La magnitud de los macabros hallazgos en Teuchitlán y Reynosa ha conmocionado al país, al tiempo que ha suscitado rabia por la crueldad —que los artefactos encontrados permiten deducir— empleada para ultimar a las víctimas. La dimensión del horror exhibe la raigambre del crimen organizado en la vida nacional, así como la creciente brutalidad que ha desarrollado a lo largo de su afianzamiento como actor social. El impacto sonoro que en nuestras conciencias ha tenido, por otra parte, evidencia que, a fuerza de su repetición, la violencia ha quedado normalizada en nuestros imaginarios colectivos, porque las fosas clandestinas forman parte de la realidad cotidiana nacional desde el 2006, cuando Felipe Calderón inició la guerra contra el crimen organizado. Entre diciembre de 2006 y octubre de 2023, fecha del último reporte oficial de hallazgos, se contabilizaron cinco mil 698 fosas, la mitad de las cuales fueron descubiertas entre 2018 y 2023.
No hay datos precisos sobre el número total de cadáveres recuperados en todas las fosas clandestinas a lo largo de todos estos años. La contabilidad se torna complicada, por un lado, por el hecho de que los cuerpos de un buen número de víctimas quedan reducidos a cenizas, ya sea por combustión o naturalmente y, por otro, porque otros son desmembrados. Aún así, el proyecto periodístico A dónde van los desaparecidos sostiene en su página electrónica que entre 2006 y 2016 entre las fiscalías de 24 entidades y la PGR fueron reportadas dos mil 210 fosas de las cuales fueron recuperados, al menos, dos mil 884 cuerpos, cifra que a todas luces suena conservadora porque arroja un promedio de poco más de un cuerpo por enterramiento.
Once estados son los que se han convertido en las grandes fosas nacionales: Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas; cerca del 60 por ciento de los fosos han sido encontrados allí. El restante cuarenta por ciento ha sido hallado en las 21 entidades restantes. No hay un solo estado de la república en el que no hayan sido ubicadas excavaciones clandestinas. Así de grave es el fenómeno. Las once entidades con mayores registros, resulta evidente, pertenecen a los territorios en los que los grandes cárteles —de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo— concentran sus actividades ilícitas.
El fiscal general, Gertz Manero responsabilizó al gobierno de Jalisco por las omisiones en que incurrió para descubrir el uso que se le daba al rancho Izaguirre. Ciertamente, una barbarie como la que ha salido a la luz no podría haber ocurrido sino hubiera contubernio con las autoridades. Sin embargo, es necesario reconocer que la presencia de numerosos contingentes, poderosamente armados, en un buen número de las entidades del país hace difícil el ejercicio de poder. Rubén Rocha Moya, el controvertido y criticado gobernador de Sinaloa, confesó a Salvador García Soto —periodista de El
Universal— durante su campaña, que el suyo es un estado que no podría ser gobernado sin el visto bueno del cartel dominante. Es obvio, pues, que esos campos, de entrenamiento y de exterminio, sólo son posibles porque los cárteles se han convertido en el poder detrás del poder formal en buena parte del territorio nacional. Según El Universal —basado en el análisis de miles de correos electrónicos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional por el grupo “Guacamaya” —cuarenta por ciento de los estados tienen dividido todo su territorio por uno o dos cárteles. En 48 por ciento de los dos mil 471 municipios (esto es, mil 198) se enlista, al menos, el nombre de un cartel. No por nada, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Global ubica a México en la primera posición, de 193 países, en lo que respecta a las actividades económicas ilícitas (venta de drogas, trata y tráfico de personas, cobro de derecho de piso, entre otras). México es el paraíso mundial de esas actividades.
Las voces lamentando los niveles de inhumanidad que hemos alcanzado se han multiplicado. El ruido cesará en unos días y las protestas resurgirán, nuevamente con similar o mayor estridencia, luego de que ocurran otros hallazgos. Estamos ya acostumbrados a que la violencia sea parte de nuestras vidas.
Hay que decirlo: hemos llegado hasta acá porque las autoridades de todos los niveles, durante muchísimos años, han sido incapaces de poner un alto al poder de sometimiento del crimen organizado. En estos últimos meses, bajo la presión del presidente Trump, el gobierno federal ha tratado de contener a las bandas criminales. Tal vez estos descubrimientos sean resultado de que las nuevas fuerzas del orden estén siendo un tanto más abiertas y cooperadoras con los grupos de madres buscadoras. Ciertamente, la política de seguridad no es la misma del sexenio pasado. Por eso la presidenta ha dejado de decir que no se retomará la guerra iniciada por Calderón. Ha sido retomada, es un hecho. La pregunta es ¿resultará suficiente? ¿No es el crimen organizado, hoy, más poderoso y difícil de combatir que el que enfrentó en 2006 Calderón?
El tiempo nos dirá.