Mario Alberto Mejía
Ricardo Henaine se equivocó al plantear la mudanza del Puebla de la Franja.
Y es que los aficionados poblanos son estrictamente celosos en ese tema.
Mejor dicho: hipersensibles.
Simplemente no les gustan los coqueteos con otros estados como Veracruz, donde Henaine pretende llevarse al equipo de futbol.
Metido en una camisa de once varas, el empresario enfrenta dos guerras al mismo tiempo: la que tiene que ver con Valle Fantástico y la relacionada con el Puebla de la Franja.
Ayer, por si fuera poco, los empresarios conocidos como “La Chiquillada” advirtieron en rueda de prensa que si Henaine se lleva al Puebla tendra que pagarles primero 32 millones de pesos que les adeuda.
Amparado hasta el cuello, pero con amparos rebotados, Henaine no duerme bien desde que escuchó al gobernador Rafael Moreno Valle referirse a él en su toma de posesión en un contexto la verdad incómodo.
Es de imaginarse los sueños que enfrenta cuando por fin logra dormir.
Y es que estos tienen que ver con terrenos que se inundan, equipos que vuelan y casonas que se caen.
Los sueños de Henaine engendran monstruos.
Una Celebridad para el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. La doctora María Teresa Franco y González Salas (México 1948) estaba a punto de convertirse en la primera secretaria técnica del naciente Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla cuando una intervención quirúrgica le provocó una lamentable infección que la retirará de la vida pública por una temporada.
En ese sentido, la doctora Franco fungirá primero como asesora del Consejo y, una vez repuesta totalmente, será designada secretaria técnica.
Hay que decirlo: nuestro personaje es una celebridad en el mundo de la cultura hispanoamericana.
Vea el lector lo que dice de la doctora Franco el Pequeño Musacchio Ilustrado (Milenios de México):
“Estudió economía e historia en la UNAM. Postgraduada en historia por la UIA, donde fue profesora y directora del departamento de historia. Investigadora en el archivo histórico de Madrid, España. Directora de Estudios Histórico del INAH, secretaria del Consejo Técnico del INHERM, directora de cultura en la Dirección General para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero y directora general del Acervo Histórico Diplomático de la SER, y directora general del INAH desde 1992. Dirigió el Instituto Nacional de Bellas Artes. Autora de La Vida Religiosa durante la Colonia, Historia de la calle de Moneda, El altiplano central preclásico, Obregón ante el mundo y El drama del ejército mexicano, entre otras obras”.
Don Manuel y don Alberto. Ocurrió en el Ristorante de la Transizione (el Alfredo di Roma) del Hotel Gobernador (Presidente Intercontinental) el jueves pasado.
En una mesa, comiendo con el ex diputado Edgar Benítez, se hallaba don Alberto Jiménez Morales.
En otra, en animada charla con el notario Carlos Meza, estaba don Manuel Bartlett Díaz.
Dos hombres de poder casi frente a frente.
Dos estilos distintos de hacer política.
Dos periodos de la Puebla reciente.
El abrazo no se hizo esperar cuando don Manuel se retiró (alto, espigado, sonriente).
Y no hubo fotógrafo que inmortalizara la escena.
Los Coscorrones de Marín. Hace seis años, el domingo 27 de febrero de 2005, cuando el gobierno de Mario Marín apenas iniciaba, doce diputados locales priistas acudieron a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla para interponer una demanda penal por difamación y calumnias en contra de quien esto escribe.
¿La razón?
Una columna publicada en las páginas del periódico Cambio en la que revelé que once dirigentes y ex dirigentes sindicales del magisterio cobraban como diputados y como profesores.
(Cosa curiosa: en mi columna hablaba de once personajes, pero una legisladora que no aparecía mencionada también me demandó).
La escena no podía ser más curiosa.
Y es que en domingo, a las doce del día, cuando todo mundo está en receso o en la resaca de la fiesta, la mismísima procuradora, a la sazón Blanca Laura Villeda, se apersonó en sus oficinas y de pie, rodeada de sus subprocuradores y demás funcionarios, recibió a los diputados a las puertas de la dependencia con los brazos extendidos y la sonrisa bañándole la cara.
Al día siguiente, faltaba más, los diputados ratificaron la demanda y el proceso empezó a correr a la velocidad de la luz.
Pero esta historia había empezado dos días antes, cuando la columna referida empezó a circular.
De un manotazo en el escritorio, el gobernador Marín ordenó que el columnista fuera demandado por la vía penal.
Para ello citó a los diputados –incluida la que no había sido mencionada- y les ordenó que acudieran el domingo a la PGJ –previa convocatoria a la prensa local- y que interpusieran la demanda con toda la fuerza del estado.
A la misma hora, pero en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, el secretario Darío Carmona había ordenado que frente a mí colocaran la nómina completa de la dependencia en aras de que le demostrara mi muy ofensivo dicho.
(Cuando hablo de la nómina me refiero a unos novecientos legajos diligentemente colocados a lo largo y a lo ancho sobre un salón de juntas).
Con una sonrisa en los labios, el funcionario me dijo: “revisa lo que quieras y demuéstrame que en esta nómina están los diputados de los que hablaste en tu columna”.
Ya se imaginará el lector lo que encontré cuando abrí el primer legajo: claves, números, cifras ininteligibles y una variedad de nombres extraordinaria.
-¿No viene en orden alfabético? –pregunté ingenuo.
-No –fue la respuesta tajante.
-¿Y no tienes esta nómina en un archivo de computadora?
-No, maestro. ¿Cómo crees?
A la media hora me di por vencido.
Era obvio que con esa ayuda jamás podría demostrar mi dicho.
La tarde de ese mismo día, el gobernador encabezó la primera comida mensual con su gabinete.
El sitio elegido fue el rancho de Gerardo Fernández, secretario de Desarrollo Económico.
Cuando la comida andaba en los postres y todo mundo bebía el digestivo del sexenio –sambuca negro-, Marín empezó a hablar de la demanda que interpondrían los diputados.
Palabras más, palabras menos, dijo que en su gobierno todo aquél que difamara o calumniara terminaría en la prisión.
Y dio un manotazo.
Y más: viendo a Blanca Villeda a los ojos le ordenó delante de todos: “¡Procuradora de Hierro, quiero a Mejía en la cárcel!”.
Alarmado, como el hombre generoso y admirable que siempre fue, Salomón Jauli me buscó vía telefónica y me dijo que era urgente que habláramos.
En un restaurante japonés de la avenida Teziutlán Sur me contó lo sucedido y me rogó que me cuidara.
En ese contexto ocurrieron varias cosas: varios diputados me hablaron por teléfono y me dijeron que no estaban de acuerdo en la medida, pero que eran órdenes del gobernador y que tenían que cumplirlas.
(También me habló la diputada no mencionada y me compartió su desconcierto).
Fue entonces cuando apareció en esta historia el diputado Rafael Moreno Valle, quien presidía la Gran Comisión de la legislatura.
Sobra decir que él me tendió un puente de plata para despresurizar el asunto, que amenazaba con desbordarse.
Gracias a sus buenos oficios me entrevisté con Javier López Zavala, a la sazón secretario de Gobernación, quien cerró la pinza de los acuerdos.
Hoy que los actuales diputados locales aprobaron la iniciativa del gobernador Moreno Valle en el sentido de despenalizar la difamación y la calumnia me acordé de aquellos días.
Y hay que decirlo: los contrastes son brutales.
Y es que no es lo mismo –jamás lo será- un gobernador que piensa que la cárcel es el castigo ideal para un periodista y otro que piensa lo contrario.