El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Puebla informó que, durante la visita de supervisión extraordinaria realizada los días 14 y 15 de mayo en el Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, se escuchó a las partes relacionadas con el proceso de Manuel Forcelledo Nader, sentenciado por el delito de feminicidio en agravio de Karla López Albert.
Dijo que, derivado de lo anterior, el Órgano Interno de Control inició una investigación administrativa en contra del juez Enrique Romero Razo y ya realiza las diligencias correspondientes en el ámbito de sus atribuciones, con el propósito de esclarecer los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades a que haya lugar.
El Consejo de la Judicatura reiteró que toda actuación jurisdiccional y administrativa debe apegarse estrictamente a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y responsabilidad institucional.
Por ello, agregó, se mantiene una política permanente de supervisión y cero tolerancia ante posibles irregularidades, lo que se ha traducido en investigaciones y sanciones contra personas servidoras judiciales cuando así lo determinan los procedimientos correspondientes.
La pasada semana, el juez Romero Razo puso en libertad por cambio de medidas cautelares a Manuel Forcelledo Nader, sentenciado a 76 años de cárcel por el feminicidio de Karla López Albert, pero la judicatura estatal evitó dicha situación.
Fue en las últimas horas del miércoles 13 de mayo cuando trascendió que Romero Razo había desarrollado toda una estrategia para poner fuera de las rejas al acusado de abusar sexualmente y matar a su ex pareja, además de provocarle un aborto, pues estaba embarazada al momento del crimen.
Para ello solicitó permiso de ausentarse a sus actividades y dejó a una abogada a su cargo para que pudiera firmar cualquier documento en su nombre y fue ahí en donde entró el cambio de medida cautelar para Forcelledo Nader, ya que pasaría a prisión domiciliaria con el uso de una pulsera y tendría que acudir a firma periódica.
La situación se hizo pública de inmediato en redes sociales y la polémica no se hizo esperar, por lo que el Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla tuvo que intervenir y poner alto a esta situación, por lo que el sentenciado permanece en prisión y se ha iniciado una investigación por el actuar del juez Enrique Romero Razo.