Con las cenizas del conflicto postelectoral aún humeantes y en medio de muy serias descalificaciones desde la Presidencia contra la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, el Gobierno Federal definió que para el Ejercicio Fiscal 2019, Puebla tendrá el presupuesto proporcionalmente más castigado de los últimos tres periodos gubernamentales, uno priísta y dos emanados de una alianza encabezada por el PAN: no hay obras nuevas, se da continuidad forzada a recursos multianuales etiquetados con antelación y se prevé un recorte global de más de 10 por ciento para las arcas estatales. Aunque la tijera lopezobradorista toca a más entidades, organismos y hasta universidades, es imposible sustraer el caso poblano de la sospecha de una revancha dictada desde Palacio Nacional.
En este contexto, el estado alcanzaría apenas una pálida bolsa de recursos de alrededor de 80 mil millones de pesos (mdp), muy por debajo de los más de 88 mil mdp que se ejercen este año.
El presupuesto del gobierno de Puebla, el primer año de la gobernadora panista, tiene un retroceso en términos reales de dos ejercicios, cuando para 2017 se avalaron poco más de 75 mil mdp.
El sábado pasado, exactamente una semana después de la ratificación del triunfo de Alonso en el TEPJF, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó al Congreso de la Unión su proyecto de Paquete Económico 2019.
En éste, con su Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) enmarcados en su aspiración de “austeridad republicana”.
Días antes, en reunión con diputados y senadores de sus bancadas mayoritarias, el tabasqueño advirtió que no le movieran ni una coma a su propuesta, que considera recortes en casi todos los rubros, para poder financiar una estrategia con base en programas asistencialistas, como becas y pensiones.
Para esos apoyos directos y en efectivo a adultos mayores, personas pobres con discapacidad y jóvenes estudiantes y otros sin trabajo, para capacitación, en 2019 se gastarán 168.6 mil mdp.
Asistencialismo puro.
En contraste, en el detalle para Puebla en el PEF no hay etiquetados recursos para nuevas obras y se propone un gasto inercial, de continuidad.
En el primer año de la administración que encabeza por primera vez una mujer, para la entidad se destinaron en el proyecto lopezobradorista, que se prevé que no tendrá cambios, una bolsa de 4.303 mil mdp para mantenimiento carretero y proyectos de Asociación Público-Privada, del sector energético y salud.
La partida más grande es para la sustitución del Hospital de San Alejandro del IMSS, que quedó inservible con los sismos de 2017, con un monto de 2. 986 mil mdp.
De no ser una obra tan urgente y necesaria, ni eso hubiera llegado al estado en el rubro de salud.
Bajo este esquema, Puebla tendrá el año con menor inversión directa en obras etiquetadas desde el Gobierno Federal de los últimos 15 años, en términos brutos.
Hasta en los tiempos en que el priísta Mario Marín era el gobernador y en la Presidencia de la República estaba el panista Felipe Calderón, hubo más recursos para obras y se etiquetaron muchas nuevas.
Y eso que ¡Calderón no quería al “góber precioso”!
Actualmente, para 2019, se estima un gasto apenas de continuidad en esta materia.
Por poner un ejemplo, están contemplados recursos para el Libramiento de la Carretera La Galarza-Amatitlanes, con 230.9 mdp, pero en realidad se trata de un presupuesto multianual que se etiquetó desde 2015.
Esa obra la dejó desde ese año aprobada, con partidas para los siguientes y un costo total de 991.2 mdp, el ex diputado federal priísta Jorge Estefan Chidiac, pues se ubica en el distrito que él representó, en la Mixteca.
Ahora las cosas son muy distintas.
La línea rígida que López Obrador bajó a sus legisladores, que como aplanadora obligarán a cumplir a los otros partidos, es que se acabaron las gestiones directas, pues en su visión esa es también la forma de terminar con los nefastos “moches”.
Sin embargo, con esa orden el Presidente de la República anula también una de las facultades y obligaciones, que junto con fiscalizar y legislar, tienen los diputados y diputadas federales: la gestión para sus estados, distritos y municipios.
Ahora están más que amarrados de manos en ese sentido, y muchas carreras van a quedar forzosamente truncas.
Aunque la Cámara de Diputados comparte el análisis y aprobación de la Ley de Ingresos con el Senado, en cambio tienen facultad exclusiva sobre el PEF, el que ahora no podrá tocar.
Al menos es lo que ha dicho AMLO, que quiere un ejercicio de los recursos absolutamente centralista. Como en los peores tiempos del todopoderoso PRI.
Existe la versión, argumentada por los defensores de este presupuesto lopezobradorista, de que las entidades van a recibir alrededor de 8 por ciento más que en este 2018.
Falso.
Esa aseveración se hace considerando, como referente, el monto de las participaciones ordinarias que fue presupuestado en el último proyecto de PEF, el de este 2018, que realizó el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, como entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacía estimaciones bajas a propósito, para que las movieran en San Lázaro, las entidades elevaban sus ingresos en las negociaciones finales.
Eso ya no está contemplado que ocurra.
El primer año de la primera gobernante mujer en Puebla habrá ajuste del cinturón.
El gobierno poblano deberá también que estar muy atento a que no vengan recortes posteriores.
Incluso empujar en la SHCP, para que haya partidas adicionales sobre la marcha.
Por lo pronto, la larga tijera lopezobradorista pareciera haber mandado un reproche especial a Puebla.
Hay una inevitable sospecha.
Pareciera una revancha política desde Palacio Nacional, por la derrota del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en la gubernatura.
Es inevitable pensarlo.
Como dice el clásico: en política no hay casualidades; en todo caso existen causalidades.
¿O me equivoco?