El próximo 12 de marzo se realizará la audiencia constitucional fijada para atender el amparo interpuesto ante la omisión de etiquetar partidas presupuestales que atiendan las necesidades de las personas LGBTIQ+ en Puebla.
A través de este recurso se busca que las autoridades demandadas, entre ellas el Gobernador del Estado de Puebla y el H. Congreso del Estado de Puebla modifiquen la ley presupuestaria local destinando una partida económica que atienda las necesidades de las personas de la diversidad sexual y de género que se definan en procesos colaborativos de escucha y reunión.
La Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2025 entró en vigor el pasado 1 de enero de 2025 y aunque en ella se destinó presupuesto a diversos grupos prioritarios, se omitió incluir a la diversidad sexual y de género pese a encontrarse también en un grado de desigualdad como otras poblaciones que sí fueron contempladas.
Esta ausencia presupuestal es contraria al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues perpetúa la dificultad para el ejercicio pleno de los derechos a la educación, la salud, el trabajo, el acceso a la justicia, entre otros y expone a las personas de la diversidad sexual y de género a seguir enfrentando violencias, desigualdades y discriminación.
La titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, Ana Laura Gutiérrez Sauza admitió este 14 de febrero el amparo número 144/2025 presentado por Amicus DH A.C., No Dejarse es Incluirse, A.C., y diversas personas en el que demandan presupuesto etiquetado para atender las necesidades de las personas de la diversidad sexual y de género.
Como resultado de un amparo similar en el que las autoridades del Estado de México debieron crear una partida presupuestaria que atendiera las necesidades de este grupo prioritario, el pasado 12 de febrero fue inaugurada la Clínica de la Diversidad Sexual en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango; también en Guanajuato se obtuvo sentencia a favor. Ambas acciones de litigio estratégico fueron impulsadas por Amicus DH A.C.. en sinergia con activistas locales.