A finales de la pasada semana, una fuerte declaración del coronel Félix Pallares Miranda, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) del ayuntamiento de Puebla, llamó poderosamente la atención de propios y extraños.
En un arranque -quizá- de sinceridad, confirmó la presencia en esta capital de dos organizaciones del crimen organizado con presencia nacional: el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana (FM).
Además, aceptó que hay registro de por lo menos 133 grupos delictivos locales dedicados a delitos del fuero común.
Sus palabras, que incluso sorprendieron a medios de comunicación, contradijeron notablemente a voces que, por ejemplo desde la Fiscalía General del Estado (FGE), vienen negando -o minimizando- lo que todo mundo ve ya prácticamente todos los días.
El mando militar explicó que la presencia del CJNG y de la FM ha sido identificada a través de narcomantas y mensajes abandonados en la vía pública.
Las confesiones de Pallares coincidieron, paradójicamente, con el reporte del INEGI, que ubicó a la capital de Puebla dentro del grupo de ciudades con mayor percepción ciudadana de inseguridad: en el décimo lugar, empatada con Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.
¿Por qué dijo lo que dijo -y en este momento- el titular de la SSC, un funcionario que, salvo sus semanales conferencias de prensa, ha elegido un perfil discreto, alejado de protagonismos o reflectores?.
Todo parece indicar que Pallares no sólo está reconociendo públicamente una realidad difícil de ocultar, sino advirtiendo sobre una problemática que no hará sino empeorar en los próximos meses y años, misma problemática que ya comienza incluso a normalizarse.
Un estudio elaborado por Lantia Intelligence, la prestigiada firma que encabeza el experto en seguridad Eduardo Guerrero Gutiérrez, desmonta la propaganda oficial y devela lo que hay detrás.
Señala que el pasado 7 de octubre, el gobierno federal emitió un reporte optimista asegurando que los homicidios dolosos han disminuido 32% durante el último año.
Sin embargo, explica que la fórmula a través de la cual supuestamente se están reduciendo los homicidios parece basarse en el efecto combinado de promover, por un lado, un mayor uso de la inteligencia y la coordinación intergubernamental, y por el otro, el fomento de organizaciones criminales de carácter dominante en cada estado, con las que las autoridades estatales puedan mantener cierto grado de comunicación y entendimiento, para mantener los niveles de violencia a la baja a cambio de concesiones diversas.
“Se trata de un modelo que parece encontrarse en una fase temprana de gestación, y que se ha ido ajustando y ajustará al contexto específico de cada entidad federativa“, apunta.
Y explica:
“Para entender el proceso a través del cual estamos arribando a este nuevo esquema de gestión del crimen, debemos tener presente, en primer lugar, el debilitamiento gradual pero sistemático del Cártel de Sinaloa desde julio del año pasado. La disgregación de este cártel ha propiciado que el Cártel Jalisco Nueva Generación esté avanzando con rapidez en sus planes de expansión territorial y de erigirse como la mafia dominante en estados donde ya estaba presente, pero donde la presencia del Cártel de Sinaloa le impedía crecer o ser hegemónico. Ahora, con el Cártel de Sinaloa en retirada en varias regiones, tal obstáculo ha desaparecido.
“Por otra parte, un segundo factor que ha desempeñado también un papel relevante en reducir los homicidios ha sido la mejor coordinación intergubernamental que existe a lo largo del país, así como la utilización más intensiva de la inteligencia y la investigación criminal para identificar a redes criminales violentas y promover su neutralización. Estos instrumentos, empero, han mostrado sus limitaciones ante las organizaciones de mayor escala, donde los arrestos cupulares pueden tener efectos contrarios a su intención pacificadora.
“De ahí que en entidades como Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Aguascalientes, Yucatán y Estado de México, la buena coordinación entre autoridades federales y estatales ha ido de la mano con la consolidación del CJNG en esas mismas entidades (o, al menos, en algunas de sus regiones) como la organización criminal hegemónica durante el último año. Repito: el efecto combinado de estrategias de seguridad más vigorosas y eficaces, por un lado, y la consolidación de CJNG como el cártel dominante ha sido decisivo para que estas entidades hayan logrado disminuir sus tasas de homicidios.
“Sin embargo, hay otras entidades que también han observado una reducción de los homicidios, como Baja California, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, donde el CJNG no es la organización dominante, sino otras como el Cártel de Sinaloa en las tres primeras, y el Cártel del Noreste en Tamaulipas. En estas entidades, además de la presencia de un cártel dominante, también se han tomado decisiones pragmáticas en materia de seguridad para presionar las tasas de homicidio a la baja. En todos estos casos parece estar operándose un esquema de gestión del crimen, donde se asume la incapacidad de las autoridades para desarticularlas, pero donde al mismo tiempo se realiza un gran esfuerzo para limitar sus acciones violentas y predatorias.
Finalmente, señala Eduardo Guerrero Gutiérrez, también columnista del diario El Financiero, “tenemos los casos de entidades en las que CJNG tiene una presencia amplia y en crecimiento como Campeche, Oaxaca, Baja California Sur, Puebla, Colima y Michoacán, y que atraviesan por un periodo de inestabilidad y efervescencia criminal, dada la resistencia de diversos grupos criminales a la expansión de CJNG.
“Sin embargo, ante el continuo debilitamiento del Cártel de Sinaloa, es altamente probable que en todas ellas el CJNG logre imponerse y se convierta en unos pocos meses o años en el actor criminal dominante” (sic).
En esencia, las confesiones de Pallares y el estudio de Lantia Intelligence son piezas de un mismo rompecabezas, pero sobre todo una descripción puntual del nuevo esquema de gestión del crimen, donde el CJNG -y otros grupos como la FM– han acelerado sus planes de expansión territorial erigiéndose como la mafia dominante en estados donde ya estaba presente, como es el caso de Puebla.
Todo lo cual son pésimas noticias para el estado.
EL DATO
Durante tres años destrozó con total impunidad la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla capital.
La ineficiencia y frivolidad fueron su sello.
El pasado viernes, María del Consuelo Cruz Galindo asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pero ahora de Irapuato, Guanajuato.
La ex empleada de Eduardo Rivera Pérez llega en sustitución de Ricardo Benavides Hernández, que se fue por la puerta de atrás.
Pobres irapuatenes, ¡qué Dios los agarre confesados!
