CASO MICALCO LLEGA A LA COMISIÓN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN DEL PAN (*)

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En el más absoluto sigilo, con un ocultamiento premeditado ante los órganos del partido y la evidente violación a 16 artículos de la vida interna del PAN, así como tres delitos del Código de Defensa Social y Código Civil de Puebla, fue como Rafael Micalco Méndez, en complicidad con su cuñado y secretario general del blanquiazul poblano, José David Vázquez Matamoros, y el tesorero Vicente Gutiérrez Nájera, adquirió predios en 11 municipios del interior del estado, los cuales fueron pagados a sobreprecios que en algunos casos rebasaron el 7,000% de diferencia.

Por si eso no fuera poco, Rafael Micalco carecía de la facultad o el poder para llevar a cabo la adquisición de tales inmuebles, algunos de ellos insuficientes para la construcción de las oficinas de los comités municipales por el reducido tamaño o porque se encuentran cerca de zonas de riesgo como barrancas.

Lo anterior se desprende de una denuncia presentada por Jesús Giles Carmona, presidente estatal del PAN, ante la Comisión Nacional Anticorrupción del PAN, que incluye pruebas como avalúos, imágenes de los predios y actas notariales, pero sobre todo la comprobación de que Micalco Méndez carecía de poderes legales para la compra de tales inmuebles.

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La denuncia, presentada el 28 de octubre del 2016, también ofrece una amplia relatoría de la forma en que Micalco y sus secuaces ocultaron todo el tiempo la adquisición de los predios y la forma en que fueron sorprendidos.

En total, Rafael Micalco pagó un millón 44 mil pesos por los 11 inmuebles, pero los avalúos de un perito determinan que el costo real comercial asciende a 310 mil 561 pesos, es decir, una diferencia de 733 mil 439 pesos, que representaría el quebranto causado al PAN.

“Cometieron abusos, omisiones y excesos de sus funciones en la administración de los recursos económicos y bienes, así como de las facultades conferidas cuando eran presidente, secretario general y tesorero del Comité Directivo Estatal del PAN, de la falta de transparencia en la utilización de los recursos, en la aplicación incorrecta e irresponsable del financiamiento del partido, esto por el exceso en sus atribuciones en el uso del mandato otorgado por el ex presidente Gustavo Madero Muñoz”, reza uno de los párrafos de la denuncia.

LA TRAMPA

Todo comenzó el 25 de febrero de 2013 con un poder general limitado que el entonces presidente nacional del PAN Gustavo Madero Muñoz extendió a Micalco Méndez como dirigente estatal en Puebla. Dos años después arribaría como líder nacional Ricardo Anaya Cortés, quien no sólo se negó ratificar dicho poder sino que ordenó la renovación del Comité Directivo Estatal poblano.

Tras el cambio de poderes en el CDE de Puebla, que ocurrió el 17 de diciembre de 2015, comenzó una revisión de las condiciones en que se encontraba el partido. Fue entre mayo y septiembre de 2016, cuando la Tesorería detectó el pago de los 11 inmuebles sin que hubiera ninguna explicación.

Los focos rojos se prendieron y se instruyó al Director Jurídico comenzar una investigación de fondo sobre dichos predios. Fue así como salió a la luz que Micalco Méndez ocultó en todo momento dicha transacción. Por ejemplo, en su plan de trabajo del 2015 no incluyó ninguna intención de dotar de oficinas a los comités directivos de 11 municipios.

Peor aún: pese a estar obligado legalmente, decidió no dar aviso a la Comisión Permanente del CDE del PAN ni a las instancias nacionales sobre la compra de los 11 inmuebles. La omisión se extendió a la nueva dirigencia estatal que entró en funciones el 17 de diciembre del 2015.

Los 11 inmuebles fueron adquiridos los últimos tres meses del 2015, a un paso de que Micalco, el secretario general y el tesorero dejaran sus cargos.

La investigación continuó y derivó en que el 13 de octubre del 2016, la Comisión Permanente del CDE del PAN aprobó la presentación de las quejas ante los órganos estatales y nacionales del partido sobre las anomalías.

Pero el golpe definitivo ocurrió nueve días después cuando un perito valuador presentó los resultados de su investigación y determinó que los predios tenían sobrecostos que iban del 158% al 7,310%.

Cita de la denuncia presentada por Giles: “Los hoy denunciados pretendían construir (oficinas de los comités municipales) en lugares no viables y en algunos casos de superficies extremadamente pequeñas, ya que dos inmuebles tienen una superficie de 36 y 40 metros cuadrados”.

La transacción irregular dio pie a la posible violación de 16 artículos de los Estatutos General del PAN, Reglamento de Órganos Estatales y Municipales, Reglamento de la Comisión de Anticorrupción y del Reglamento de Aplicación de Sanciones.

No obstante, al llevar a cabo la revisión de los expedientes notariales, la nueva dirigencia estatal del PAN halló el posible delito de fraude específico, “que es cuando la persona a la cual están a cargo el manejo de los bienes, altera los precios de los contratos o exagera operaciones, situación que realizó Rafael Micalco Méndez, al momento de adquirir los precios donde el avalúo comercial es visiblemente menor al precio de la transacción”, refiere la denuncia.

Más aún: En los contratos de compra venta, Micalco renunció a demandar la recisión de los mismos por lesión, dolo, error, incapacidad o enriquecimiento ilícito, lo cual impidió que el partido pudiera recuperar el dinero mal gastado.

El caso, el caso Micalco, está en manos de la Comisión Nacional Anticorrupción del PAN, el órgano interno encargado de dirimir este tipo de asuntos y de aplicar las sanciones que deriven de actos ilícitos cometidos por sus militantes, dirigentes y gobernantes. La preside Luis Felipe Bravo Mena, ex dirigente nacional del blanquiazul.

(*) En colaboración con Ignacio Juárez Galindo, subdirector del periódico 24 Horas Puebla.

gar_pro@hotmail.com

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