Falta de personal, escaza orientación legal a víctimas y nulas medidas para proteger a testigos, fueron los principales problemas detectados para la impartición de justicia en casos de asesinato en Puebla.
El pasado 19 de febrero, la organización estadounidense Observatorio de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés) publicó el estudio “Doble Injusticia”, para analizar los retos de las fiscalías del país para atender casos de asesinatos, durante 2022 y 2023.
En el caso de Puebla concluyeron que uno de sus mayores pendientes fue que la Fiscalía General del Estado (FGE) casi no remitió a víctimas de homicidio doloso a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI).
A través de solicitudes de acceso a la información pública, el HRW verificó que la fiscalía de Puebla contabilizó 897 incidentes de homicidio doloso en 2023, pero sólo a 30 casos los remitieron a la CEEAVI, para recibir acompañamiento legal, médico, psicológico y financiero de manera gratuita.
Entre las razones por las que a nivel nacional las fiscalías no orientaron a víctimas se debió a que “no están obligados a remitir los casos a las comisiones de víctimas y las víctimas pueden renunciar a su derecho a un asesor jurídico o aceptar la representación legal de la fiscalía”.
Otro de los pocos avances de la FGE de Puebla fue que la organización estadounidense detectó que en 2022 sólo brindó medidas de protección policial a siete testigos de asesinatos.
HRW confirmó mediante entrevistas a personal de fiscalías del país que la falta de cuidado para quienes atestiguan los asesinatos se atribuyó a que consideraron que “las medidas de protección son para las víctimas, no para los testigos”.