Con la anuencia de personajes que despachan en el añejo edificio de la Avenida Insurgentes Norte, en la Ciudad de México, un grupo de 25 ex presidentes municipales del PRI, quienes gobernaron entre 2014 y 2018, aquel periodo inédito y único al final del morenovallismo, han conformado un bloque de resistencia contra las “imposiciones” en su instituto. Quieren que se les “respete su derecho a opinar” sobre la designación del próximo dirigente estatal del tricolor. Se niegan a seguir consecuentando al “grupo de notables” de siempre, quienes ponen a sus hijos, ahijados y consortes en las candidaturas o que suponen que sólo por antigüedad merecen las candidaturas. Quieren ese tan prometido relevo generacional, en el peor momento histórico del priísmo en Puebla. Esa es la única vía -aseguran- para la supervivencia del otrora partido de Estado.
Este que se comienza a conocer como el Bloque de los 25 (B-25) está encabezado, entre otros, por los ex presidentes de Quecholac y aspirante a la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE), Néstor Camarillo; de Los Reyes de Juárez, Rafael Ramos; y de Coronango, Hermelinda Macoto.
También por los ex alcaldes de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán), Juan Navarro; de Atempan, Mario Herrera; y de Chignahuapan, Juan Enrique Rivera.
Hay más.
Por ahora son 25, pero esperan la suma de otros.
Son una especie de guerrilla interna.
Combativos y respondones.
Este grupo ya en el pasado reciente ha venido realizando acciones al margen o en contra de las determinaciones de la dirigencia estatal piísta, por considerar que son equivocadas.
En enero de 2019, se apuntaron la puntada de postular a Navarro como aspirante a gobernador interino, pasándose por el arco del triunfo al CDE.
Ellos tienen un diagnóstico muy crudo de la situación de su partido.
Brutal.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla tiene, si acaso, un capital de 300 mil votos.
Está profundamente desgastado y alejado de su militancia.
Se sigue premiando a los de siempre, una suerte de “consejo de notables” que, por antigüedad o por edad, siguen acaparando los espacios.
Tanto en la dirigencia, como en las boletas.
Como si el brillo del pasado garantizara el del presente.
Lo peor, cuando no son ellos, ponen a sus hijos, ahijados o consortes.
Y encima, siempre quieren ir por la vía plurinominal, negándose al trabajo en tierra.
Sin embargo, estos 25 ex alcaldes tampoco tienen toda la autoridad moral de su lado.
De los cabecillas, solamente el de Atempan, Mario Herrera, puede presumir que entregó el gobierno a otro priísta, en 2018.
Al resto se los derrotó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) o el Partido Acción Nacional (PAN).
Pero entusiasmo y argumentos tampoco les faltan para señalar los errores del PRI.
La rebelión que lidera este B-25 busca que a la brevedad, si se puede en marzo, se elija ya una dirigencia estatal.
En otras palabras: quieren que se vaya ya Lorenzo Rivera Sosa.
Aunque parece largo el camino hacia los procesos local y federal de 2021, hay que recordar que jurídicamente comienzan entre octubre y noviembre de este año.
En nueve meses más.
Hay un dato adicional para justificar esta prisa: el CDE priísta y su Consejo Político Estatal están agotados en su periodo estatutario.
Técnicamente, ya no existen.
Cualquier decisión que tomaran podría ser tumbada en los tribunales electorales, con mucha facilidad.
Ahora mismo, el también aspirante a la dirigencia, Juan Manuel Vega Rayet, tiene contra la pared a la dirigencia, por no convocar a esa renovación.
El ex diputado federal y ex delegado de Sedesol presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el que le ordenó a su partido resolver su queja por el atraso en el tema.
El PRI poblano es jurídicamente un cascarón.
(También lo es económicamente y en todo el país. Este miércoles, en sesión del Consejo Político Nacional se informó que el tricolor tendrá 42.2 por ciento menos dinero que en 2018, por lo que se apretará el cinturón y hasta realizará rifas, para conseguir recursos).
De ahí la urgencia.
Recién el pasado 10 de diciembre, Américo Zúñiga Martínez fue designado delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Puebla.
El veracruzano tiene la tarea de poner de acuerdo a los poblanos.
Qué complicado.
Casi imposible.
Y es que, aunque son ruinas…
Pelean a muerte por ellas.