Sin duda, Ernesto Zedillo calculó las consecuencias de su decisión de romper el silencio y criticar a los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Debió haber calculado que el asunto de FOBRAPOA saldría a la luz pública de nueva cuenta, así como también que los estrategas de la comunicación política gubernamental estarían encantados de tomarlo como rival en turno, porque les proporcionaría material suficiente para eludir los candentes temas que ahora conviene dejar de lado.
Como él mismo ha afirmado, Ernesto Zedillo decidió inscribirse en el debate nacional sobre el rumbo por el que, desde su perspectiva, los gobiernos morenistas han conducido la gobernanza, a partir de septiembre del año pasado, cuando el legislativo aprobó la reforma al Poder Judicial. Reprobó la reforma y sostuvo que representaba un paso significativo para socavar los avances democráticos alcanzados durante los últimos treinta años. Ahora, en su texto en Letras Libres, reitera su crítica y sostiene que el gobierno de Claudia Sheinbaum, al continuar con el proyecto de López Obrador, contribuye a enterrar la democracia e instaurar la tiranía.
El paso hacia el frente dado por Zedillo es, sin duda, un hito en la historia política mexicana contemporánea. En México es tradición que los expresidentes se mantengan al margen de la acción política. Si bien hay registros de desacuerdos y críticas hacia sucesores y presidentes posteriores, la postura asumida de manera formal por Zedillo —mediante documentos escritos y expresiones públicas con señalamientos puntuales en debate abierto con el incumbente en turno, Claudia Sheinbaum, en este caso— es un suceso nuevo en el escenario político mexicano. El hecho adquiere mayor relevancia por tratarse de un político discreto, un economista que goza de prestigio internacional, no alguien con necesidad de atraer reflectores para proyectarse hacia el futuro. Y lo hace, además, haciendo exigencias que permiten pensar que cuenta con información oficial, de primera mano, sobre procedimientos y acciones de la actual administración. Pide, por ejemplo, que la presidenta dé cuenta de las erogaciones que su gobierno hace, sin transparencia, a favor de la manutención del ex presidente López Obrador.
La incursión de Zedillo enciende alarmas: a pesar de que las transformaciones al sistema político echadas a andar por los gobiernos morenistas son graves, no hay voces en la oposición con sonoridad que puntualicen los peligros y adviertan a la sociedad las consecuencias a futuro. Se salva Ricardo Anaya. En los últimos tiempos, el senador panista se ha comportado como debería comportarse todo legislador. Ha asumido su actividad parlamentaria con compromiso y calidad. Se ha dedicado a analizar con detenimiento las propuestas legislativas que llegan al Senado, las ha desmenuzado y criticado con argumentos sólidos que nadie le ha rebatido en la cámara. Se ha alejado de diatriba, del discurso cargado de adjetivos y descalificaciones. Ha ofrecido, por el
contrario, argumentos científicos y datos concretos para mostrar el sentido profundo y las consecuencias de cada iniciativa. Aquí radica la gravedad del asunto: frente a un proyecto político ocupado en desarmar la institucionalidad que desde hace tres décadas la sociedad mexicana ha venido empujando para democratizar al país, el debate sobre los asuntos importantes del país toma fuerza cuando dos personajes se ocupan de ejercer la crítica dura, sin tapujos. En otras condiciones, la discusión se cierne alrededor de temas muy concretos en los que intervienen, sobre todo, las instituciones y los grupos relacionados con o interesados en ellos. Que Zedillo y Anaya hayan conseguido ampliar y profundizar la discusión pública nos deja, por lo menos, tres enseñanzas.
Una. Existe un gran desequilibrio en el debate sobre los asuntos nacionales a favor del Estado y del partido gobernante. En buena medida, esto se debe a la concentración de la capacidad de generar agenda por parte de las fuerzas gubernamentales. La presidenta, a través de las conferencias matutinas, define los temas a ser tomados en cuenta y establece las coordenadas de su discusión. Temas no convenientes quedan fuera de la lista y dimensiones y aspectos de los asuntos que evidencian desatenciones o malos manejos por parte de las instituciones del estado son ignorados o renombrados. Mediante acusaciones a gobiernos previos y descalificaciones a funcionarios de otros tiempos, se propicia una discusión sesgada y polarizada. Se fomenta, así, el debate superficial, pero encarnizado. Los temas de fondo, importantes, desaparecen de la vista.
Dos. Las fuerzas de la oposición carecen de claridad, de compromiso y de voluntad. Increíblemente, los partidos políticos y sus representantes en las cámaras no han sabido desarrollar las habilidades para leer adecuadamente el proyecto gubernamental y, consecuentemente, trazar líneas estratégicas de acción. Sin visión de país e impedidos a ejercer acciones críticas porque —mayoritariamente— sus pasados los mueven a moverse más bien cautelosamente, los políticos opositores han sido incapaces de quebrar la agenda gubernamental y establecer una propia, la que se ocupe de exponer lo que realmente está sucediendo en el país. Ricardo Anaya es un caso excepcional. Su interés en crecer políticamente en aras de alcanzar la presidencia en algún momento lo conduce a mostrar esta faceta crítica. Sin embargo, su método de promoción resulta funcional para el debate nacional. Habla sin miedo; dice las cosas que hay que decir.
Tres. Aun en desventaja, la sociedad civil tendrá que encontrar mecanismos de expresión contundentes. La decisión de Zedillo de enfrentar los avances autocráticos —a pesar de los costos personales que le acarreará— es un claro indicador de que entre la manipulación, los miedos y las amenazas de control, la sociedad mexicana se está quedando muda. Y una consecuencia de no ejercer el lenguaje es que las cosas y los asuntos mutan su significación de manera casi imperceptible. Dentro de poco, no habrá otras maneras de nombrar a México que las que dicte la oficialidad.