Estados Unidos está investigando a dos gobernadores mexicanos, según informaron varias fuentes, mientras la administración Trump amplía su campaña contra altos funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado.
La medida contra los funcionarios gubernamentales en ejercicio amenaza al partido gobernante, que llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción, y tensar aún más la ya de por sí tensa relación entre los dos países.
Durante años, Estados Unidos se abstuvo de investigar a políticos en ejercicio en su lucha contra el narcotráfico, prefiriendo centrarse en los líderes de los cárteles. Pero a medida que muchos de los narcotraficantes más notorios de México han sido asesinados , arrestados o se han entregado , Washington ha redirigido su atención hacia el enjuiciamiento de líderes electos y agentes del orden sospechosos de estar involucrados en el crimen organizado.
Según fuentes familiarizadas con los casos, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, han sido despojados de sus visas estadounidenses en medio de investigaciones penales.
Ambos son miembros del partido gobernante Morena, y aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha criticado una reciente serie de investigaciones estadounidenses contra líderes mexicanos en ejercicio, calificándolas de injerencia electoral y violación de la soberanía de su país.
En abril, el Departamento de Justicia reveló graves cargos penales contra miembros prominentes del partido de Sheinbaum, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Se le acusó, junto con otros nueve funcionarios, actuales y anteriores, de ayudar al cártel de Sinaloa a introducir de contrabando fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y favores electorales.
“¿Es realmente un interés legítimo combatir el crimen organizado?”, preguntó Sheinbaum en un reciente mitin político. “¿O acaso estamos presenciando cómo sectores de la ultraderecha estadounidense están utilizando nuestro país para posicionarse de cara a las elecciones de 2026? ¿O pretenden influir en las elecciones de 2027 en nuestro país?”
Durazo, de 71 años, gobernador del estado fronterizo de Sonora, es uno de los líderes de más alto perfil que se cree que está siendo investigado. Anteriormente se desempeñó como secretario de Seguridad de México, ayudando a implementar la controvertida estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador de ” abrazos, no balazos “, que hacía hincapié en abordar las causas profundas del crimen en lugar de los enfrentamientos militares. Sonora es una importante ruta de tránsito del narcotráfico hacia Estados Unidos.
Personas familiarizadas con su caso, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos, dijeron que la visa de Durazo fue cancelada el año pasado y que Estados Unidos lo está investigando por supuestos vínculos con el crimen organizado.
Según informaron, Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado por una afección médica, en el marco de un programa de libertad condicional generalmente reservado para personas que cooperan con las autoridades. La oficina de Durazo no respondió a la solicitud de comentarios.
El programa, conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, permite a los no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de los cargos reales o pendientes en su contra o en contra de otros.
“En realidad, está diseñado para ser una herramienta para obtener información y pruebas”, declaró Vanda Brown, de la Brookings Institution, refiriéndose al programa. El periodista mexicano Luis Chaparro informó previamente que Durazo había perdido su visa debido a una investigación estadounidense y que se encontraba en libertad condicional. Una visa de turista típica para Estados Unidos tiene una vigencia de hasta 10 años, con posibilidad de renovación.
La investigación contra Villarreal, de 68 años, está relacionada con el contrabando de combustible pirateado, un lucrativo comercio ilegal conocido en México como huachicol , según fuentes cercanas al caso. Estas mismas fuentes indicaron que Villarreal también cuenta con libertad condicional por beneficio público significativo. Cuando cruza la frontera hacia Estados Unidos, suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses, según una persona familiarizada con su caso.
En un comunicado, Villarreal negó haber cometido irregularidad alguna, calificando las acusaciones de falsas, parciales y carentes de pruebas. Afirmó que, como servidor público, siempre ha sido transparente, responsable y ha respetado la ley.
Tamaulipas, que limita con Texas, es un centro para el contrabando de combustible hacia y desde Estados Unidos. Varios exgobernadores han sido investigados en México por vínculos con grupos criminales.
Es probable que las nuevas revelaciones intensifiquen la presión sobre Morena, cuyo fundador, López Obrador, llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción , la cual, según él, alimentaba la violencia. Juró que nadie involucrado en la corrupción quedaría impune, ni siquiera sus compañeros de armas.
Sheinbaum, la protegida política de López Obrador, ha prometido continuar esa lucha, y su administración ha arrestado a decenas de funcionarios locales acusados de irregularidades, incluidos algunos afiliados a Morena.
Algunos miembros de su partido han presionado a Sheinbaum para que rompa lazos con Rocha Moya y otros líderes sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado, para evitar que Morena se vea perjudicada por las acusaciones . Pero Sheinbaum, en cambio, ha cerrado filas e insiste en que su gobierno no accederá a la petición de Estados Unidos de extraditar a Rocha Moya.
En un mitin celebrado el fin de semana, Sheinbaum desestimó la investigación estadounidense sobre funcionarios de Sinaloa, calificándola de campaña de desprestigio con motivaciones políticas contra su gobierno de izquierda.
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, criticó sus comentarios. «La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos», escribió Johnson en X. «Cada momento que dedicamos a convertir este desafío de seguridad común en una disputa política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra alianza y proteger a las personas a las que servimos».
La escalada retórica llega en un momento crítico para ambos países, que el próximo mes iniciarán una revisión de su acuerdo de libre comercio con Canadá.
A lo largo de los años, los fiscales estadounidenses han presentado ocasionalmente casos de corrupción contra exfuncionarios mexicanos, entre ellos Genaro García Luna, un exministro de Seguridad que fue condenado a prisión en 2024 por aceptar sobornos del cártel de Sinaloa.
Pero atacar a los líderes electos en ejercicio es un enfoque nuevo y más confrontativo. Miembros de la administración Trump insisten en que es necesario porque el narcotráfico depende en gran medida de los funcionarios que lo protegen.
Según fuentes, en una reunión celebrada en mayo, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le comunicó a Sheinbaum que la administración Trump espera que México envíe a Rocha Moya a Estados Unidos.
Sheinbaum afirmó que su administración decidirá el destino del gobernador basándose en su propia evaluación de su conducta, y advirtió a Mullin que nuevas acusaciones estadounidenses contra líderes electos se considerarían injerencia política en los asuntos de México.
Sheinbaum podría optar por procesar a Rocha Moya, lo que indicaría a sus seguidores que se toma en serio la corrupción, pero que no está dispuesta a ceder ante la presión estadounidense.
Sin embargo, los funcionarios estadounidenses tienen poca fe en que Rocha Moya u otros políticos sean condenados en los tribunales mexicanos.
Señalan al exministro de Defensa Salvador Cienfuegos, quien fue arrestado en Los Ángeles en 2020 por cargos de narcotráfico en Estados Unidos y fue liberado a México luego de que López Obrador prometiera realizar una investigación. Menos de dos meses después, el gobierno mexicano exoneró a Cienfuegos . Posteriormente, López Obrador le otorgó una alta condecoración militar.
Trump ha convertido la lucha contra los cárteles de la droga latinoamericanos en una prioridad clave de su política exterior, adoptando un enfoque maximalista que ha incluido declarar a las bandas criminales como organizaciones terroristas, hacer estallar supuestos barcos de narcotraficantes en alta mar y autorizar ataques militares estadounidenses en Ecuador y Guatemala.
Trump ha amenazado repetidamente con ataques contra objetivos de cárteles en México, lo que, según Sheinbaum, México consideraría un acto de guerra. Ella ha criticado duramente las revelaciones sobre la reciente participación de funcionarios de la CIA en una redada a un laboratorio de drogas en el norte del estado de Chihuahua, afirmando que se trató de una violación de la soberanía.
La cancelación de visados es una estrategia más discreta, pero potencialmente poderosa.
El año pasado, Reuters informó que Estados Unidos había revocado, discretamente, las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, aunque pocos han confirmado públicamente haberlas perdido. Una política que sí reconoció haber perdido la suya es la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha negado cualquier vínculo con el crimen organizado.
Según fuentes consultadas por el Times, el Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos ha tomado la iniciativa en la cancelación de visas. El centro, que forma parte de la Dirección de Inteligencia Nacional, ahora se centra más en los cárteles designados como grupos terroristas y en los políticos presuntamente confabulados con ellos que en las posibles amenazas provenientes de Oriente Medio.
Fuentes familiarizadas con la nueva estrategia indicaron que no todos los organismos policiales estadounidenses están de acuerdo con un mayor número de cancelaciones de visados, ya que, según afirman, esto a veces puede interferir con las investigaciones criminales.
Dentro de la administración de Sheinbaum, la acusación contra Rocha Moya ha provocado un inquietante juego de adivinanzas sobre qué funcionarios mexicanos podrían ser acusados a continuación, según personas familiarizadas con el asunto.
El ataque contra funcionarios se produce mientras Sheinbaum se prepara para las elecciones de medio término de 2027, donde se disputará la totalidad de la Cámara de Diputados mexicana —donde su partido ostenta actualmente la mayoría—, además de 17 gobernaciones estatales. Según analistas políticos, debe elegir cuidadosamente a los candidatos que respalda, ya que apoyar a candidatos a gobernador que podrían ser blanco de las autoridades estadounidenses podría desestabilizar las elecciones y poner en peligro la mayoría de su partido.
En privado, Sheinbaum ha instado a los miembros de Morena a renunciar si están involucrados en actos de corrupción. Públicamente, ha adoptado una postura desafiante ante las acusaciones estadounidenses de que México está “controlado” por cárteles. El martes, respondió al embajador Johnson, pidiéndole que se abstuviera de comentar sobre asuntos internos de México.
“Los asuntos de México pertenecen a los mexicanos”, dijo.
Este artículo fue publicado en colaboración con Puente News Collaborative, una redacción bilingüe sin fines de lucro que cubre noticias de México y la frontera entre Estados Unidos y México. Cecilia Sánchez Vidal, de la corresponsalía del Times en la Ciudad de México, contribuyó a este reportaje.
ALFONSO DURAZO NIEGA RETIRO DE VISA Y VÍNCULOS CON CÁRTELES
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, rechazó este martes las versiones que señalan una supuesta cancelación de su visa de turista y negó categóricamente cualquier relación con organizaciones delictivas o acuerdos de cooperación con gobiernos extranjeros.
La aclaración se produjo luego de que Los Ángeles Times difundiera una publicación en la que se aseguraba que su visa había sido revocada y que contaba con un permiso especial de colaboración como testigo.
Ante estas afirmaciones, el mandatario sonorense sostuvo que se trata de una “nota sin fuentes”, carente de sustento y sin fuentes verificables.
Confirmó que su visa permanece vigente y destacó que tanto su trayectoria pública como el desempeño de su administración se han caracterizado por la transparencia y la rendición de cuentas.
“Creo que hay un ánimo de debilitar, sin duda políticamente, a un proyecto progresista que es estelar a nivel mundial”, expresó.
Ante la pregunta sobre si su hijo también carecía de visa, el gobernador fue claro al desmentir la información.
Con información de Los Ángeles Times y El Heraldo