En las omisiones y los yerros que han llevado a la creciente ola delincuencial que padece la ciudad de Puebla, hay más culpables y responsables de los que a simple vista se pueden señalar. Es un problema sistémico, que sobre todo tiene que ver con las fallas del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), el mismo que, con sus “bondades”, ha sacado de las cárceles –con procedimientos ágiles y/o adelantados– a casi 4 mil presos, muchos de ellos de vuelta a actividades ilícitas.
La actual situación de inseguridad que atraviesa esta capital se explica, también, por el rezago en los trabajos legislativos sobre la norma que debe establecer un Mando Único o uno Mixto policiaco y, desde luego, por la ineficiencia de las autoridades municipales y de sus cuerpos policiacos.
En el primer tema, incluso los mandatarios estatales agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) han expresado ya la urgencia de hacer modificaciones el NSJPA o esto nadie lo va a parar.
Si bien se considera que con este nuevo sistema hay sentencias expeditas y es un procedimiento más “humano”, también hay un cúmulo de argumentos del por qué ha venido a complicar la justicia y ha incidido negativamente en la seguridad.
Ha favorecido también que, por sus deficiencias, la gente opte cada vez más por hacerse justicia por propia mano.
Muchos juristas lo consideran una “copia pirata” de la de Estados Unidos, cuando son dos sistemas de origen distintos.
Aquí, el sistema jurídico tiene bases romano-germánicas; allá surge del Common Law.
Uno de sus yerros más graves, coinciden académicos y especialistas, es que al confrontar a las partes, se permite la revictimización y violación de los derechos humanos de las víctimas.
También se advierte que, al favorecer la divergencia de criterios entre jueces y magistrados, se genera impunidad y se daña la credibilidad del NSJPA, que se veía como la solución de la justicia mexicana, cuando nació el 18 de junio de 2008, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en la materia.
En junio del año pasado entró en vigor en todo el país.
Al hacer más expeditos los juicios, se evita la sobrepoblación en las cárceles, sí, pero en este ejercicio regresan a las calles muchos que son verdaderos delincuentes y que fueron favorecidos sin mérito
para ello.
En la bondad va la penitencia.
De ahí que, desde antes de asumir la presidencia rotativa de la Conago, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, planteó la urgencia de hacer ajustes al NSJPA.
En realidad se le ve como un fracaso.
El caso de nuestra entidad es grave: luego de que entró en vigor el nuevo sistema el 17 de junio del año pasado, y tan sólo contando hasta el último día de 2016, fueron liberados 3 mil 724 reos.
¿En realidad, todos ellos tenían méritos para esta liberación expedita?
¿O se beneficiaron de una reforma constitucional y un sistema con grietas, muchas grietas, jurídicas?
¿Muchos de ellos son parte de las hordas de ladrones de autopartes, asaltantes que además no se conduelen y asesinan a sus presas, delincuentes que han hecho peligrar a los poblanos en las últimas semanas?
Lo más seguro es que sí.
Sobra decir que la mayor cantidad de liberados, 2 mil 503 presos, fueron del llamado Penal de San Miguel, en la capital poblana.
Pero la inseguridad y el crecimiento exponencial de la delincuencia no solamente se explican con esto.
Hay definitivamente ineficiencia de las autoridades encargadas de brindar seguridad a los poblanos.
En caso de la capital, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alejandro Santizo Méndez, es el directamente responsable.
Por eso se ha pedido con insistencia su renuncia.
Pero en la maraña de errores, omisiones y retrasos, que son abono y tierra fértil para la delincuencia, también está el trabajo que han dejado de hacer los legisladores federales.
Seguimos esperando –ya lo habíamos señalado en una entrega anterior- que se pongan de acuerdo para aprobar el Mando Único Policiaco o el Mixto.
Urge, porque además, con ello, se destrabaría la Ley de Seguridad Interior.
Las causas de la impunidad, la inseguridad y la delincuencia son muchas.
Tienen muchos responsables.
Pero más allá de las causas, y de las explicaciones, y de las justificaciones de las autoridades, lo que los ciudadanos queremos es ya no tener más robos, más asaltos.
Las familias ya no quieren más luto.
Ya no queremos más muertos.
Ni vivir con miedo.