Entre los casos est\u00e1n la comisariada ejidal Enedina Rosas V\u00e9lez y el activista Juan Carlos Flores<\/p>\n
Apro reporta que las diputadas federales Loretta Ortiz Alhf y Roxana Luna, de PT y PRD, respectivamente, presentaron ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por los casos de 33 personas que se encuentran encarceladas por protestar o manifestarse en Puebla.<\/span><\/p>\n Al participar en un foro sobre derechos humanos realizado en la poblaci\u00f3n de Tlaxcalancingo, la diputada Ortiz, quien en 2011 fue una de las promotoras del juicio penal internacional contra el entonces presidente Felipe Calder\u00f3n por su guerra contra el narcotr\u00e1fico, consider\u00f3 que los \u201cpresos pol\u00edticos\u201d en Puebla ameritan la intervenci\u00f3n de la CIDH.<\/p>\n Se se\u00f1alan como autoridades responsables de la violaci\u00f3n de derechos humanos al presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, al gobernador Rafael Moreno Valle, al procurador V\u00edctor Carranc\u00e1, y a los diputados locales que aprobaron la llamada \u201cley bala\u201d.<\/p>\n Indic\u00f3 que el expediente con los casos de los 33 activistas presos ya fue enviado desde el viernes 15 a la CIDH para pedir que dicte medidas cautelares a favor de esas persona, luego de que se violentara su derecho humano de presunci\u00f3n de inocencia, ya que a la fecha no se les ha probado delito alguno.<\/p>\n Incluso Ortiz agreg\u00f3 que muchas de estas personas ya debieron ser liberadas por tener derecho a fianza o porque ya se les otorg\u00f3 amparo, pero siguen encarceladas por distintas argucias legales que ha interpuesto el gobierno poblano.<\/p>\n Mencion\u00f3 el caso del l\u00edder campesino Abraham Cordero, opositor a la construcci\u00f3n del Libramiento Arco Poniente, que incluso obtuvo un amparo porque los delitos por los cuales es procesado no son considerados como graves.<\/p>\n Sin embargo, sigue en prisi\u00f3n porque el Ministerio P\u00fablico apel\u00f3 la orden judicial, al alegar que el activista es una persona peligrosa para la sociedad, con lo que se alarga la permanencia de Cordero en la c\u00e1rcel.<\/p>\n Entre los casos que documenta la denuncia presentada en la CIDH, est\u00e1n las detenciones de la comisariada ejidal Enedina Rosas V\u00e9lez; del activista Juan Carlos Flores Sol\u00eds, y del dirigente campesino Abraham Cardero Calder\u00f3n, quienes se manifestaron contra el Proyecto Integral Morelos (gasoducto) y la construcci\u00f3n del Arco Poniente.<\/p>\n Tambi\u00e9n se incluyen las nueve personas detenidas el lunes 16 de junio en San Francisco Ocotl\u00e1n, junta auxiliar de Coronango, durante un operativo contra mototaxistas.<\/p>\n Adem\u00e1s, de otras nueve detenidas en Cacalotepec durante las protestas del 21 de junio contra el sistema de transporte, as\u00ed como otras ocho personas que fueron apresadas el 1 de julio por protestar en Tehuac\u00e1n por el retiro de las Oficinas de Registro Civil de las Juntas Auxiliares.<\/p>\n Igual se menciona el caso de Chalchihuapan, por el que se levantaron cargos por el asesinato del ni\u00f1o Jos\u00e9 Luis Tehuatlie Tamayo contra cuatro habitantes de esa comunidad y que finalmente fueron liberados al quedar demostrado que su aprehensi\u00f3n fue media hora antes de que se desatara la gresca entre polic\u00edas y manifestantes.<\/p>\n Sin embargo, los cuatro siguen sujetos a proceso judicial por los cargos de obstrucci\u00f3n a las v\u00edas de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n