PLASCENCIA: ¿JUICIO POLÍTICO O REELECCIÓN?

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Si el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, creyó que con la recomendación al gobierno del estado de Puebla por el caso Chalchihuapan le iba a bastar y sobrar para reelegirse en el cargo por un periodo más, se equivocó total y garrafalmente. Y es que, como ya se sabe, su célebre, y no menos polémico, dictamen dejó insatisfechos a unos y a otros; decidió ponerse a hacer política para amarrar el “hueso”, y ahí están ahora los resultados: carente de credibilidad y de autoridad moral, representantes de 70 agrupaciones civiles de todo el país solicitaron a la Cámara de Diputados iniciarle un “juicio político”, debido a las “gravísimas” omisiones en las que ha incurrido la CNDH bajo su mandato ante “innumerables” violaciones a las garantías individuales y derechos colectivos en México.

Como se dijo aquí antes, en su circo de varias pistas Plascencia Villanueva usó la lamentable muerte del menor José Luis Tehuatle Tamayo como vía segura para su legitimización política, pretendiendo quedar bien con Dios y con el diablo.

Es decir, con la madre del fallecido y sus familiares; con los vecinos de Chalchihuapan y los grupos de izquierda que abanderaron sus movilizaciones y protestas; con un sector ciudadano legítimamente indignado por los resultados del operativo del 9 de julio en la autopista a Atlixco; con un PRI ávido de raspar, aunque sea un poco, al gobernador de Puebla, y finalmente con éste, un Rafael Moreno Valle capaz de operar en los grupos legislativos del PAN y PRD para coadyuvar en el proceso reeleccionista.

Sin embargo, por tratar, precisamente, de quedar bien con todos, terminó por quedar mal con absolutamente todos, pues ninguno recibió lo que esperaba, o al menos no todo lo que esperaba.

En su juego de sombras, incomprensiblemente Plascencia Villanueva sí descartó sobre todo la hipótesis gubernamental sobre la muerte del menor (la onda expansiva de un cohetón), pero no hizo imputaciones directas, y su resolución acabó siendo más política y mediática que apegada a la verdad jurídica, con múltiples salidas jurídicas para los “culpables” y un rosario de reproches y preguntas sin respuestas del lado de las víctimas; en esencia, un mero acto de campaña que, en el fondo, dejó a todos “entre azul y buenas noches” y que tal vez le vaya a costar el acariciado sueño de la reelección.

Y es que, por si fuera poco, por encima del caso Chalchihuapan, más allá de las recomendaciones del ombudsman al gobierno de Puebla, está algo que no se olvida: su actitud omisa ante los más de 70 mil asesinatos perpetrados en México en el periodo que va del 1 de diciembre de 2006 al 1 de diciembre de 2012, es decir, durante todo el periodo de gobierno del expresidente Felipe Calderón.

En opinión de las agrupaciones que repudian al presidente de la CNDH, éste no hizo nada para proteger a 1.6 millones de víctimas que en los últimos años han enfrentado “desplazamiento forzado ante la violencia del crimen organizado“, ni a las más de 48 mil personas desaparecidas de 2006 a la fecha.

De la misma forma, mantuvo una postura cómplice ante el empleo sistemático de la tortura en México –algo que la mismísima ONU ha denunciado–, así como ante la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, los actos represivos del 1 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México, los intentos por reglamentar el derecho a la manifestación y a la libre expresión; y tampoco hizo nada para impugnar las reformas legales que en varios estados de la República han limitado los derechos reproductivos de las mujeres.

“El presidente de la CNDH ha omitido actuar de manera oportuna, integral e independiente en asuntos en los cuales era imperativo que lo hiciera, de acuerdo al mandato constitucional que recibió al ser nombrado presidente de la CNDH, pues no sólo ha dañado y violado derechos humanos de miles de víctimas y las ha dejado en la indefensión, incluyendo a los familiares, sino que ha utilizado
recomendaciones ‘a modo’ para dañar a personas e instituciones
“, denunciaron en su solicitud de “juicio político”, a la que por Puebla, por cierto, se sumaron dos organizaciones en específico: la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana-Puebla.

Ahí está, ya nada más por añadir un elemento más, su penosa y reciente actuación en el escandaloso caso Tlataya: mientras él se esmeró en asegurar que todo se debió a un “combate”, hasta el Ejército ha reconocido que en realidad fue una masacre de 22 narcotraficantes; de hecho, ya hay ocho militares detenidos por su responsabilidad en delitos contra la disciplina castrense, desobediencia e infracción de deberes.

Que Raúl Plascencia no representa el perfil idóneo para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya se sabía desde hace mucho antes de Chalchihuapan y sus múltiples efectos colaterales; extraña, por eso, que el ombudsman y su entorno hayan creído fielmente que el caso poblano sería suficiente para permanecer al frente de la CNDH por un periodo más, por más malabares políticos que hayan hecho para quedar bien “con tirios y troyanos”.

La realidad lo alcanzó y por donde se le vea, el camino a la reelección luce como el camino de un condenado al patíbulo, y peor: ahora con una solicitud formal de “juicio político” por parte de los más importantes defensores de derechos humanos del país. Eso le pasa por hacer política y campaña, y por mostrar una discapacidad imperdonable en alguien supuestamente a cargo de vigilar las garantías individuales de los mexicanos. Y es que eso de quedar bien con Dios y con el Diablo no es negocio, y a quien dos amos sirve, con alguno queda mal. Siempre.

¿O me equivoco?

gar_pro@hotmail.com

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