Aunque con pocas o nulas posibilidades de éxito, y pese a la claridad y contundencia de los resultados, los partidos políticos de Puebla decidieron finalmente judicializar la elección del pasado 7 de junio. Y es que presentaron una serie de impugnaciones en 12 de los 16 distritos del estado, por lo que ahora la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Malos perdedores, rencorosos en muchos de los casos, la mayoría de los candidatos que fracasaron estrepitosamente pretende así arrebatar lo que no pudieron ganar en las urnas.
De acuerdo con información de los propios partidos, Izúcar de Matamoros, Zacatlán, Huauchinango y Tepeaca, donde ganaron los priístas Jorge Estefan Chidiac, Lorenzo Rivera Sosa, Carlos Barragán Amador y Alejandro Armenta Mier, respectivamente, fueron los únicos distritos donde no se interpusieron recursos de impugnación. Pero en el resto: los cuatro de Puebla capital, Teziutlán, Zacapoaxtla, San Martín Texmelucan, Chalchicomula de Sesma, Cholula, Atlixco, Tehuacán y Ajalpan, hay por lo menos una impugnación.
El caso más patético es el del Partido del Trabajo (PT), que judicializó casi todo debido a que están literalmente desesperados por la inminente pérdida de la franquicia que a sus líderes corruptos y entreguistas les permitió embolsarse casi 6 mil millones de pesos del dinero de los mexicanos a lo largo de casi 25 años de existencia.
El pasado 7 de junio, con el 100 por ciento de las actas computadas, el PT logró un millón 134 mil 439 votos (2.9% de los válidos emitidos), apenas 3 mil 131 sufragios debajo de la marca que le hubiera garantizado conservar el registro y seguir con vida dentro del sistema político mexicano.
Otra de las viudas tras la ruptura de las izquierdas y la aparición de Morena, el Partido del Trabajo busca anular el mayor número de casillas posibles en el estado de Puebla para que sus líderes, destacadamente Alberto Anaya –que ha sido cuatro veces diputado federal y dos senador-, puedan seguir disfrutando del negocio, un negocio millonario basado en el pragmatismo llevado al extremo y en la venta de su capital político al mejor postor, pues lo mismo hicieron alianzas con el PRI y el PVEM, que con el Panal, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. En nuestro estado, por ejemplo, este sexenio se entregaron a los brazos de Casa Puebla, obteniendo grandes beneficios principalmente económicos a través del proyecto de los CENDIS (Centros de Desarrollo Infantil).
De ahí su desesperación por rescatar los votos que se puedan en la mayoría de los distritos poblanos.
En el caso del PRI, los equipos jurídicos de los candidatos impugnaron los resultados en los distritos de Tehuacán, Chalchicomula de Sesma, Zacapoaxtla, Teziutlán y San Martín Texmelucan, básicamente alegando que ahí los panistas no respetaron el tope de gastos de campaña, mientras que el PAN hizo lo propio en el distrito 11 de Puebla capital, considerado hasta la fecha de “alta prioridad” para el grupo en el poder, pues el triunfo de la priísta Graciela Palomares rompió el empate de 8-8 entre ambos partidos y dejó el marcador estatal de 9 distritos para el PRI y 7 para el PAN, un escenario muy diferente al esperado por los operadores morenovallistas. De hecho, todo un equipo de abogados, expertos en derecho electoral constitucional, está detrás de la “defensa” a ultranza de esa demarcación, donde por cierto ya hubo reconteo voto por voto, aunque en el fondo saben que hay muy pocos argumentos de peso y que será muy, pero muy difícil que el TEPJF pueda fallar a su favor y modificar el resultado final de la elección.
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Focos rojos se prendieron en la Secretaría General de Gobierno (SGG) –en la que despacha Jorge Cruz Bermúdez pero manda Luis Maldonado- al conocerse la serie de acciones que los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan realizarán a un año de los fatídicos acontecimientos del 9 de julio.
Entre otras, prevén una nutrida marcha que saldrá de la autopista Siglo XXI, donde sucedió el enfrentamiento con la policía que costó la vida del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, con destino al CIS de Vía Atlixcáyotl, que ocasionará un bloqueo por varias horas.
Se espera la participación de diversas organizaciones sociales y políticas, como la Coordinadora Estatal por la Dignidad de los Pueblos (CEDIP), y preparan el inicio de una huelga de hambre a favor de la liberación de Javier Montes, el edil auxiliar de Chalchihuapan que se encuentra preso desde noviembre de 2014 como corresponsable de los violentos sucesos que configuraron la peor crisis política y mediática vivida por el morenovallismo hasta el momento.
Por cierto, la señora Elia Tamayo, madre del menor fallecido, es la única que se mantiene firme sin aceptar la indemnización de ley por parte del gobierno del estado, en el marco de la recomendación 2VG/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); el resto de lesionados y/o afectados por el operativo policiaco de hace casi un año ya cobró sus respectivos cheques, con montos que van de 30 mil a 300 mil pesos, según afirman en la propia SGG, que así espera una semana complicada por el fantasma –que sigue vivo- de Chalchihuapan.
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-¿Cuál es su relación con el presidente del PAN, Gustavo Madero?
-Hace mucho que no hay relación. Él se relaciona con su pequeño grupo. Es alguien que en lo personal es una decepción.
(Fragmento de la entrevista concedida el pasado 18 de junio a “El País” por Margarita Zavala, a quien el diario español más influyente en el mundo ya presenta de plano como “candidata” del PAN a la Presidencia de México).