El pasado viernes, por la tarde, el Instituto Electoral del Estado (IEE) entregó por fin al Congreso local su propuesta de reforma al Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla, de por sí una de las herramientas legales más arcaicas del país y con la cual, si no sufre modificaciones importantes, los poblanos volveremos a ir a las urnas, esta vez el próximo 4 de julio para elegir nuevo gobernador, nuevos 217 alcaldes y nuevos 26 diputados de mayoría.
El documento consta de 57 páginas y está dividido en dos apartados: “Propuestas discutidas y consensadas” y “Propuestas discutidas con diversas perspectivas”.
Los planteamientos -que no gustarán a muchos- son el resultado no de la labor de una Comisión Especial, sino de la discusión y análisis que se dio durante varios meses en diversas mesas de trabajo, en las que participaron -se supone- todos los integrantes del Consejo General del IEE.
Los puntos que el IEE pide tomar en cuenta al Legislativo no son poca cosa.
Y es que buscan, especialmente, resolver los problemas operativos o de interpretación que surgieron con motivo de la aplicación de las disposiciones del Código Electoral poblano en el proceso electoral de 2007 y el extraordinario de 2008, así como incorporar en la legislación electoral local las reformas aprobadas a la Constitución Política con fecha del 13 de noviembre de 2007.
Pero no sólo eso: algunas de ellas, en la práctica, van destinadas a acotar las facultades y/o atribuciones del consejero presidente del IEE.
Y es que plantea, por ejemplo:
1. Que se le otorguen facultades fiscalizadoras al director general, agregando a la fracción X del artículo 98, que lo autoriza a “Ejercer las partidas presupuestales asignadas por el Consejo General”, la frase: “Vigilando que se apeguen a los términos establecidos en los programas operativos, asegurando el cumplimiento de los objetivos, metas y actividades”.
2. Que el consejero presidente del Consejo General no sólo deba seguir rindiendo anualmente, a más tardar en el mes de abril, un informe sobre el ejercicio del presupuesto correspondiente al año anterior, sino que ahora incluya en dicho informe “las diferentes auditorías realizadas al periodo referido”.
3. Que el consejero presidente siga celebrando convenios con instituciones públicas y privadas, así como estableciendo vínculos con autoridades federales, estatales y municipales, pero que estos convenios y vínculos sean “previamente conocidos y aprobados por el Consejo General”.
4. Que el consejero presidente continúe planteando y ejecutando la política de comunicación social del IEE, pero que esta política sea “conocida y aprobada por el Consejo General, en su caso, previa a su implementación”.
5. Que el consejero presidente instaure como hasta hoy “los mecanismos para el contacto institucional del organismo con los medios de comunicación”, pero “informando previamente al Consejo de los términos de los convenios y contratos. El Consejo en su momento aprobará o rechazará los términos fijados”.
Es decir: un tema relevante que ha sido manejado discrecionalmente por el consejero presidente, Jorge Sánchez Morales, como es la contratación de espacios o firma de convenios con los medios de comunicación, ahora recaerá en el Consejo General del IEE.
Otras propuestas del IEE son de tipo técnico y operativo, pero igualmente importantes.
Entre ellas:
1. Que se amplíen los plazos para el registro de candidatos o fórmulas de candidatos, y se otorgue más tiempo a los propios partidos políticos para subsanar, en caso de que se requiera, las omisiones en cuanto a la documentación presentada. Hoy, la ley sólo otorga al IEE tres días para revisar 1,200 expedientes, lo cual ha dado pie a no pocas equivocaciones y garrafales yerros.
2. Que la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación se denomine sólo Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, con el fin de “ser congruentes” con las actividades de esta entidad, pues las prerrogativas de los partidos ya “contemplan el acceso a los medios de comunicación propiedad del Gobierno del Estado”.
3. Que se revisen las reglas que regulan el Servicio Electoral Profesional, para “dar coherencia a las mismas, pues es cierto que con la reforma de 2003, el Servicio Electoral Profesional pasó a ser una unidad dependiente del Consejo General”.
4. Que se cree la Dirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional, que difunda la metodología de planeación institucional en las direcciones del IEE, y que apoye al director general en la conducción de la operación técnica y administrativa.
5. Que se convierta a la Coordinación de Informática en una Dirección dependiente de la Dirección General, “a efecto de definir claramente al interior de Informática las responsabilidades administrativas y de operatividad técnica, toda vez que así lo exige el crecimiento actual y futuro del apoyo de la informática en las tareas electorales del IEE”.
6. Que se mantenga que “El director general durará en su encargo seis años, pudiendo ser ratificado”, pero que se especifique que “el Consejo General será el órgano facultado para realizar la ratificación en comento”.
7. Que se establezcan topes a los gastos de precampaña, pues hoy sólo se contempla lo correspondiente a los de campaña.
8. Que la Contraloría del IEE pueda participar en los actos de entrega-recepción de todos los funcionarios del instituto con motivo de su separación del cargo, dado que ahora sólo está facultada para intervenir en el caso de “mandos medios y superiores”.
9. Que el Consejo General expida -por fin- el “Reglamento del IEE en materia de transparencia y acceso a la información pública”, que deberá basarse “en los principios de máxima publicidad y responsabilidad en el manejo de la información pública por parte de los funcionarios y demás personal del instituto”.
10. Que “en caso de que en las elecciones un partido político o coalición no registre la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán durante la campaña, no le será entregada ministración de financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto”.
11. Que “a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que concluya el proceso interno de la selección de candidato, fórmula o planilla, los partidos políticos y/o coaliciones entregarán un informe, que deberá especificar los montos de los ingresos obtenidos, así como los gastos aplicados en cada una de las precampañas para gobernador, diputados por ambos principios y miembros de los ayuntamientos”.
12. Que se subsanen las lagunas existentes en cuanto a la interpretación de los artículos 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64 del Código Electoral de Puebla, y que se especifique que los “partidos políticos tienen derecho a formar coaliciones”.
13. Que se evite el desorden de 2007 y que se especifique que “el registro de candidatos ante el Consejo General es de forma supletoria, más no opcional”.
14. Que se homologue la denominación del Tribunal Electoral del Estado, pues al máximo órgano jurisdiccional en la materia se le llama de una forma en la Constitución de Puebla y de otra en el Código Electoral, creando confusión y hasta vacío legal.
Hay, por supuesto, varias omisiones de relevancia, o puntos en los que no hubo consenso.
Una en especial: la -necesaria, indispensable- redistritación.
Al respecto, el PAN ha referido la existencia de diversos criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relacionados con la actividad de redistritación, en los cuales dicha autoridad jurisdiccional ha decidido que el ideal en términos de representatividad es que “el tamaño de los distritos sea homogéneo, pues la presencia o carencia de tal cualidad tiene efectos político-electorales, porque altera la representatividad efectiva del voto individual”.
Sin embargo, a esta propuesta se oponen varios partidos, sobre todo el PRI, que resultaría el más perjudicado en términos reales.
En este punto, como en los anteriores, la última palabra la tiene el Congreso del estado.
En otras palabras: la pelota ya está en su cancha.
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