Las finanzas de Puebla están en vilo. Al borde de los plazos, aún no hay certeza sobre el recorte de la federación, que dejaría un boquete en el presupuesto de la entidad de al menos 13 mil millones de pesos, y que afectaría programas y acciones a favor de los poblanos. La mezquina negativa de diputados locales y federales lopezobradoristas de apoyar al Ejecutivo estatal para pugnar por recursos, ha alcanzado un punto de alarma. Mientras la mayoría de MORENA-PT y PES vive rencorosa y enfrascada en el conflicto postelectoral y se niega a trabajar con el gobernador Tony Gali, el reloj avanza y el margen de maniobra se desvanece.
Ante la emergencia, el Ejecutivo envío este miércoles al Congreso local una iniciativa de reforma constitucional para alargar la entrega del Proyecto de Ley de Egresos del estado, del 15 de diciembre al 18 del mismo mes, sólo tres días.
La muy justificada intención es conocer primero el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación(PEF), que Andrés Manuel López Obrador deberá presentar ante el Congreso de la Unión en el Paquete Económico 2019, a más tardar el próximo 15 de diciembre, por tratarse de un año de relevo en el Ejecutivo federal.
Sin que al momento la mayoría lopezobradorista haya fijado posición al respecto, es una obviedad que negar la aprobación de esa propuesta evidenciaría todavía más el egoísmo de los legisladores que comandan los radicales José Juan Espinosa y Gabriel Biestro.
Para ellos, la prioridad es la impugnación a la elección de gobernador que deberá resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), antes del 14 de diciembre.
Si el TEPJF llega al límite del tiempo, ya será demasiado tarde para construir un presupuesto suficiente para Puebla.
Uno que no decrezca en el promedio de 85 mil millones de pesos que se había anunciado.
Pero sus intereses partidistas, su rencor e inmadurez están por encima de todo.
En su actitud está también la voz y línea del candidato derrotado, Luis Miguel Barbosa Huerta, que también influye sobre la mayoría de los diputados federales de los partidos que conformaron la alianza Juntos Haremos Historia.
En el edificio del Centro Histórico de Puebla y en el Palacio Legislativo de San Lázaro incumplen así los lopezobradoristas con el mandato de las urnas, de representar a los ciudadanos del estado, por encima de sus agendas políticas.
Pero a ellos, los lopezobradoristas del Congreso local, nadie los está amenazando con llamarlos a cuentas, con llevarlos al banquillo o desaparecerlos como poder.
Es más, la presidenta del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Yeidckol Polevnsky, ha avalado esa insensata línea y el gobernador Gali lo ha denunciado ya con todas sus letras.
“Lamentablemente, la dirigente del partido (MORENA) se expresó diciéndole (a los diputados) para que no se acerquen con el gobierno del estado.
“Aquí veo un acto no responsable porque el encargado de conducir un estado es un servidor junto con mi equipo de trabajo.
“Yo creo que cerrar la puerta del diálogo es cerrar la puerta a la sociedad que les dio su voto”, dijo el gobernador poblano.
El diálogo y labor coordinada entre los legislativos local y federal con el Ejecutivo para la construcción del presupuesto y el cabildeo por la obtención de recursos adicionales y para que no disminuyan los ordinarios es indispensable.
No se trata de una reunión para la foto y no implica la claudicación de principios.
Es el cumplimiento de un trabajo para el que, federales y locales, fueron electos el pasado 1 de julio como diputados.
Y también es urgente, por la incertidumbre en la política económica nacional que propondrá el próximo Presidente.
Se advierte ya que habrá recortes.
Los ajusten vendrán por la “austeridad republicana” de López Obrador, la disminución de impuestos y el cese de apoyo en programas.
Todo repercutirá globalmente en las arcas de la federación.
Se espera que haya una disminución de ingresos federales por la reducción del Impuesto Al Valor Agregado (IVA) en 50 por ciento en las zonas fronterizas y otros gravámenes.
También eliminaciones en el Ramo 33, para estados y municipios, así como la eliminación de las aportaciones al Seguro Popular, entre otras.
La Secretaría de Finanzas del gobierno del estado ha hecho cuentas que no son halagüeñas: Puebla recibiría en 2019 alrededor de 13 mil millones de pesos menos.
Eso es equivalente a casi 10 veces más de lo que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) estatal está ejerciendo en este 2018.
O casi la tercera parte de los que se gasta en educación en la entidad, incluyendo la operación de la SEP y sueldos de docentes.
Es descomunal.
De concretarse esta previsión, la entidad además estaría recibiendo el presupuesto más bajo en término netos de la última década.
La consecuencia sería grave para operación y acción de la administración estatal.
No son tiempos de mezquindad.
Pero los lopezobradoristas lo desdeñan.
El mal no se lo hacen a Gali, al morenovallismo o a la gobernadora electa, Martha Erika Alonso Hidalgo.
El daño es para Puebla.