Lesly Mellado May

El 23 de marzo de 2020 las escuelas quedaron desiertas. El gobierno mexicano decidió mandar a los estudiantes a su casa para frenar los contagios de COVID.

Los optimistas pensaron que después de las vacaciones de semana santa, los niños volverían a corretear por los patios, pero fallaron los pronósticos. Los padres de familia estuvieron, entonces, lejos de imaginar que llegaría otra semana santa con las escuelas cerradas.

Ya hay cifras de la tragedia educativa que nos deja la COVID: 5 mil alumnos de nivel preescolar a bachillerato en Puebla se dieron de baja; a nivel nacional 5.2 millones de estudiantes de entre 3 y 29 años ya no son parte del sistema educativo.

El secretario de Educación de Puebla, Melitón Lozano, consideró que 5 mil alumnos desertores es un número mínimo comparado con el 1.7 millones de estudiantes en la entidad.

5 mil respecto a 1.7 millones efectivamente suena a nada si hablamos de números, pero hay en Puebla 5 mil estampas e historias de pobreza y desigualdad. 5 mil personas es el aforo del auditorio Metropolitano de Puebla. Poco o mucho, 5 mil desertores es algo que no debió pasar.

A decir del funcionario estatal sólo han perdido contacto con menos del 1% de estudiantes y el 99% cumple con actividades escolares. No dio mayores detalles, pero una versión triunfalista en un tiempo en el que todos vemos cómo aumenta la brecha educativa no dará por resultado que la realidad cambie.

La Encuesta para la Medición del Impacto COVID en la Educación que realizó el INEGI da una pincelada de lo que Lozano se niega a admitir.

El organismo federal informó que en lo que va de la pandemia a nivel nacional han desertado 5.2 millones de estudiantes de preescolar a nivel universitario y encontraron estas razones: perdió el contacto con maestras/maestros o no pudo hacer tareas (28.8%), alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o redujeron sus ingresos (22.4%), la escuela cerró definitivamente (20.2%) y carecía de computadora, otros dispositivo o conexión a internet (17.7%).

Sobre los motivos detallados de no inscribirse en el ciclo 2020-2021 a efecto de la pandemia por COVID-19, se identifica que 26.6% no se inscribió por considerar que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; 25.3% debido a que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo; asimismo el 21.9% reportó no inscribirse por carecer de computadora, otros dispositivo o conexión de internet.

El sistema de Aprende en Casa tiene a los padres al borde del colapso. El eje de las conversaciones es “no tengo paciencia” y casi siempre la respuesta al unísono es: “yo tampoco”. Hablamos de los que se pueden dar tiempo para apoyar a sus hijos en las actividades escolares, pero sucede que el 4.4% de los desertores detectados por el INEGI dice que la causa de dejar los estudios es que no hay un adulto disponible para brindarle ayuda.

Haciendo referencia al nivel primaria los padres vacilan entre qué será mejor: ver los programas de televisión, resolver los cuadernillos de los maestros, guiarse en los libros de texto, pagar por clases virtuales, cumplir con las manualidades…

Si la queja en la escuela pública es la laxitud, en el caso de las privadas se sabe que han sometido a los alumnos a clases virtuales hasta por 6 horas en la mañana y por la tarde deben hacer tarea como si estuvieran en un curso ordinario.

El estudio del INEGI arrojó que la mitad de los niños y jóvenes dedica entre 3 y 5 horas diarias para sus actividades escolares. Para la población en el nivel de primaria reportó un 80.8% de hasta cinco horas de estudio de dedicación al día, mientras que para la población en el nivel secundaria el porcentaje fue de 72.6%; para el nivel media superior fue 48.3%; y para el nivel superior fue solamente del 42.3%. En contraste el 57.5% de la población en el nivel superior le dedicó seis horas o más a estas actividades al día, mientras que para el nivel de media superior dicho porcentaje fue de 51.6%, seguido del nivel secundaria con 39.1% y finalmente el nivel primario con 19.2%.

En medio de esta numeralia algo plausible es que los niños y jóvenes ya quieren volver a la escuela: Sobre la disponibilidad de los alumnos para asistir a clases presenciales una vez que el gobierno lo permita, se tiene que para todos los grupos de edad más de la mitad de los estudiantes tiene mucha disponibilidad para ello, siendo el grupo de edad entre los 13 a 18 años el de mayor disponibilidad con 64.1%, seguido del grupo de edad de 6 a 12 años con 60.7%. En contraste el grupo en el que se tiene el mayor porcentaje respecto a las opciones de respuesta de poco o nada disponibilidad fue el de 3 a 5 años con 29.7%, seguido del grupo de edad de 19 a 29 años con 28 por ciento.

Lesly Mellado May

¿Qué pensaría si le dijera que una de las causas del desabasto de medicamentos (específicamente contra el cáncer) en el sector público tuvo su origen en Puebla?

Pues tendríamos que remontarnos al 14 febrero de 2019, cuando la Secretaría de Salud estatal avisó a la Cofepris que ocho pacientes del Hospital del Niño Poblano habían presentado reacciones adversas por la administración de un medicamento denominado metotrexato, producido por Laboratorios Pisa. Para mayo de 2019 la Cofepris revisó la planta de Pisa y ordenó detener la producción e inmovilizar la distribución del metotrexato.

A decir de la organización Impunidad Cero esta afrenta a los laboratorios generó el desabasto que todavía hoy viven quienes padecen cáncer infantil.

Lo cierto es que el desabasto no sólo es para esta enfermedad. Los derechohabientes del IMSS, ISSSTE, Pemex, ISSSTEP y quienes acuden a la red de hospitales públicos cotidianamente escuchan que no hay medicamentos. Y esta carencia no es sólo producto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, data de hace dos décadas.

Ya en el año 2003 la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenía en casos de falta de medicamentos a través de recomendaciones al gobierno federal. Ese año se contabilizaron al menos 60 quejas. El desabasto, entonces, se explicaba por la corrupción. A los ojos de todos los mexicanos crecieron las fortunas de quienes ocupaban cargos en las Secretarías de Salud.

Parte de las expectativas de la llegada de AMLO a la presidencia es que ¿por fin? los mexicanos tendrían acceso a la salud. Pero como ha sucedido en muchas áreas, la administración federal no atina a resolver el abasto de medicamentos.

El gobierno federal enfrenta a las poderosas farmacéuticas con trabajos escolares del “deber ser”, así que será difícil que gane la partida.

Mientras los enfermos se quejan y mueren porque no hay medicamentos, algunos gobernadores maniobran para conseguir lo que pueden, y el presidente avisa casi cada mañana que ya merito funciona el Insabi; los industriales afirman que los insumos no llegan a su destino porque la Federación no completó el proceso administrativo de distribución.

Esta semana la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) emitió un comunicado explicando por qué no llegan los medicamentos que el Insabi ya compró y pago para este 2021:

“Las empresas que conforman AMIIF -y que reportan ya haber realizado las firmas de contratos correspondientes con UNOPS-, han detectado un cuello de botella que debe resolverse a la brevedad, pues impide que las empresas puedan entregar los medicamentos ya adjudicados en el proceso de compra a los operadores logísticos (distribuidores), designados por el INSABI, quienes son los encargados de entregar estos insumos en los hospitales y unidades médicas en todo el país”.

“Hasta el momento no se cuenta con una explicación formal, sin embargo y de acuerdo con la información que han recabado los asociados de AMIIF, el problema se debe a que la autoridad responsable no ha generado los contratos ni emitido los lineamientos formales para dichos operadores logísticos en materia de recepción, resguardo y destino final de los medicamentos”.

“Debido a esta incertidumbre, varias de las empresas que representa AMIIF no han podido avanzar en las entregas de insumos a los operadores logísticos asignados”.

Un estudio de Impunidad Cero detecta los yerros de AMLO para resolver el desabasto de medicamentos:

El veto a las grandes farmacéuticas.

La decisión de que la única vía en el país para la compra sea la Oficialía Mayor de la SHCP que carece de especialistas en salud.

La exclusión de las instituciones públicas de salud y los gobiernos estatales para centralizar funciones prioritarias y el presupuesto en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

La inclusión de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en la compra de medicamentos para el periodo 2021-2024 que implica un gasto de 6 mil 800 millones de dólares, de los que la ONU cobrará 1.25%.

El intento de que la paraestatal Birmex se convierta en la gran distribuidora de medicamentos en el país, sin que tenga capacidad humana y material para lograrlo.

Cabe señalar que tras los tropiezos de la SHCP para la compra de medicamentos en 2020, en agosto de ese mismo año se anunció la incorporación de la ONU para garantizar el abasto en este 2021, pero no resultó pues vamos en marzo y en el caso de Puebla no ha llegado un solo medicamento.

De hecho, en los sitios web del Insabi y de la UNOPS se da cuenta que siguen en curso algunas licitaciones que iniciaron a finales de 2020, es decir, van con retraso.

La atropellada estrategia de López Obrador para erradicar la corrupción en el sector salud no ha dado por resultado la entrega oportuna de medicamentos. Si se pudiera presumir de un Estado democrático y sin corrupción, el costo no puede ser la muerte de mexicanos por falta de medicinas.

Lesly Mellado May

Se ha cumplido un año del asesinato de Ingrid Escamilla a manos de su pareja sentimental. La vida de la joven poblana oriunda de Necaxa tuvo un trágico final también en las redes sociales.

Las fotografías de su cuerpo violentado fueron publicadas por medios de comunicación e inundaron las redes sociales. Las mujeres en las redes decidieron revertir la tendencia, “enseñarle al algoritmo” que Ingrid no era sólo un cadáver. A los pocos días del feminicidio de manera masiva se colocaron fotografías de instantes felices de Ingrid e imágenes bellas para que al buscar su nombre no aparecieran las del cuerpo.

Las etiquetas funcionaron en redes sociales. A un año del acontecimiento son más las fotografías hermosas que arroja el buscador de internet, pero aún quedan algunos vestigios de las no gratas.

El movimiento en redes resultó exitoso de tal manera que en varios estados ya se penaliza a los servidores públicos que filtren imágenes de feminicidios.

Pero el “contra relato” no fue del todo efectivo. Han pasado 12 meses y el rastro de la “pedagogía de la crueldad” está latente.

Al introducir en Google el nombre de Ingrid Escamilla, de manera automática arroja estos complementos: fotos, cuerpo, cuerpo fotos, fotos gore, fotos del cuerpo desollado, cuerpo desollado, desollada y fotos crimen.

Cuando se da click en buscador de imágenes se despliegan en su mayoría de ella, del movimiento de condena, de las protestas contra la prensa que publicó las fotografías y del feminicida al momento de su captura bañado en sangre.

Este Día Internacional de la Mujer es necesario reflexionar y valorar el poder de modificar la forma en que las redes sociales festinan con la violencia de género.

Lesly Mellado May

Tras la decisión del TEPJF de que los alcaldes, regidores y diputados que buscan la reelección pueden permanecer en sus cargos mientras realizan campañas, el Instituto Electoral del Estado tuvo que remendar el reglamento en la materia para dar, al menos, apariencia de equidad.

Al Reglamento de Reelección se le adicionó el capítulo IX referente a “medidas de neutralidad” que tienen como objetivo “garantizar igualdad” entre todos los contendientes.

El acuerdo CG/AC-019/2021 aprobado el 20 de febrero tiene como primer ordenamiento para los servidores que buscan reelección: no hacer uso indebido de recursos públicos y no realizar proselitismo en horario laboral.

El IEE además pedirá a los candidatos a reelección un informe escrito que incluya: los días y horas de trabajo considerados como hábiles; lista con datos generales del “personal de apoyo” que tienen en los ayuntamientos y el Congreso; y calendario de actividades campaña.

Con esta información el organismo electoral pretende verificar que se cumplen “medidas de neutralidad”.

El IEE prohíbe a los candidatos a reelección entregar bienes y servicios en fechas distintas a las aprobadas en las reglas de operación de los programas, así como, hacer entrega de los beneficios de programas en eventos masivos.

Los alcaldes y diputados que buscan reelección no podrán difundir informes anuales de labores, de gestión o cualquier otro similar en el periodo de campaña.

Otros ordenamientos son similares a los que debe cumplir cualquier candidato: no realizar campañas de promoción personalizadas en medios de comunicación con cargo al erario; no emplear medios de comunicación, sitios de internet ni redes sociales oficiales para promocionarse; no usar personal ni parque vehicular oficial para actos de campaña; y no promover por cualquier medio audiovisual, impreso, escrito, digital u otro, su reelección en edificios municipales o del Congreso.

A primera vista parece que estas reglas no serán suficientes para frenar la tentación de continuar con la tradición mexicana de usar el aparato oficial para las campañas, sólo que ahora nos tocará verlo no únicamente en los máximos exponentes de la práctica, el PRIAN, también en los impolutos morenistas.

Los aspirantes a reelección sí pueden entregar obras y subsidios en su cargo público, aunque no en “eventos masivos”, pero como no hay una regla no sabemos exactamente a partir de cuántos asistentes se considera “masivo”.

Habrá prácticamente una línea invisible entre la agenda de alcalde o diputado y la de candidato porque ellos fijarán tiempos y actividades, y además pueden argüir que también hay una agenda privada en la que pueden reunirse con cualquier persona y grupo sin tener obligación de declarar si hablaron de votos, botas o devotas.

Al parecer las medidas de neutralidad adoptadas por el IEE serán fácil de neutralizar.