Donald Trump ha echado a andar sus amenazas arancelarias y puesto a México en alerta. El 2 de abril en lo que denominó el “Día de la Liberación”, el presidente estadounidense anunció la imposición de aranceles “recíprocos” a decenas de países con los que según el presidente Trump, EE.UU. tiene déficits comerciales significativos. La medida incluye un arancel base de 10% a todas las importaciones hacia Estados Unidos a partir del 5 de abril, sumado a tarifas adicionales, calibradas país por país, que entrarán en vigor el 9 de abril.
Para potencias como China, la tarifa recíproca asciende a 34%, para la Unión Europea un 20%, para Vietnam 46%, Japón 24%, India 26%, entre otros. En total, unos 60 países enfrentarán nuevos gravámenes punitivos bajo la estrategia de Trump.
México, cuya economía está profundamente entrelazada con la de EE.UU., recibió la noticia con una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, nuestro país quedó exento de los aranceles recíprocos por país gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De hecho, Trump no aplicó gravámenes adicionales a México ni a Canadá invocando el T-MEC. Este trato preferencial lo celebró el gobierno mexicano: significa que una gran parte de nuestros envíos al vecino del norte seguirán con arancel 0%.
El 83.3% de las exportaciones mexicanas van dirigidas a EE.UU., así que evitar entrar en la lista negra de Trump era básico para nuestra economía.
Sin embargo, “librar” los nuevos aranceles no significa que México salga ileso. Trump incluyó a México y Canadá en otras medidas específicas: desde el 3 de abril entró en vigor un arancel de 25% a los automóviles ensamblados fuera de EE.UU. (incluyendo los fabricados en México), y el 4 de abril otro 25% a las latas de aluminio para cerveza y refrescos, ampliando así los gravámenes previos al acero y aluminio.
Además, EE.UU. mantiene vigentes tarifas del 25% a ciertas exportaciones mexicanas: específicamente a los productos que no estén amparados por el T-MEC, herencia de disputas comerciales anteriores que el gobierno de Trump reactivó. En pocas palabras, los bienes mexicanos que cumplen con las reglas de origen del T-MEC seguirán entrando a EE.UU. con tasa 0%, pero los que queden fuera del acuerdo enfrentarán un arancel de 25%.
Esta distinción es crítica: se estima que apenas 48.8% de nuestras exportaciones a EE.UU. cumplen con las reglas de origen del T-MEC, lo que garantiza su libre comercio; el restante 51% no cumple con todas las reglas y ahora podrán sufrir con el arancel del 25%.
Ahora bien, vale aclarar que en la práctica México confía en mitigar ese golpe de varias maneras. Primero, si los automóviles fabricados en México cumplen con lo establecido con el T-MEC, México sostiene que debe entrar libre de arancel (tal como establece el tratado).
La orden de Trump sobre autos del 25% tiene un fundamento de “seguridad nacional” (similar a las tarifas al acero) y podría entrar en conflicto con el T-MEC, algo que se está negociando. De hecho, la propia Sheinbaum ha señalado que se busca un mejor acuerdo para el sector automotriz en los próximos 40 días.
Segundo, se está negociando que las partes o componentes fabricadas en EE.UU. no paguen ese arancel dentro del vehículo terminado. Es decir, si un coche hecho en México lleva, digamos, un motor o asientos producidos en Detroit, el valor de esos componentes sería descontado antes de aplicar el 25%. Esto reduciría el impacto efectivo en autos altamente integrados regionalmente. Aún con esas salvedades, la medida genera inquietud en armadoras y proveedores. Puebla, por ejemplo, sede de Volkswagen y Audi, observa con preocupación: aunque la mayoría de sus exportaciones cumple el T-MEC, cualquier segmento que no lo haga o nuevas inversiones en riesgo de no calificar podrían ver reducida su competitividad. Lo mismo va para las cadenas de acero y aluminio mexicanas, que desde antes ya sufrían un 25% de arancel en EE.UU. bajo la Sección 232 y ahora ven cómo se suman productos terminados como las simples latas de cerveza.
Ante este complejo panorama, México ha optado por la diplomacia y el fortalecimiento interno, en vez de la confrontación directa. Claudia Sheinbaum, presidenta de México desde diciembre, reaccionó con calma y firmeza. “No hay aranceles adicionales a nuestro país y eso es bueno para México” destacando que gracias a la relación de respeto construida con Washington se evitó lo peor.
En efecto, Trump mismo reconoció públicamente días atrás los esfuerzos de México en materia de seguridad: “Han intensificado mucho sus esfuerzos, México y Canadá”, dijo, alabando la cooperación mexicana para frenar el tráfico de fentanilo y migrantes. Esa colaboración fue clave para que Trump excluyera a México de la lista de países castigados con aranceles recíprocos. “México la libró en materia de tarifas” titularon algunos medios, y la Presidencia coincide en que dentro de todo “salimos airosos”.
Ahora bien según los dichos de la presidenta Sheinbaum ella dice que no cae en triunfalismos. Reconoce que “todavía hay dos temas pendientes” con EE.UU.: “sí se aplican aranceles a las industrias del acero y el aluminio, así como a la automotriz” señaló que México busca resolver mediante el diálogo, no con represalias a diferencia de Canadá que respondió anunciando aranceles “espejo” del 25% a autos fabricados en EE.UU. en señal de presión, el gobierno de Sheinbaum descartó aplicar un “ojo por ojo”. No es un asunto de “si tú me pones tarifas, yo te pongo tarifas”, afirmó la mandataria, enfatizando que su estrategia es otra.
En esa línea, anunció que enviará al secretario de Economía Marcelo Ebrard a Washington para buscar una solución negociada. Ebrard viajará la próxima semana para mejorar la posición de México frente a estos aranceles y, en concreto, tratar de reducir la carga sobre el acero, el aluminio y los automóviles.