El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, fue trasladado al penal del Altiplano luego de que un juez cambiara sus medidas cautelares a petición de la periodista Lydia Cacho.
Cabe señalar que fue en agosto de 2024 cuando el expriísta salió de la cárcel para cumplir con arraigo domiciliario en su casa de Xilotzingo, Puebla.
La periodista Lydia Cacho presentó una apelación contra el arraigo domiciliario de Marín, pues había riesgo de fuga. Además, denunció que el ex gobernador creó una red de corrupción mientras estuvo recluido en el penal de Cancún, por lo que ahora arraigado en su casa en Puebla planeaba su liberación total.
Fue este miércoles 2 de abril cuando Mario Marín Torres recibió la notificación correspondiente de su traslado y posteriormente iniciar el camino al municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
Prisión domiciliaria no se ajustaba a derecho
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo revocación a la medida cautelar de prisión domiciliaria que tenía Mario “M”, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura cometido en contra de una periodista.
Lo anterior, luego de que el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, revocó la medida cautelar de prisión domiciliaria otorgada por una Jueza penal.
Elementos de la Guardia Nacional (GN), dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), cumplimentaron la determinación de dicho Tribunal. Mario “M”, se encontraba bajo prisión domiciliaria, con brazalete electrónico y supervisión directa desde agosto de 2024, sin embargo, la FEMDH, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), impugnó la decisión por considerar que no se ajustaba a derecho, por lo que se le internará en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano”.
La decisión del Tribunal de Alzada establece que la resolución dictada en beneficio del imputado careció de fundamentación adecuada, no valoró los riesgos procesales y omitió considerar el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos imputados.
Por su parte, el Ministerio Público Federal (MPF), enfatiza la trascendencia nacional del presente asunto, no sólo por la naturaleza del delito de tortura, sino por tratarse de una agresión contra una periodista en ejercicio de su libertad de expresión, en un contexto de uso ilegítimo de las instituciones del Estado para reprimir el derecho a la información.