La ola de linchamientos en varios municipios del estado de Puebla es un tema de altísima gravedad, que ya tiene años ocurriendo, aunque recientemente se ha incrementado. Hay muchos culpables y se trata de un terrible fenómeno multifactorial pero, sobre todo, sistémico, que seguirá como un potencial problema social y de seguridad, mientras no se solucionen de fondo las contradicciones y grietas de nuestro andamiaje jurídico.
Cada semana nos enteramos de presuntos delincuentes calcinados, presidencias municipales quemadas, cuerpos policiacos rebasados por turbas furiosas, mientras en el Congreso de la Unión la Ley de Seguridad Interior, que regulará la actuación de las fuerzas Armadas y locales en tareas de seguridad pública, tiene más de un año en la congeladora legislativa de San Lázaro.
A la par, el Nuevo Sistema Penal Acusatorio genera impunidad, luego de la generosa ampliación del catálogo de delitos no graves, con 25 adicionales, con lo que los criminales salen de inmediato de prisión, pagando una caución.
Entre ellos están, y vaya que tienen que ver con el contexto de los linchamientos, el homicidio culposo, las lesiones, el daño a la propiedad, el robo sin agravante, el allanamiento de morada, el acoso sexual y el abuso sexual, entre otros.
Ese México bronco no está despertando ahora por demandas políticas, sino por fallas en la administración de justicia, por la impunidad, y por la percepción colectiva de inseguridad y vulnerabilidad; en resumen: una contundente descomposición social.
El pasado martes en Libres, la masa irracional quemó vivo a un hombre que presuntamente había asaltado una ferretería y, antes, prendió fuego a la comisaría, en el Palacio Municipal, porque los policías se negaron a entregarlo.
Hace 12 días, lo mismo ocurrió en Santo Tomás Hueyotlipan; a principios de agosto y luego en los albores de septiembre en Los Reyes de Juárez.
Con otro modus operandi, el 27 de agosto, fueron linchadas cuatro personas en San José Tlacuitlapan, en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, por intentar el robo de una camioneta.
En Nicolás Bravo, en julio, ejecutaron de un tiro en la cabeza a un ladrón sorprendido en flagrancia.
La lista es larga hasta sumar, en lo que va de 2017, un saldo de 19 muertes por linchamientos, en 28 eventos en 18 municipios.
En 2016 se registraron 45 linchamientos, con una cifra de al menos siete muertos, de acuerdo con recuentos hemerográficos.
En 2015, las cifras oficiales reportaron 23 intentos o consumaciones de linchamientos en la entidad, los que dejaron un saldo de seis muertos y 37 personas rescatadas.
Un caso especialmente dramático ocurrió el 19 octubre de 2015 en Ajalpan, en donde dos encuestadores de una empresa de la Ciudad de Mèxico fueron quemados vivos por una turba, tras el rumor de que se trataba de secuestradores.
Aquí la impunidad vino en sentido contrario, pues los 12 detenidos por esos asesinatos, solamente fueron juzgados por motín, ya que no se pudieron deslindar responsabilidades personalizadas por homicidio.
La irracionalidad asesina y la impunidad del masivo anonimato, en perversa combinación.
Lo que ocurre en Puebla no es la fuenteovejuna que clama justicia contra el tirano.
Se trata de la marabunta rabiosa que no escucha, que está presuntamente harta de la inseguridad, aunque en algunos casos las motivaciones son otras y aviesas, incluso políticas y con afán de desestabilizar.
Pero el común denominador es la impunidad.
Nada ha pasado a los anteriores linchadores, “¿qué puede pasar ahora?”
“¿Acaso nos meterán a todos a la cárcel?”, es la frase que azuza y que se lanza en busca del anonimato y la exculpación.
Los factores se integran con un genuino hartazgo por la inseguridad, pero también se desvela subyacente la incapacidad política de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la insuficiencia en las fuerzas municipales, estatal y federales.
Mientras los linchamientos siguen en Puebla y en otros estados, está aún pendiente la Ley de Seguridad Interior, que regulará las acciones de las Fuerzas Armadas y establecerá el mando único.
Este último tema es el que tiene entrampado a los grupos parlamentarios desde hace más de un año y ante la proximidad de las elecciones, no se ve que pueda salir un acuerdo entre los partidos.
Tenemos el diagnóstico claro, certero, pero no se camina hacia las soluciones.
Muy grave es que el estado de naturaleza, el “ojo por ojo, diente por diente”, esté superando al Estado.
La advertencia está ahí, lamentablemente teñida de sangre y en cenizas.