Nadie duda de la enorme capacidad que tienen los operadores del transporte p\u00fablico (ll\u00e1mense choferes) para poner en su contra al resto de la sociedad.<\/p>\n
Ya sea como usuarios de ese transporte o como automovilistas, o como ambos, los habitantes de la ciudad de Puebla y su zona metropolitana conocen bien los niveles de irracionalidad con que suelen comportarse estos se\u00f1ores a la hora de ir detr\u00e1s de un volante.<\/p>\n
Aun as\u00ed, con todo y esta carga de malestar social que traen a cuestas, estos trabajadores tienen que ser objeto de un trato igualitario en la ley, lo que no ha ocurrido en Puebla desde hace cinco a\u00f1os y medio, cuando un gobernador (de apellido Mar\u00edn) y un aspirante a gobernador (de apellidos L\u00f3pez Zavala) modificaron el C\u00f3digo de Defensa Social para aplicarles “mano dura” y quedar bien ante los ojos de ese “resto de la sociedad”.<\/p>\n
Lo malo no fue la “dureza” con que comenzaron a castigarse las negligencias de los choferes cometidas en el ejercicio de su trabajo, sino que por hechos delictivos id\u00e9nticos a los de conductores particulares fueron medidos (juzgados) con diferente rasero.<\/p>\n
Aquello que a primera vista pareci\u00f3 un mero acto de justicia se convirti\u00f3 pronto en un tema de inconstitucionalidad.<\/p>\n
Mario Mar\u00edn estuvo enterado de ello pero prefiri\u00f3 presumir que el gobierno de Puebla, el suyo, era un gobierno inmisericorde con los choferes homicidas, aunque por eso mismo atentara contra el m\u00e1ximo ordenamiento jur\u00eddico del pa\u00eds: la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
Si bien la confesi\u00f3n vertida en febrero pasado por el diputado panista Jorge Garcilazo Alc\u00e1ntara fue el adelanto de una magn\u00edfica noticia para operadores y concesionarios del transporte p\u00fablico, las palabras del secretario de Transportes, Bernardo Huerta Couttolenc, a favor de la derogaci\u00f3n del art\u00edculo 86 de ese C\u00f3digo de Defensa Social, confirman el objetivo de la nueva administraci\u00f3n por cumplir una de las m\u00e1s sentidas demandas del sector.<\/p>\n
Las expresiones de Garcilazo, vertidas hace cinco meses, sumadas a las de Huerta, manifestadas el fin de semana, coinciden en volver a otorgarle a los conductores la posibilidad de obtener la libertad bajo fianza despu\u00e9s de cometer homicidio culposo.<\/p>\n
Y que lo digan el diputado presidente de la Comisi\u00f3n de Transportes en el Congreso, panista, y el secretario del ramo dentro del gabinete estatal, no es otra cosa m\u00e1s que la respuesta del gobierno morenovallista a la solicitud planteada en campa\u00f1a por el gremio del transporte.<\/p>\n
Bernardo Huerta considera discriminatoria la legislaci\u00f3n actual, pues otorga beneficios a un conductor particular sobre uno del transporte p\u00fablico en relaci\u00f3n a incidentes similares.<\/p>\n
\u00c9l dir\u00e1 que el tema compete a los legisladores y que son ellos quienes revisar\u00e1n el tema para hacer las correcciones pertinentes.<\/p>\n
La verdad es que la Secretar\u00eda a su cargo y la de Juan Pablo Pi\u00f1a, la Secretar\u00eda de Servicios Legales y Defensor\u00eda P\u00fablica, son las que est\u00e1n preparando una iniciativa de reforma para terminar con esa desigualdad.<\/p>\n
Revise aquello que dice el C\u00f3digo en la actualidad.<\/p>\n
Para los conductores ajenos al servicio p\u00fablico est\u00e1 el art\u00edculo 83:<\/p>\n
“Los delitos culposos se sancionar\u00e1n con prisi\u00f3n de tres d\u00edas a cinco a\u00f1os y suspensi\u00f3n hasta de dos a\u00f1os del derecho de ejercer la profesi\u00f3n o el oficio, en cuyo ejercicio se hubiera cometido el delito.”<\/p>\n
Y para los choferes, el 86:<\/p>\n
“Cuando se cause homicidio por actos u omisiones culposos de quien realiza un servicio p\u00fablico de transporte, la sanci\u00f3n ser\u00e1 de seis a 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n de dos a 10 a\u00f1os para transportar pasajeros, aun si lo hiciere en forma ocasional.”<\/p>\n
Los particulares tienen derecho a la libertad bajo el pago de una fianza porque la sanci\u00f3n m\u00e1xima establecida en la ley no rebasa los cinco a\u00f1os, a diferencia de los operadores del transporte, que por un “peque\u00f1o” ajuste se van hasta los 15 a\u00f1os.<\/p>\n
Esa diferencia es por la que han protestado los transportistas en los \u00faltimos cinco a\u00f1os y medio.<\/p>\n
Ya los escucharon.<\/p>\n
El gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas trabaja en la reforma.<\/p>\n
Lo que todav\u00eda no definen Huerta y Pi\u00f1a es c\u00f3mo eliminar el art\u00edculo 86 sin que se perciba una suerte de obsequio de impunidad a favor de los operadores.<\/p>\n
Estos se\u00f1ores no son “hermanitas de la caridad” que merezcan la flexibilizaci\u00f3n de las leyes.<\/p>\n
No pueden ni deben ser tratados con inequidad, pero tampoco con benevolencia.<\/p>\n
Ah\u00ed es donde est\u00e1 empantanada la iniciativa.<\/p>\n
Pero de que pronto desaparecer\u00e1 el art\u00edculo 86 como se le conoce, ni lo dude.<\/p>\n
Hasta la pr\u00f3xima.<\/p>\n
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