La presidenta Claudia Sheinbaum propone endurecer penas por feminicidio, hasta con 70 años de prisión, busca eliminar la preescripción y reforzar la reparación del daño.
También se plantea que los feminicidas pierdan la patria potestad de hijos e hijas, que se conoce como Ley Monzón por el caso de la poblana Cecilia Monzón, cuyos deudos lograron que el autor intelectual de su feminicidio y padre de su hijo, Javier López Zavala, perdiera derechos sobre el menor de edad.
En la conferencia de prensa de este martes, la presidenta anunció que enviará al Poder Legislativo una iniciativa de reforma constitucional de una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con penas hasta de 70 años de prisión y que considera 21 agravantes.
El objetivo: cualquier muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio.
La propuesta impulsa la construcción de un marco jurídico que permita homologar el tipo penal en el que se reconocen nueve razones de género, tales como signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes; antecedentes de violencias, prejuicios, estereotipos, existencia de relaciones de poder o subordinación; que la víctima haya sido incomunicada, que se encuentra en estado de indefensión o que haya exposición del cuerpo, entre otras.
Plantea una pena de 40 a 70 años de prisión; sancionar la tentativa con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes; multa en UMA’s y 21 agravantes.
Entre ellas, que la víctima sea niña, adolescente o persona mayor, tenga alguna discapacidad, que se cometa el feminicidio frente a hijas o hijos; que la víctima se encuentre en situación de movilidad migrante; que pertenezca a pueblos originarios, entre otros.
Buscan homologar los protocolos de investigación en todo el país para incorporar la forma de coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas “para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio”.
El delito de feminicidio se investigará y perseguirá de oficio; mientras la sanción que se imponga y la reparación integral del daño por el delito de feminicidio son imprescriptibles.
La iniciativa contempla que el responsable del feminicidio perderá los derechos sucesorios que por cualquier concepto pudiera tener respecto a propiedades, bienes, derechos y otros.
Asimismo, perderá la patria potestad de hijos e hijas, perderá la tutela, guarda y custodia de aquellas personas de quien se tenga legítimo derecho y pierde cualquier beneficio legal relacionado con las víctimas directas o indirectas.