Familiares de reos del Cereso de Puebla cerraron el Periférico Ecológico y quemaron llantas para denunciar extorsiones y amenazas en el penal.
La vialidad fue cerrada a la altura de La Guadalupana, sitio desde donde se apreció una columna de humo.
Con mantas y cartulinas, los quejosos señalaron que las personas privadas de su libertad son violentadas en sus derechos por otros reclusos y autoridades, al referir que son víctimas de cobro de piso, amenazas, extorsiones y más delitos.
Autoridades de vialidad conminaron a la ciudadanía a tomar vías alternas de circulación, pues el Periférico Ecológico está cerrado en ambos sentidos.
Por su parte, RUTA Puebla indicó en redes sociales que por motivo de cierre vial en Periférico Ecológico a la altura de La Guadalupana, se tuvieron afectaciones para la Línea 4 Integradora 2, Valsequillo–Amozoc.
GOBIERNO RECHAZA ACUSACIONES E INICIARÁ INVESTIGACIONES EN EL PENAL
En el Gobierno del Estado de Puebla se privilegia la protección a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPLs) y se llevan a cabo acciones permanentes para garantizar el orden y la legalidad al interior de los Centros Penitenciarios.
En ese sentido, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) rechaza los señalamientos por parte de un grupo de ciudadanos que se manifestaron en el Periférico Ecológico y posteriormente en inmediaciones del penal de Puebla, respecto a presuntos actos fuera de la ley por parte del personal penitenciario.
A fin de asegurar que los procesos al interior de estos espacios se desarrollen con apego a derecho, se iniciarán las investigaciones internas correspondientes.
La SSP está abierta al diálogo con las familias de las PPLs y dará puntual seguimiento a sus demandas. Por ello, les exhorta a denunciar formalmente cualquier hecho ilícito o acto indebido, ya que, al momento, no se cuenta con información o documentos que sustenten alguna queja por parte de las personas en reclusión ni de sus familiares.
De igual manera, la institución reitera que colaborará con las autoridades competentes y la Comisión Estatal de Derechos Humanos para garantizar transparencia en los procesos.