Hay dos formas de incidir en las decisiones de un Congreso sin ser diputado: la primera es participar en los debates que se generan alrededor de la creaci\u00f3n legislativa. Los debates previos entre los legisladores y los integrantes de los grupos de intereses son la muestra de que el Congreso est\u00e1 abierto a escuchar las voces de los que, a favor o en contra, defienden posturas respecto de un proyecto de ley.<\/p>\n
El segundo momento se da cuando se ha tomado una decisi\u00f3n en sede legislativa y ya existe una ley. En ese caso, los ciudadanos tienen a su alcance el juicio de amparo, como instrumento jur\u00eddico de control constitucional de leyes, para que se declare inconstitucional una\u00a0 ley y \u00e9sta cese en sus efectos jur\u00eddicos.<\/p>\n
Por ello, los periodistas que consideren que la bautizada \u201cRafamordaza\u201d, que suprime los delitos de difamaci\u00f3n y calumnia del c\u00f3digo de defensa social y realiza reformas al C\u00f3digo Civil, atenta contra sus derechos y libertades, tienen a su alcance el amparo como medio para reclamar que la nueva ley viola su libertad de expresi\u00f3n. Mediante el amparo podr\u00e1n reclamar que el Congreso del Estado, al crear la nueva norma, restringe indebidamente su libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n
El punto es que, como bien lo ha se\u00f1alado Mario Alberto Mej\u00eda, habr\u00e1 que distinguir que el concepto de Da\u00f1o moral no es nuevo, por lo que decir que los periodistas estar\u00e1n sometidos a no violentar la moral de aquellos a quienes se dirigen y aquellos respecto de quienes hablan, no es cuesti\u00f3n que sea debatible. El respeto a la integridad de una persona, va m\u00e1s all\u00e1 de la nueva ley. Est\u00e1 reconocido en instrumentos internacionales, que, jer\u00e1rquicamente, se encuentran por encima de cualquier disposici\u00f3n emanada del Congreso Poblano. <\/p>\n
Tambi\u00e9n es cierto que el hecho de que desaparezcan del C\u00f3digo de Defensa social los tipos de difamaci\u00f3n y calumnia es un avance. No es lo mismo enfrentar una acusaci\u00f3n por una demanda civil, que enfrentarla tras las rejas. El caso de Lydia Cacho es ejemplar. Si Mar\u00edn no hubiese tenido a su alcance la configuraci\u00f3n del delito de difamaci\u00f3n y calumnia, la periodista pudo haber sido demandada, pero nunca detenida y tratada de la forma inhumana que todos conocemos. <\/p>\n
M\u00e1s vale discutir en tribunales civiles si un periodista ha causado o no da\u00f1o moral a un persona, que hacerlo en tribunales penales.<\/p>\n
Por eso pienso que\u00a0 se ha sobredimensionado el problema: el Congreso puede dictar una ley que a muchos les parezca una ley mordaza o a otros un simple berrinche del nuevo gobierno que no pase a mayores, pero lo cierto es que tanto los periodistas como el gobierno, encuentran l\u00edmites y derechos m\u00e1s all\u00e1 de lo que diga el Congreso poblano. En otras palabras: lo que diga el Congreso Poblano se ve opacado por los instrumentos internacionales que protegen la labor de periodistas. No obstante, si los periodistas piensan que la nueva ley se convertir\u00e1 en un instrumento de censura, tendr\u00e1n que atacar la norma que emane del congreso estatal, y reclamar sus derechos. Ahora es su responsabilidad.<\/p>\n
En este punto t\u00e9cnico (la reclamaci\u00f3n jur\u00eddica de la constitucionalidad de la nueva ley) el resto de la ciudadan\u00eda, por el momento, nada tiene que decir. Los interesados son dos: periodistas y congreso. En cuanto se aplique la nueva norma, el resto de la ciudadan\u00eda podr\u00e1 decir algo. Por el momento, los periodistas tienen la palabra. Es a ellos a quienes corresponde reclamar la inconstitucionalidad de la norma. Para ello, tendr\u00e1n que dejar de lado (algunos de ellos) los gritos y sombrerazos. La discusi\u00f3n se ganar\u00e1 con argumentos, no con descalificaciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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