¿Y SI TAMBIÉN SE ELIMINAN LOS BENEFICIOS A LOS EX GOBERNADORES?

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Mientras en la contienda por Los Pinos ha resultado muy redituable para Andrés Manuel López Obrador, además de que ha marcado la agenda mediática, la reiteración de su propuesta de quitarle las pensiones vitalicias a los ex presidentes, todavía no vemos en Puebla -aunque es previsible que ocurra en breve- una oferta de campaña que toque el beneficio de escoltas que tienen los ex mandatarios y que se aprobó por el Congreso local a finales de 2012.

Estos temas, además de generar una interesante polémica, están al alcance de la sensibilidad de los ciudadanos que se sienten lastimados por esos gastos que considera innecesarios y onerosos.

Ahora falta ver, ¿quién de los candidatos y candidata le pone el cascabel al gato?, pues en su aspiración de llegar a Casa Puebla estaría perjudicándose para el futuro.

Mucha tinta y tiempo de los medios de comunicación ha corrido sobre el debate de las pensiones a los ex mandatarios de la República, que puso nuevamente sobre la mesa el tabasqueño y que le ha ganado muchas simpatías.

Por éstas se erogan 7 millones 380 mil pesos anuales -no cinco como dice AMLO-, sin contar los beneficios de seguros de gastos médicos y de vida, su seguridad personal y la disposición de personal administrativo.

Cada uno de los ex mandatarios del país, sin contar a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), quienes renunciaron a ese beneficio, reciben mensualmente 205 mil 122 pesos.

Quienes sí cuentan con esa ministración son los otros tres vivos: Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

En el estado de Puebla, los ex gobernadores no reciben pensión, pero sí desde 2012 tienen el beneficio de pago de escoltas hasta por 12 años, el que puede prolongarse de por vida.

El anterior titular del Ejecutivo, como estableció la reforma a la Ley de Seguridad Pública publicada el 14 de septiembre de 2012, es el primero con ese beneficio.

La reforma que adicionó un Título Décimo a esa norma fue propuesta, en la LVIII Legislatura, por el entonces diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Héctor Alonso Granados, quien -ironías de la vida- hoy es candidato a diputado local por la alianza que encabeza el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Juntos Haremos Historia.

Este beneficio, por los 12 años que, en principio establece la ley, cuesta 24 millones de pesos en total. Dos millones de pesos al año.

La seguridad del ex mandatario queda a cargo de ocho escoltas de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes cobran un sueldo aproximado de 10 mil pesos mensuales (o eso cobraban cuando fue aprobada la enmienda).

Los gastos de su transportación y logística son aparte.

¿Alguno de los candidatos poblanos dice yo a la propuesta de desaparecer la seguridad a ex gobernadores?

¿Es conveniente o por su alta responsabilidad, sí merecen ser cuidados a cuenta del erario?

Es, sin duda, un dilema interesante.

En el caso de las pensiones a los ex presidentes, las visiones son diversas.

El candidato de Todos por México (PRI-PVEM-Panal), José Antonio Meade Kuribreña, declaró el pasado domingo que, de llegar a Los Pinos, mantendría ese gasto, porque “es un pago justo” por los servicios que dieron al país, con lo que seguramente no coinciden muchos mexicanos.

El abanderado de Por México al Frente (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya Cortés, se dijo “sorprendido” por el gasto que las pensiones representan y prometió que su equipo recabaría más información, antes de fijar una posición.

De López Obrador ya sabemos: tajantemente no al pago de esas pensiones que, ha dicho, “no tiene ni (Barack) Obama”.

El tema es controvertido, pero de impacto popular.

A nivel nacional las pensiones, en el estado los escoltas.

¿A ver quién dice en Puebla esta boca es mía?

gar_pro@hotmail.com

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