El gobierno mexicano rechaz\u00f3 de manera categ\u00f3rica que la Estrategia Nacional de Seguridad pueda constituir un crimen internacional y que, por el contrario, \u00e9sta se apega al Estado de derecho y su fin es llevar a los delincuentes ante la justicia.<\/p>\n
La Secretar\u00eda de Relaciones Exteriores (SRE) dio respuesta as\u00ed en un comunicado emitido por la noche, al anuncio de un grupo de ciudadanos, quienes dijeron que solicitar\u00edan frente a la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia contra el Presidente Felipe Calder\u00f3n, sus altos mandos militares y civiles, as\u00ed como a los narcotraficantes por \u201ccr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad.\u201d<\/p>\n
En la respuesta de seis puntos, la canciller\u00eda \u201crechaza categ\u00f3ricamente\u201d que la pol\u00edtica de seguridad en el pa\u00eds pueda constituir un crimen internacional.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se\u00f1ala que el gobierno de M\u00e9xico est\u00e1 convencido de que s\u00f3lo mediante el cumplimiento de la ley se podr\u00e1 acceder a la justicia y alcanzar un clima de seguridad que todos los ciudadanos reclaman.<\/p>\n
\u201cEn coordinaci\u00f3n con los tres \u00f3rdenes de gobierno y los Poderes de la Uni\u00f3n, se ha desplegado un esfuerzo sin precedentes para fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones de seguridad y de justicia\u201d en los tres \u00f3rdenes de gobierno, apunta.<\/p>\n
Luego de detallar que el compromiso del gobierno con la protecci\u00f3n de los derechos humanos es indeclinable, expone que en los \u00faltimos cinco a\u00f1os se ha logrado la mayor ampliaci\u00f3n de derechos fundamentales en M\u00e9xico.<\/p>\n
Califica a la reciente reforma constitucional como un paso trascendental que establece la obligaci\u00f3n de todos los \u00f3rdenes de gobierno para prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones en la materia y fortalece a la CNDH.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se\u00f1ala, hay nuevas leyes de migraci\u00f3n y refugiados, as\u00ed como reformas en justicia penal y amparo. Todo ello promovido por el gobierno federal como avance en la certeza jur\u00eddica de los ciudadanos ante la autoridad.<\/p>\n
El cuarto punto indica que M\u00e9xico firma los instrumentos internacionales de derechos humanos y asume la responsabilidad de promover una comunidad internacional segura, democr\u00e1tica, donde se hagan valer el Estado de derecho y los derechos humanos.<\/p>\n
Por ello, se ha mantenido la cooperaci\u00f3n con los \u00f3rganos internacionales en la materia y se han extendido invitaciones a todos ellos, adem\u00e1s de numerosos programas de cooperaci\u00f3n, dice el comunicado.<\/p>\n
\u201cHacer un llamado a que el Fiscal de la Corte Penal Internacional analice la situaci\u00f3n de M\u00e9xico es presentar de manera equivocada la realidad nacional\u201d, afirma la canciller\u00eda.<\/p>\n
Explica que la jurisdicci\u00f3n de esa Corte es complementaria a las jurisdicciones penales nacionales. Se justifica la acci\u00f3n de la Corte s\u00f3lo cuando un Estado no puede o no quiere ejercer acci\u00f3n penal para castigar ciertos cr\u00edmenes. Ninguno de estos dos supuestos aplica.<\/p>\n
\u201cEn nuestro pa\u00eds la sociedad no es v\u00edctima de un gobierno autoritario o de abusos sistem\u00e1ticos por parte de las fuerzas armadas\u201d, aclara.<\/p>\n
Esto, porque el Estado mexicano act\u00faa conforme a derecho en el combate a las todas las organizaciones criminales que, dada la diversificaci\u00f3n de los delitos que cometen y el alto poder de fuego de sus integrantes, ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de las familias, anota.<\/p>\n
Insiste que en M\u00e9xico se vive un Estado de derecho donde se combaten sin distinci\u00f3n el crimen y la impunidad, y el Estado act\u00faa contra las organizaciones criminales, lo mismo que contra malos servidores p\u00fablicos \u201cque han dado la espalda a sus deberes\u201d.<\/p>\n
De hecho, es prioridad para el gobierno la atenci\u00f3n de las v\u00edctimas u ofendidos de delitos, y muestra de esto es la reciente creaci\u00f3n de Procuradur\u00eda Social de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas de Delitos.<\/p>\n
El comunicado concluye con el se\u00f1alamiento de que, para el gobierno, el compromiso con las autoridades locales y la sociedad, es indeclinable en la lucha com\u00fan contra las organizaciones criminales.<\/p>\n
EN CONTEXTO<\/strong><\/p>\n Ayer, un un grupo de abogados, periodistas, acad\u00e9micos, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil expusieron las razones que ser\u00e1n presentadas en La Haya frente a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar al Presidente Felipe Calder\u00f3n, a sus altos mandos militares y civiles, as\u00ed como a los narcotraficantes por cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad.<\/p>\n Entre las razones expuestas en una petici\u00f3n, disponible en l\u00ednea, se lee:<\/p>\n \u201cFelipe Calder\u00f3n declar\u00f3 el inicio de una \u201cguerra\u201d contra el narcotr\u00e1fico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de m\u00e1s de 40 mil seres humanos en los \u00faltimos 4 a\u00f1os. Para ello se ha valido de las fuerzas polic\u00edacas, el Ej\u00e9rcito y Marina mexicanas. El uso del Ej\u00e9rcito en operativos contra el narcotr\u00e1fico comenz\u00f3 varios a\u00f1os atr\u00e1s pero se intensific\u00f3 en este per\u00edodo. Calder\u00f3n ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ej\u00e9rcito en funciones que deber\u00edan desarrollar los cuerpos polic\u00edacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, informe preeliminar, marzo 2011). Tan s\u00f3lo en 2010 este conflicto armado ha causado m\u00e1s muertes que la guerra emprendida por los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica en Afganist\u00e1n y Paquist\u00e1n (Bar\u00f3metro de Conflictos, Universidad de Heidelberg Alemania) y ha dejado tambi\u00e9n m\u00e1s desplazados, esto es, alrededor de 120 mil personas debido a la violencia generalizada (Internal Displacement Monitoring Center 2010). La situaci\u00f3n de los j\u00f3venes y ni\u00f1os es particularmente vulnerable: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en M\u00e9xico). \u201d<\/p>\n Asimismo, los convocantes consideran que \u201cM\u00e9xico vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria m\u00e1s dram\u00e1tica de su historia\u201d, as\u00ed como que el pa\u00eds vive una \u201c impunidad estructural en la que \u00fanicamente el 12% de los delitos son denunciados y el 8% investigados.\u201d<\/p>\n La petici\u00f3n de juicio al presidente de M\u00e9xico contin\u00faa abierta y hasta el momento ha sido firmada en l\u00ednea por 12 mil 141 personas, aunque se estima que lleva m\u00e1s de 20 mil firmas recaudadas; entre los signatarios destacan Julio Scherer Ibarra (Jurista, periodista y autor), John M. Ackerman (Instituto de Investigaciones Jur\u00eddicas, UNAM), Jos\u00e9 Rosario Marroqu\u00edn (Director, Centro de Derechos Humanos \u201cPro Ju\u00e1rez\u201d), Irma Er\u00e9ndira Sandoval (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM), Edgardo Buscaglia (Abogado, investigador y consultor de la ONU) y Epigmenio Ibarra (Presidente, Argos Comunicaci\u00f3n).<\/p>\n \u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El gobierno mexicano rechaz\u00f3 de manera categ\u00f3rica que la Estrategia Nacional de Seguridad pueda constituir un crimen internacional y que, por el contrario, \u00e9sta se apega al Estado de derecho y su fin es llevar a los delincuentes ante la justicia. 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