Blandiendo la demanda del incremento en el precio de pasaje del transporte público, que es atendido por las autoridades desde hace tiempo y en el que incluso hay acuerdos con organizaciones legítimas, un grupo reducido, pero bien organizado y con aviesos fines políticos, secuestró vialidades del oriente y centro de la capital poblana. Con unas 50 unidades, la líder Ariadna Galicia Cruz y su hermano Alfonso encabezaron el bloqueo y el caos. La mayor prueba de que su verdadera intención es la desestabilización está en que, a pesar de que funcionarios estatales y legisladores les ofrecieron soluciones, no cejaron en su empeño de desquiciar Puebla y afectar a miles y miles de trabajadores, amas de casa y estudiantes.
El daño que estos dirigentes de transportistas ocasionaron, desde la mañana hasta ya muy entrada la tarde, a los poblanos fue mayúsculo, pero hay que ponderar adecuadamente su influencia.
Quienes armaron el desquiciamiento vial fueron los hermanos Galicia Cruz con medio centenar de unidades de las rutas 1A, 1, M17, 68 azules, 67 y los morados JBS.
El parte oficial es que en total juntaron solamente 50 unidades y que no lograron paralizaron las rutas completas.
Sin embargo, improvisadamente intentaron sumar a otros inconformes para armar el paro.
Cuando vieron que nadie más se les unió, entonces optaron por vandalizar, asustando y amedrentando, a otros choferes, para que no circularan.
Poncharon llantas, golpearon carrocerías y agresivamente bajaron al pasaje, en la zona de Xonaca, muy cerca de Casa Aguayo, en donde más tarde fueron recibidos por funcionarios estatales, quienes escucharon la barbaridad, la irreal exigencia, de que se incremente a 15 pesos el servicio que hoy cuesta seis.
Una locura, pues el promedio de los poblanos dejaría la mayor parte de sus ingresos en el transporte, con esa tarifa.
Es impensable y fantasioso, pero además evidencia que, en el fondo, están camuflando sus verdaderas intenciones políticas con un tema de economía urbana.
Nadie, jamás, en ninguna ciudad del país, aprobaría un incremento así, superior a ciento por ciento.
El tema es político y obedece al clima de polarización en que se ha sumido el estado desde el pasado 1 de julio.
Es así de claro.
Se trata de un grupo reducido y de vividores del caos.
Los tiene bien identificados la Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transporte y así lo denunció el subsecretario del Transporte, Alberto Vivas Arroyo.
Las organizaciones que sí han estado legítimamente negociando el tema con las autoridades gubernamentales desconocieron a ese grupo.
Se trata de transportistas que dan el servicio en más de 80 rutas y representan a más de 6 mil operadores que sí se han sumado a un acuerdo con el gobierno.
Lo peor es que los autores intelectuales y materiales del caos generado este martes ya amenazaron con volver a intentar el desquiciamiento de la capital el próximo jueves, cuando el gobernador Tony Gali rinda su segundo y último informe de labores.
Sin embargo, ya lo advirtió el mismo gobierno: se actuará con todo el peso de ley.
Por violentar el transporte incluso pueden cancelárseles la concesión.
Y, por si hay dudas, categóricamente no habrá aumento de tarifa.
Así está de claro el tema.
Como diría el mismísimo Andrés Manuel López Obrador: Puebla no se dejará chantajear por nadie.