Independientemente del resultado en las urnas del próximo 1 de julio en el caso de la gubernatura, como se perfilan las cosas y con la irrupción de MORENA como opción fuerte, es previsible que la configuración de la próxima LX Legislatura del Congreso local se dé sin una mayoría simple -la mitad más uno de los 41 legisladores- uniforme afín al mandatario o mandataria y sí, en cambio, una correlación, casi equilibrio, de fuerzas entre los grupos legislativos.
Esto obligará a quien esté en Casa Puebla a la negociación y al cabildeo propio y con su bancada para sacar adelante reformas y decisiones.
Un escenario así nunca se vio en la etapa del priato ni con la llegada del morenovallismo en 2011. Esa será una novedad que se ve casi inexorable en la próxima realidad de las fuerzas políticas en el estado.
Si se atienden las mediciones demoscópicas, el ganador o ganadora de la contienda por la gubernatura quedará cercano en votos al segundo lugar, lo que impactará en la votación general y en la obtención de curules plurinominales para la opción derrotada.
En esa hipótesis, el tercer lugar estará en la línea de entre 15 a 18 por ciento de la representación, que también se reflejará en el Congreso.
De ese modo, se estaría generando la imposibilidad para que se conforme una mayoría simple natural, como las que se han tenido hasta ahora a favor del ganador de Casa Puebla.
En el pasado, el gobernador en turno siempre tuvo, a través de los diputados de su partido y sus aliados, el control sin cortapisas del Poder Legislativo del estado.
La queja de tirios y troyanos, dependiendo del lado del cristal en que les tocaba estar, era que el mandatario se erigía como “el Gran Legislador”.
Para ser precisos, efectivamente poco o nada tenían que hacer su o sus bancadas para cabildear cambios a leyes y aterrizar instrucciones que llegaban desde el Poder Ejecutivo.
En todos estos años, por ejemplo, nunca se ha visto el jaloneo que sí se vive en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la hora de asignar el Presupuesto de Egresos de la Federación, a finales de cada año.
En Puebla, la Ley de Egresos ha pasado siempre, tal cual, sin el cambio siquiera de una coma.
Así lo hicieron en todos los casos los priístas y le tocó, principalmente en la actual legislatura, ejercerlo al ex gobernador Rafael Moreno Valle y al mandatario Tony Gali, pues hay que recordar que los actuales diputados ocupan su curul desde 2014 y terminan en septiembre próximo.
Actualmente, la aplanadora morenovallista es indiscutible en el vetusto edificio de la 5 Poniente: las bancadas morenogalistas suman 28 curules.
Esto les ha permitido definir, sin necesidad de convencer o negociar con sus colegas, cualquier tema.
En la pasada legislatura, la LVII, con la elección de 2010 que consiguió la alternancia en Puebla y el empoderamiento del morenovallismo, el PAN tuvo 13 diputados (10 de mayoría relativa y 3 de representación proporcional), que se sumaron a 8 de los partidos que compitieron con el panismo en la alianza Compromiso por Puebla (6 del Panal y 2 del PRD), lo que dio al grupo en el poder la mayoría simple con 21 curules.
Eso, más la suma de facto de varios de los 15 legisladores del PRI (11 de mayoría y 4 plurinominales), le dio la fuerza suficiente al ex gobernador Moreno Valle para la aprobación de reformas a leyes secundarias e incluso constitucionales.
Una de las más importantes, para hacer memoria, la que permitió que las elecciones federales se empataran con las locales, la creación de la llamada minigubernatura y la redistritación que generó una reconfiguración de las fuerzas de poder en la entidad, entre otras.
Las cosas cambiarán a partir de septiembre próximo con la llegada de la LX Legislatura.
Mucho cuidado deberán tener los partidos para seleccionar a sus coordinadores legislativos, pues se requerirá de personajes con talento y experiencia.
El cabildeo llegará, como novedad e indiscutible necesidad, al Congreso del estado.
Son los nuevos tiempos y la todavía resonante frecuencia de la transición.