LOS MÁS DE 150 DÍAS EN QUE PUEBLA HA CONTENIDO LA RESPIRACIÓN

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Entre lo jurídico y lo político se mueve, en un oscilamiento dudoso, la resolución que emitirá esta semana el TEPJF sobre la elección a gobernador y cuyo proyecto ya conocen los siete magistrados de la Sala Superior. El recuento de los hechos y los días en que Puebla ha vivido en la zozobra, con la respiración contenida y un creciente ambiente de disputas políticas, enrarecimiento social e incertidumbre económica, parecieran indicar que será una definición que no solamente atenderá los méritos jurídicos, casi todos ya clarificados a favor de la gobernadora electa, Martha Érika Alonso, pues hay elementos extrajudiciales que tienen un grave peso. La duda: ¿cuáles importarán más?

Esta semana será la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF) para la decisión final del destino de estado.

Habrán pasado más de 150 días desde la jornada electoral del 1 de julio, en un tortuoso y apesadumbrado proceso.

Al final de las etapas de campaña, cita en las urnas, postelectoral e impugnaciones, los dos bandos aseguran que el proyecto viene a su favor.

La confianza sobre sus argumentos depende del cristal con que cada interlocutor los mira y los oídos con que escucha.

Lo cierto es que son más deseos que certezas.

En orden cronológico, vale la pena hacer un recuento y también una numeralia que proporcione herramientas para una opinión.

Durante la campaña, se presentaron quejas por violencia de género y propaganda negra contra Alonso Hidalgo.

Se iniciaron por ello 8 procedimientos especiales sancionadores ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), por contenidos en redes sociales, reparto de propaganda y manifestaciones de candidatos del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

En 3 de éstos, se concedieron medidas cautelares, para evitar que se siguiera realizando violencia de género.

También se iniciaron otros dos procedimientos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por la difusión de spots en radio y televisión.

La Sala Especializada del TEPJF concedió también la protección a Alonso y, en este caso, ordenó que fueran retirados esos spots, con una amonestación pública al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Vino el día de la votación.

El 1 de julio, MORENA denunció violencia generalizada en el estado.

Sin embargo, esos actos fueron focalizados en pocos lugares.

Sobre el tema, el Consejo Local del INE informó oficialmente que los hechos de violencia se detectaron apenas en 67 casillas, del total de 7 mil 548.

El porcentaje que representa es de 0.88 por ciento, cantidad que “no es significativa” para los resultados de la elección, concluyó el Instituto.

En los comicios poblanos, por ciento, se registró una participación histórica de 68.36 por ciento.

Llegó el momento, luego, de la etapa postelectoral.

En ésta, el caso más grave de violencia, pero generado por el lopezobradorismo poblano, lo configuraron los hechos en el Hotel M&M.

Con la versión de que ahí había un “laboratorio electoral”, candidatos y simpatizantes de MORENA vandalizaron, lo que era el centro de acopio de las actas de la coalición “Por Puebla al Frente”.

Así lo concluyó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Se presentaron varias denuncias por la violencia atribuible a MORENA y están todavía en proceso.

En esta etapa, sobre la fiscalización, los lopezobradoristas presentaron 5 quejas por un supuesto rebase de topes de campaña.

El INE resolvió, en su acuerdo INE/CG1166/2018, que no existió y así echó abajo una de las principales causales que presentaron MORENA y el ex candidato Luis Miguel Barbosa Huerta para la anulación.

Llegó el tiempo a las impugnaciones.

Se presentaron 3 recursos de inconformidad contra del cómputo final y 45 impugnaciones en contra de los cómputos distritales.

Todos sobre la elección a la gubernatura.

Además de un recuento parcial, que realizó el IEE con la presencia de representantes de todos los partidos y alianzas, luego el TEPJF efectuó uno de toda la elección.

Hubo un inédito voto por voto, casilla por casilla, que volvió a dar el triunfo, con más de tres puntos a Martha Érika Alonso.

En la revisión de los recursos, el argumento de la inequidad en medios de comunicación tampoco fue validada, al comprobar el INE que se respetaron las reglas.

Los supuestos actos anticipados de campaña también fueron desestimados por las autoridades.

La coalición Juntos Haremos Historia argumentó entonces que se rompió la cadena de custodia de los votos emitidos durante la jornada electoral y de esta hipótesis hizo su más fuerte bandera de impugnación.

Recientemente, las dos partes, en distintos momentos, han acudido ante el TEPJF a audiencia de alegatos.

Primero fue Martha Érika Alonso, el 12 de noviembre, y luego Barbosa, el 21 del mismo mes, día en que también la panista regresó en su derecho, pues en la primera cita no se reunió con todos los magistrados.

En paralelo a todo lo estrictamente jurídico, por supuesto han estado las declaraciones.

El casi presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador, las ha emitido en apoyo al ex senador ex perredista, al reconocerlo como “gobernador electo”.

Ha tenido el rechazo de la oposición que ha señalado sus dichos como “imprudentes”.

Del lado del PAN y sus aliados, la versión oficial es que “estamos tranquilos” y “respetaremos la resolución”.

Luis Miguel Barbosa apenas el sábado pasado sugirió la posibilidad de que los magistrados se corrompan, aunque también utilizó la palabra “tranquilos”, para describir el estado de ánimo de él y su equipo.

Y tranquilo es lo que menos ha estado Puebla, ni en lo político, ni en lo social ni en lo económico.

El hálito contenido se vive en la cotidianidad.

Sin embargo, ha llegado la semana definitiva.

Los poblanos han -hemos- contenido la respiración ya durante bastantes días a la espera del desenlace final: ratificación o anulación.

La moneda está en el aire.

gar_pro@hotmail.com

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