con el pasado o presente.
Se trata de verdadera delincuencia organizada. Un resumen perfecto de cómo un grupo de mafiosos se pone de acuerdo para tomar por asalto el poder y pasar de ricos a mega millonarios en menos de un sexenio.
Hasta donde se sabe, los sujetos responsables de este robo a los poblanos son: un ex subsecretario, un ex director de Control de Inversión, 4 ex coordinadores de oficinas regionales y 9 ex delegados de la Sedeso, entre ellos: Martín Fernández Muñoz, Yolanda Zegbe Zanen, Armando Ramírez Balderrama, Irma Vargas y Silverio López Morales.
Todos implicados hasta el fondo en el uso ilegal del presupuesto destinado al programa “estrella” del marinismo.
El mismo que en su tiempo, además, sirvió para financiar campañas y promover candidaturas y carreras políticas de quienes hoy pretenden fingir demencia y llamarse a sorpresa.
Sí, la cuenta pública del “góber precioso”, a petición popular, se va a reabrir y se revisará de principio a fin.
Por salud pública y tranquilidad de las buenas conciencias, pero sobre todo porque “no se puede ser omiso ante los señalamientos de irregularidades documentadas”, porque es necesario “verificar si se ajustaron a los criterios señalados en los presupuestos, conforme a las disposiciones aplicables”, y porque resulta “indispensable comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas señalados con anomalías”.
Por eso, de esta cloaca, la de Unidos para Progresar, se prevén sanciones penales por falsificación de documentos (de uno a 8 años de prisión) y por peculado (de 6 a 12), así como administrativas, es decir, inhabilitaciones y la restitución del daño patrimonial.
Es solo, insisto, la punta del iceberg.
Porque el público, que lo pidió, siempre tiene la razón.