Lesly Mellado May

Comprar un celular “chafa” con el objetivo de entregarlo a un ladrón y salvar así el modelo “chido”, ya es una práctica común entre los usuarios del transporte público. Los de “ya se la saben” no quieren dinero, exigen celulares y computadoras. En el último año, los cibernautas han visto decenas de videos de asaltos en combis, camiones y micros, especialmente en el Estado de México, pero Puebla está en la antesala.

En el último reporte del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Puebla ocupó el cuarto lugar nacional en robo en transporte público durante 2021.

Para enero de 2022, se reportaron 42 carpetas de investigación por este delito en el estado, 24 fueron en el municipio de Puebla.

En el análisis que incluye cifras de 2015 a la fecha, se puede ve que el número más alto de robos en transporte público se dio en junio de 2017 con 74 casos.

En 2019, se abrieron 394 carpetas de investigación por ese delito, mientras que con la reducción de la movilidad por la pandemia los casos bajaron a 206 en 2020, pero en 2021 repuntó a 431.

El pasado mes de enero, el mayor número de atracos, 57% fueron en Puebla Capital; mientras que el resto se concentraron en Cuautlancingo, San Pedro Cholula, Amozoc, San Andrés Cholula, Huejotzingo y Coronango.

Si bien, el ayuntamiento de Puebla anunció que policías encubiertos cuidarán a los usuarios de transporte público, es necesario un plan para toda la zona metropolitana. Tras el fallido sistema de seguridad atribuido a Guillermo Aréchiga, ex secretario de Movilidad y Transporte, es prioritario retomar el programa. No es raro que los poblanos pasen de espectadores a víctimas de delitos, así que el tiempo apremia, nadie quiere escuchar “ya se la saben”.

Lesly Mellado May

Por segunda vez, Eduardo Rivera Pérez es presidente municipal de Puebla. Su lema publicitario fue “Corregir el rumbo”.

Y surge la pregunta cómo corregirá el rumbo si su Plan Municipal de Desarrollo (PMD) al igual que el de su antecesora la morenista Claudia Rivera, es un texto de 200 páginas dedicado en 90% al diagnóstico y con apenas un puñado de propósitos resumidos en cinco hojas.

Destaca que el documento no detalla la obra pública y en materia de seguridad la meta es mejorar la percepción ciudadana que mide el INEGI. Esto, en temas que son prioritarios para los ciudadanos.

El PMD de Eduardo no dista mucho del elaborado por Claudia y llama la atención porque representan a partidos opuestos; sin embargo, dejan claro que no se toman en serio la administración de la ciudad porque su interés es la política. Ambos planes hablan de acciones y servicios de forma general, sin especificar a qué se refieren.

Por citar un ejemplo, el actual PMD reza: “generar 115 acciones de conservación y preservación en inmuebles dentro de los polígonos de actuación del Centro Histórico”; podría ser que van a restaurar, a inventariar, a expropiar… podría ser cualquier cosa o nada.

Otra meta es: “atender el 100% de las colonias prioritarias con alta incidencia delictiva a partir de acciones de bienestar y participación ciudadana”; pero no se especifica qué tipo de “atención” darán.

El PMD fue presentado oficialmente la semana pasada y aquí las metas cuantitativas de Rivera Pérez:

Incrementar en 4% la percepción de seguridad ciudadana en la población, de acuerdo con los resultados de la ENSU y la ENVIPE del INEGI respecto al 2020.

Reducir en 2% el número de comerciantes informales en las 17 juntas auxiliares del municipio.

Brindar 350 mil servicios de asistencia social a la población en condiciones de vulnerabilidad.

Integrar 120 espacios públicos a la red de infraestructura verde municipal.

Incrementar en 15% el número de unidades económicas respecto al periodo 2018-2021

Atender el 100% de las colonias prioritarias con alta incidencia delictiva a partir de acciones de bienestar y participación ciudadana.

Aumentar en 55% los puntos del programa de activación física a cargo del Instituto Municipal del Deporte

Capacitar a 100 mil mujeres del Municipio de Puebla para potenciar su autonomía física, socioeconómica, bienestar y toma de decisiones para su empoderamiento y eliminar la discriminación por razones de género.

Incrementar en 25% el número de asistentes y/o beneficiarios en eventos culturales emprendidos por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla respecto al 2020.

Rediseñar y digitalizar 150 trámites identificados como prioritarios en materia de desarrollo urbano.

Garantizar que el 100% de los sacrificios cumplan con la norma TTS.

Generar 115 acciones de conservación y preservación en inmuebles dentro de los polígonos de actuación del Centro Histórico.

Incrementar en al menos 2% el patrimonio inmobiliario del municipio respecto al año 2020

Contar con un Programa Integral denominado “Ponle 0 a la Corrupción”

Consolidar en un grado satisfactorio en más del 90 % la eficacia del Sistema Municipal de Planeación Democrática a través de los mecanismos de acción del IMPLAN.

Incrementar en 30% las acciones de difusión de los programas y servicios que ofrece el municipio respecto al año 2021.

Lesly Mellado May

Mónica Díaz de Rivera, hoy secretaria de Igualdad Sustantiva, lleva 37 años en el activismo feminista y puede dar cuenta exacta del proceso de institucionalización de la equidad de género.

Este martes compareció ante la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado como parte de la Glosa del informe del Ejecutivo estatal; más allá de las cifras y actividades generadas por su dependencia destaco dos de las ideas que ahí planteó: Las mujeres no nacimos con el derecho a ir a la universidad, al voto, a ser diputadas; y aunque ahora lo tenemos, la autonomía está lejos de llegar.

La primera vez que hablé con Díaz de Rivera, hace más de 20 años, fue por una entrevista sobre su trabajo en la biblioteca José María Lafragua de la BUAP. Terminó contándome de la lucha feminista y que entonces ni siquiera se reconocía el valor de la maternidad. En las boletas escolares de esa época se pedía la firma del padre o tutor. La manera de protestar era tachar donde decía padre, poner firma de la MADRE y rubricar para dejar constancia que la mujer estaba al igual que el hombre en capacidad de ser “cabeza” de familia.

Dos décadas después, los niños pueden llevar primero el apellido de la madre y en segundo término el del padre, en las boletas escolares oficiales ya dice nombre de la madre, y los niños de primaria abren los ojos, sorprendidos, cuando escuchan que hubo un tiempo en que las niñas no iban a la escuela porque era un derecho exclusivo de los hombres.

Hace dos décadas los medios de comunicación hacíamos encabezados en términos de “matóla y violóla”, hoy aprendimos a escribir feminicidios. Las casas de cultura desterraron las clases de macramé y ahora desde el gobierno se promueven cursos de actividades no tradicionales para mujeres como vidriería, pintura, impermeabilización, bioseguridad…

Tareas pendientes quedan muchas. Antes el argumento para mantenerse al margen de lo que llamaban violencia “doméstica” era que las mujeres no denunciaban, hoy se denomina violencia de género y ya se denuncia pero la estructura judicial no es efectiva en la investigación y el castigo.

Celebramos que el aparato gubernamental cuente con oficinas especializadas en abatir la brecha de género, pero existe el riesgo de que sirvan para legalizar prácticas que abonan a la dependencia de las mujeres.

La clave está en la autonomía. De nada sirve que, por ejemplo, las mujeres representen más del 50% de la matrícula universitaria si permanecen atadas a prejuicios sociales sobre la feminidad y la familia. La cuota de género para cargos públicos tampoco funciona si llegan mujeres por ser hijas, hermanas, esposas o comadres de los “hombres del poder”.

El ideal es que las mujeres puedan decidir con autonomía cómo vivir sin ataduras educativas, económicas, sociales, familiares, amorosas, reproductivas; pero la libertad asusta, al parecer más a ellas que a los hombres.